Cada vez más familias se endeudan para llegar a fin de mes. No son casos aislados. Según el Banco Central (BCRA), la proporción de créditos a familias que no se pagan a término pasó del 5,2 % al 12,8 % en apenas un año. Es decir, más que se duplicó. Una señal clara de las dificultades que atraviesan miles de hogares argentinos.

Pero el problema no termina ahí. Cuando una persona se atrasa, muchas veces empieza otra pesadilla: llamadas a cualquier hora, mensajes constantes, números ocultos y amenazas de embargos que ningún juez ordenó. Algunas agencias llegan incluso a contactar a familiares, vecinos o compañeros de trabajo para exponer la situación y presionar.

Quiero detenerme especialmente en estas prácticas porque a menudo se las acepta como si fueran una consecuencia inevitable. No lo son. Tener una deuda no habilita a nadie a perseguir, avergonzar ni asustar.

Una deuda legítima puede reclamarse y el acreedor tiene derecho a cobrarla. Pero no todo vale. El miedo y la vergüenza no son un método de cobranza.

En Rosario lo vemos todos los días en la Oficina de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios del Concejo Municipal. En lo que va de 2026 lleva atendidos 6.294 casos. De ese total, 2.426 (el 40 %) corresponden al área financiera. Y 1.105 personas se acercaron por problemas relacionados con deudas, hostigamiento para cobrarlas o dudas sobre su situación en bases de datos como Veraz o el Banco Central.

La Oficina es mucho más que un lugar para presentar un reclamo. Es una puerta que cualquier vecino puede golpear cuando no sabe quién le está cobrando, si el monto reclamado es correcto, qué derechos tiene o cómo actuar ante una amenaza. Allí encuentra orientación para enfrentar una situación que suele llegar cargada de confusión y miedo.

También realiza un trabajo de educación financiera en vecinales y escuelas, junto con la universidad y distintas áreas municipales. Porque, además de intervenir cuando el problema ya existe, tenemos que dar herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y para que cada persona pueda distinguir una gestión de cobro de una verdadera actuación judicial.

La experiencia cotidiana de la Oficina también nos permitió detectar prácticas recurrentes. Por eso, acompañamos la presentación de un proyecto de ley provincial que establece límites claros a las cobranzas extrajudiciales abusivas: limita la cantidad y los horarios de las comunicaciones, prohíbe las amenazas judiciales falsas y evita que una deuda sea expuesta ante familiares, vecinos o empleadores.

Defender los derechos de consumidores y usuarios no es una discusión abstracta: es acompañar a quien vive mirando el teléfono con miedo y evitar que una dificultad económica también se convierta en una humillación.

Las obligaciones deben cumplirse, pero los derechos también deben respetarse. Una cosa nunca puede ser excusa para borrar la otra.