El equilibrio fiscal es una necesidad. Nadie con sentido común puede estar en contra de que el Estado gaste lo que no tiene. Pero hay una diferencia fundamental entre achicar el gasto y desviar fondos. Fondos que por ley tienen un destino específico. Y hay otra diferencia, todavía más importante: entre ahorrar y despreciar la vida. Porque eso es lo que está pasando en las rutas nacionales de Santa Fe. El gobierno nacional usa los fondos del impuesto al combustible y al dióxido de carbono, que por ley solo pueden destinarse a obras viales, para sostener el equilibrio fiscal, a través de una inversión en plazo fijo. Y esa decisión se está pagando con vidas.

Tal como venimos denunciando desde junio de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon publicó que desde que asumió Milei, el SisVial, que capta el impuesto al combustible con destino legal exclusivo a rutas, recaudó $1.503.252 millones y ejecutó apenas $394.406 millones. Ejecutó apenas el 26%. Más de un billón quedó en plazos fijos y títulos públicos, con una subejecución total del 73,8%. Con ese dinero retenido se podrían haber intervenido dos tercios de la red vial nacional. Y es una red de casi 40 mil kilómetros.

Que el SisVial se creó por exigencia del Banco Mundial para evitar que esos fondos financien gastos corrientes no es un detalle menor. El vocero presidencial Adrián Ravier lo confirma: “Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”. ¿Y la asignación específica? Bien, gracias. No es una denuncia de la oposición. Es una confesión.

Tradición hipócrita

Esto no es un problema nuevo ni exclusivo de este gobierno. Durante el kirchnerismo, las rutas nacionales también fueron abandonadas y los fondos viales también fueron desviados. Demoraron 10 años en reconstruir la avenida de Circunvalación. De Skanska a la causa Cuadernos, en muchos casos la corrupción y la obra pública fueron de la mano. Pero hay una diferencia: ese capítulo tiene una sentencia judicial: Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en segunda instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, por haber direccionado la obra pública vial de Santa Cruz a empresas del grupo comandado por Lázaro Báez. Pero cuando un desvío se ejerce sobre los fondos viales, el costo lo pagan los que viajan por esas rutas. Siempre los mismos.

En paralelo, el ministro Sturzenegger firmó el Decreto 689/2026 que habilita camiones bitrenes de doble articulación de hasta 31,25 metros circulando por esas mismas rutas que están destruidas y sin fondos para mantenimiento. El Sindicato de Trabajadores Viales lo llamó por su nombre: “Construyeron el escenario ideal para que las rutas terminen de destruirse.” Menos fondos para mantenerlas. Más peso encima. El resultado está cantado.

Llevo más de un año denunciando. Empecé por la Circunvalación de Rosario: en abril de 2025 presenté un amparo judicial ante el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario contra la Dirección Nacional de Vialidad por el abandono de la traza. La jueza Aramberri hizo lugar a la cautelar y ordenó a Vialidad que garantizara el mantenimiento en 10 días.

Tuve que volver a la Justicia y pedir apertura de Feria Judicial en enero 2026 porque las obras que presentaron como cumplimiento eran insuficientes. El 40% de las luminarias de Circunvalación sigue sin funcionar.

En abril de 2026 intendentes y presidentes comunales, concejales vinieron a la Audiencia Pública por el calamitoso estado de la ruta 34. Una emergencia humanitaria.

En mayo presenté tres proyectos en el Senado: para que los consumidores sepan en el surtidor qué parte del impuesto va a rutas, para declarar la emergencia vial y tomar posesión provincial de la RN34 y la AO12, y para crear el esquema legal que permita a Santa Fe gestionar rutas nacionales sin asumir los pasivos de la Nación.

El Senado aprobó por unanimidad una resolución exigiendo que el gobierno informe. La AO12 finalmente fue cedida a la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico firmaron el acuerdo el 22 de julio. Las obras comenzaron el jueves 23. No nos quedamos con la idea que el gobierno nacional haya cumplido, sino que ya no podía sostener la ficción de que estaba bajo su eficiente gestión.

Si hasta amagaron con que los problemas de Circunvalación se resolverían con una concesión privada. Ya está adjudicada y todo sigue igual. Otro mito, que una vez que está expuesto, no hay forma de no verlo.

Las denuncias presentadas

No sólo yo fui a la Justicia para exigir que se reparen las rutas. También lo hicieron Esteban Motta y Felipe Michlig (senadores provinciales), quienes presentaron un amparo por la ruta nacional 34; Pablo Verdecchia (senador provincial), con un amparo por la ruta nacional 178; Leticia Di Gregorio (senadora provincial), amparo por las rutas nacionales 7, 8 y 33. El juez federal de Venado Tuerto ordenó su reparación integral el 7/8/2026. Paco Garibaldi (senador provincial) presentó un pedido de informes sobre el destino de los fondos del impuesto al combustible y Dionisio Scarpin y José Corral (diputados provinciales) presentaron un amparo y reclamos por la ruta nacional 11.

Suba de tasas

En el primer trimestre de 2026 murieron 91 personas en corredores nacionales de Santa Fe. La tasa de mortalidad en rutas nacionales es de 1,3 fallecidos cada 100 kilómetros; en las provinciales, 0,2. Seis veces más. No es mala suerte. Es la consecuencia de no invertir en mantenimiento mientras se cobra el impuesto que debería financiarlo. Por esas mismas rutas pasan entre 16.000 y 18.000 camiones diarios en cosecha gruesa , los que llevan al puerto el 75% de las exportaciones agroindustriales del país , y que ahora, con el decreto de Sturzenegger, van a pesar más y a destruir más rápido un asfalto que nadie repara.

Lo que está pasando con las rutas nacionales no es eficiencia del Estado. El ajuste implica reducir el gasto en lo que se puede reducir. Lo que está pasando es el desvío de fondos con destino legal específico hacia el Tesoro, mientras mueren personas en las rutas que esos fondos deberían mantener. Eso tiene nombre jurídico: malversación de caudales públicos, y tiene un costo humano que ninguna planilla de Excel puede justificar. El equilibrio fiscal no puede costar vidas. Si cuesta vidas, no es equilibrio. Es mala praxis de consecuencias mortales.