Opinión

Menem, inocente por el paso del tiempo

La prescripción de una causa penal habla mucho más de la Justicia que del propio acusado, por delincuente que sea.

Sábado 06 de Octubre de 2018

En la Argentina prescriben miles de causas judiciales todos los años, tanto en los tribunales de la Justicia Federal como en los de las provincias. Cuando una causa prescribe ya no hay posibilidades de establecer si los acusados en un proceso son culpables o inocentes, si cometieron o no el delito por el que se los acusa, si deben pagar o no su culpa con una pena. La causa simplemente se archiva y aquellos a los que se investigaba, imputados o incluso condenados en instancias previas, son sobreseídos porque el tiempo jugó a favor de los sospechosos. Y porque pese a los años transcurridos la Justicia fue incapaz de llegar al final del proceso y de establecer la verdad. De hacer su trabajo, en definitiva.

Que una causa prescriba significa que el Estado ya no puede continuar con la persecución penal de un posible delito y de sus presuntos autores. También, que la pena aplicada a una persona condenada por delinquir se extingue, queda sin efecto. Deja de ser el castigo que los códigos establecen que debe aplicarse para el delito sancionado.

La prescripción de una causa penal habla mucho más de la Justicia que del propio acusado, por delincuente que sea. Dice que es morosa e ineficiente, que no tuvo la pericia necesaria para cumplir con su misión que le fue asignada. Es una prueba de debilidad del Estado y la consagración de la impunidad, precisamente por parte del poder que debería combatirla y evitarla.

La causa contra Carlos Saúl Menem por el tráfico de armas a países sobre los que pesaba un embargo de la ONU para comprar armamento se inició en 1995. En esa época era presidente de la Nación. La investigación fue tan larga y tortuosa que el juicio contra el riojano y los otros acusados recién comenzó en 2008, cuando el sospechoso ya se ocultaba detrás de los fueros que le da el Senado. El primer fallo judicial salió en 2011, es decir 14 años después del comienzo del proceso. La demora para llegar a la sentencia era entonces tan escandalosa como su contenido: a los acusados los absolvieron.

Después hubo nuevas instancias procesales y en 2013 la Cámara de Casación revirtió el fallo y condenó a quienes eran juzgados. A Menem le dieron siete años de prisión. Pero hubo más idas y vueltas que prolongaron el juicio. Los años pasaron y finalmente no hubo veredicto definitivo. "Estamos fuera de tiempo", dijeron los jueces en el fallo. Al ex presidente y los otros acusados los sobreseyeron esta semana. Por prescripción, no porque los encontraran inocentes. Nadie de ahora en más podrá asegurar que Menem es culpable por aquellas operaciones de venta ilegal de armas. El, por su parte, tiene todo el derecho a decir que es inocente, aunque la verdad haya quedado oculta en las fojas de un expediente voluminoso y archivado.

Menem goza hoy de este fallo gracias a oscuros acuerdos políticos y al paraguas que suponen sus fueros parlamentarios. Pero no sólo por eso. También porque hay una maquinaria y una burocracia judicial que le dieron herramientas para dilatar el proceso durante mucho tiempo, tanto que ya no es posible juzgarlo. Si es cierto, como dijo uno de los jueces que firmó la prescripción, que el contrabando de armas bien pudo hacerse sin que él lo supiera, no se sabrá con certeza. Y si el caso fuera a la Corte Suprema de Justicia, allí sólo se resolverá si este largo proceso observó las garantías constitucionales que asisten a las partes. El sobreseimiento, entonces, ya es cosa juzgada.

Para los ciudadanos la prescripción de un proceso judicial es un motivo de frustración y de desesperanza, de descrédito irremontable. También es la demostración de que, más allá de lo que digan los códigos, el resultado de un juicio puede amañarse. Menem lo sabe, porque él lo hizo.

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