Opinión

Operativo Contrafuego, la información y la política

Cruzar información es la sencilla forma de enfocar las expresiones de enojo de la ministra Patricia Bullrich.

Viernes 24 de Mayo de 2019

Hay una forma sencilla de enfocar las expresiones de enojo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a raíz de la publicación del devenir del Operativo Contrafuego. Consiste en el ejercicio más básico del periodismo, que es cruzar la información.

Por un lado los audios disponibles en cualquier medio online del 2 de mayo, cuando llegó a Rosario a anunciar que las balaceras contra objetivos judiciales estaban esclarecidas, en los cuales se la escucha decir que tenían detenidas a 19 personas directamente vinculadas con esos hechos y las armas utilizadas en ellos.

Por otro, las pericias balísticas que confirman que ninguna de las 22 armas coinciden con las vainas de las balas disparadas en esos hechos. Y la revisión fiscal de las medidas cautelares que les otorgarán la libertad a las seis personas que estuvieron presas 20 días, ya que no hay ninguna prueba que los vincule a los hechos que la ministra dijo quedaban esclarecidos.

Tampoco hay constancia de que las escuchas telefónicas de las que habla la funcionaria hayan implicado a los detenidos. La razón es muy simple: si así fuera, esos contenidos habrían sido usados para acusarlos por la Fiscalía, que es la misma que ya tiene 12 personas presas y 14 de estos hechos en vías de aclararse, con evidencia ya expuesta en audiencia.

No es que no tenga valor que se incauten armas poderosas en Rosario, más allá de la deficiencia de un operativo donde, por ejemplo, no se ve nunca en los videos de la Policía Federal el momento del secuestro de esas piezas. Lo que se planteó es que ninguna de esas armas, como se dijo el primer día, tienen que ver con los atentados a objetivos judiciales.

Esto no es menor porque la palabra gubernamental tiene legitimidad y peso en la comprensión pública de los hechos. Es esperable que frente a episodios que deben probarse se use con cautela. La ministra tiene varios antecedentes en que dice cosas que la Justicia luego desmiente o explica de manera distinta a la que ella anuncia. Pasó en el caso del policía Chocobar en Buenos Aires. Pasó en el de Rafael Nahuel en Río Negro. Y pasa ahora en Rosario.

Este diario supo ayer en el Ministerio Público de la Acusación (MPA-Fiscalías) la novedad de que las armas secuestradas no tienen relación con las balaceras. Luego se decidió llamar al ministro Maximiliano Pullaro para conocer qué opinaba por otro asunto, confirmado dos días antes, que toca directamente a Bullrich: la pericia que notificó al juzgado federal de Dolores que era de la ministra la línea con la que Marcelo D’Alessio, procesado por extorsión y espionaje ilegal, se comunicaba para pasar información sobre Rosario.

Eso tenía sentido porque el gobierno provincial había denunciado públicamente hace dos meses, en dos esferas judiciales distintas, que quería saber quién estaba detrás de la confirmada presencia de D’Alessio en Rosario, reunido con actores juzgados por delitos muy graves. Que Bullrich y Pullaro arreglen sus acuerdos y diferencias. La novedad del caso surgió en el ámbito penal y no político.

También es reveladora la afirmación de la ministra de que la política mete la cola. La política diseña, perfila y ejecuta la seguridad pública. Es el campo propicio de confrontación, de coincidencia y de disenso. No una cosa externa a ella. Lo esperable no es enojarse sino responder preguntas pertinentes. La funcionaria lo hace y es valorable. Fija su posición pero la discusión sobre su celular, es normal, no termina con ello, sigue en la investigación de Alejo Ramos Padilla, un juez confirmado por sus instancias superiores. Acaso lo que ella sostiene se verifique, lo que no implica que hablar hoy del asunto no tenga asidero.

La información es el lugar donde el periodismo se hace fuerte. Los seis detenidos por las armas secuestradas en la Operación Contrafuego recibirán la orden de libertad a partir de hoy. Lo que los mantuvo presos 20 días es el posible lazo con las balaceras que, para los fiscales, no existe. El debate sobre este desenlace no puede comprometer la cooperación en los distintos niveles de seguridad, que es exigible. No importa cómo se lleven los gobiernos. En Santa Fe viven tres millones de argentinos que se lo merecen.

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