No es menor que un gobierno no cumpla lo prometido. Es una defraudación que se paga con el descrédito de la política. La gente deja de confiar en algo cuando se siente engañada. Algo de esto puede estar pasando con las obras de lo que se llama el Presupuesto Participativo de la ciudad de Rosario. Desde hace 14 años, cada noviembre, los vecinos vienen votando iniciativas que no siempre se concretaron, o se hicieron fuera del tiempo establecido. Paradójicamente, ahora se revitalizó el sistema, pero se le asigna menos porcentaje de lo que se acordó por ordenanza.
En 2017 serán unos 35 millones para cada uno de los seis distritos municipales los que se prometieron destinar para concretar las 56 propuestas elegidas por los vecinos. Un total de 207 millones, equivalente al 1,6% del presupuesto general de gastos. Ese dato ya es motivo de controversia. Los más críticos aseguran que es escaso y que bajó el porcentaje que se destinaba cuando se implementó (8%) y el de años anteriores. Desde el Ejecutivo municipal prefieren destacar el alto nivel de participación de los vecinos, que hace tres años se acerca a los cien mil votos. O comentar la intervención de unos 26 mil jóvenes de entre 13 y 18 años. Igual, queda la sensación de que la movilización que se produce todavía no es espontánea y requiere de un gran esfuerzo del municipio.
En lo que hay gran coincidencia es en rescatar este mecanismo de participación ciudadana del que Rosario es pionera y que actualmente se lleva adelante en unas mil ciudades del mundo, varias de ellas de Argentina. Pero no todas son rosas. En Porto Alegre, Brasil, donde se puso en práctica por primera vez en 1998, se dejó de aplicar cuando arreciaban las críticas porque había más de mil proyectos incumplidos.
Y ahí parece estar por estos días el nudo de la polémica. Al secretario general del municipio, Pablo Javkin, le atribuyen haber dado el volantazo en el momento justo para revitalizar los procedimientos. Por eso este año ya se introdujeron varios cambios: se habilitó un portal de datos abiertos para que se conozcan las obras propuestas y las ganadoras y donde —prometen— podrá seguirse cada etapa de la ejecución de lo que el vecino votó.
Ese es el centro de la mayoría de los cuestionamientos. Mientras Lorena Carbajal, subsecretaria general del municipio, asegura que el porcentaje de cumplimiento de los proyectos aprobados ronda el 80%, los concejales Diego Giuliano, Lorena Giménez y Jorge Boasso -por citar a tres de los que más estudiaron el tema- aseguran que no es tan así y que por lo menos hasta ahora no puede verificarse ese dato. Un ejemplo de esto puede ser el de Vanesa, la presidenta de la vecinal de Echesortu. Su proyecto de instalar wi-fi en los espacios abiertos de ese barrio hace dos años que gana cuando se votan las obras, pero todavía no se concretó. O la pista de skate del Scalabrini Ortiz, que se inauguró este año, pero había sido votada en 2008.
También se cuestiona que se hayan ido incorporando reclamos que el municipio tiene que hacer por su gestión normal.
Así, el 2017 podría ser un año de mayor exposición de este sistema, en el que el Ejecutivo tendrá que refutar a los concejales que sostienen que por ahora hay mucho más de marketing que de realidad.
