Coincidiendo con el 25° aniversario del atentado terrorista contra la Amia el gobierno de Macri estrenó medidas para declarar a Hezbolá como terrorista y habilitar los juicios en ausencia, es decir sin defensa y posibilidad efectivas de controvertir supuestas "pruebas".
Hezbolá nació en 1982 en el Líbano, apoyada por Irán, para luchar contra la ocupación israelí de ese país en aquel momento, hasta que en 2000 lograron su expulsión. Al subsistir la ocupación de las alturas del Golán —pertenecientes a Siria— y dentro de ellas, una pequeña área en disputa entre Siria y Líbano; Hezbolá considera no totalmente cumplido el objetivo de erradicar las tropas israelíes del Líbano.
A lo largo de estos 35 años fue pasando de su carácter inicial militar al desarrollo separado de una rama política, que participa con gran peso en la vida electoral e institucional del Líbano y tiene un extenso trabajo social y una gran inserción, ampliada en las elecciones de hace un año.
También ha mutado su propuesta de un islamismo cerrado a otra abarcativa de la diversidad religiosa del Líbano. Tiene tres ministros en el actual gobierno.
La rama militar tuvo intervención en la guerra de Siria, a favor de las fuerzas gubernamentales y en contra de milicias encubiertamente apoyadas por EEUU. Esa guerra está actualmente terminando con la derrota de las fuerzas pronorteamericanas.
Las Naciones Unidas no consideran a Hezbolá como organización terrorista, pero sí lo hacen varios países que suelen bailar al son de la música estadounidense, a los que ahora se ha sumado Macri, con la expresa condena a este hecho de la comunidad árabe de Argentina. Ni siquiera el Brasil de Bolsonaro —un fanático del actual gobierno de extrema derecha de Israel— ha tomado hasta aquí medidas como las de Macri.
Las mismas coincidieron también con la llegada del secretario de Estado de los EEUU, precisamente para encabezar una cumbre sobre terrorismo, y es claramente una ofrenda para recibir al amo del norte.
En Argentina, la principal imputación contra Hezbolá es atribuirle la autoría del atentado a la Amia de 1994. Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas y referente de la agrupación 18-J ha dicho: "Se responsabilizó a Hezbolá de la misma manera que lo que acaba de firmar el presidente de la Nación. Ese decreto señalando a Hezbolá como una organización terrorista se lo mandaron sus mandantes, el gobierno israelí y el gobierno de Estados Unidos", y con referencia a uno de los actos en el lugar del atentado agregó: "Hoy se llevó adelante el acto oficial en Pasteur 633, organizado por aquellos que no quieren saber la verdad, que son cómplices del ocultamiento…. Amia y Daia me refiero. Lamento profundamente que haya familiares que los acompañen".
Sergio Burstein, recordemos, no es sólo familiar de una víctima en la Amia. Él mismo fue víctima en otra causa: espionaje ilegal desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por haberse opuesto a la decisión de Macri designando a un comisario involucrado en el atentado de la Amia al frente de la policía de la ciudad. Macri fue procesado y zafó cuando acumuló suficiente poder para que nadie lo siguiera investigando: 19 días después de asumir la presidencia.
Después de 25 años de investigaciones bochornosas aún no sabemos quiénes fueron los responsables del atentado. Pero de lo que no caben dudas es de que EEUU e Israel, a través de sus agencias de inteligencia, se lo quieren adjudicar a Hezbolá y por su intermedio a Irán. También suponemos, con bastante razonabilidad, que la elección de Argentina para este atentado como el de la embajada (1992) tuvo que ver con la decisión de Menem, en 1991, de involucrar al país en el conflicto de Medio Oriente, para complacer a EEUU… Tal como está haciendo ahora Macri.
El diario Clarín, en varias notas de Nicolás Wiñazki, en los días previos y posteriores al aniversario, "reconstruye" con lujo de detalles esos atentados. No se priva de mencionar que buena parte de sus fuentes son servicios de inteligencia "occidentales". Un detalle, entre otros: obviamente es clave la identidad del conductor del supuesto coche bomba, parte de cuyos restos se poseen. Clarín recoge la suposición, elaborada por el fallecido fiscal Nisman, de que se trató del miembro de Hezbolá Ibrahim Berro. Varios datos hacían muy dudosa esta hipótesis, pero terminó de caer cuando hace dos años, nada menos que el FBI comparó el ADN de esos restos y categóricamente descartó que fuera Berro. Aún hoy Wiñazki sigue con ese relato. Antes, otra investigación del FBI se apartó de la tesis iraní; y también, un juez británico, tras detener a un alto funcionario persa por la causa, terminó liberándolo, sosteniendo que no existían pruebas.
Cabe preguntarse: ¿cuando los servicios de inteligencia, de cualquier país del mundo, entregan "información" a un periodista, le entregan lo que a su juicio refleja auténticamente la realidad, o lo que el gobierno al cual responden quiere que la opinión pública crea?
En 2003, los servicios de inteligencia norteamericanos afirmaron que Irak poseía armas de destrucción masiva. Quien se encargó de exhibir las "pruebas" en la ONU no fueron los mismos servicios, sino un intermediario más creíble, el secretario de Estado, Colin Powell, de ascendencia afro. Hoy se sabe sin dudas que era todo falso.
Los muertos de la Amia y la embajada de Israel se merecerían que alguna vez, lo antes posible, los atentados se investigaran con la verdadera intención de identificar y castigar a los responsables y no de servir a otros intereses geopolíticos.
Mientras tanto, para entender las medidas de Macri, no hay que mirar esa causa, a la que no le aporta nada. Hay que mirar a Medio Oriente, donde EEUU y sus aliados perdieron en Siria y están perdiendo en Yemen y se desesperan por hostigar a Irán como sea. Y hay que mirar también otras desesperaciones más cercanas: La de Macri y la del FMI —regenteado por EEUU— que hasta le ha autorizado al gobierno a dilapidar aún más los dólares que le presta para venderlos, ahora hasta a futuro. Obviamente para financiar la campaña electoral de Cambiemos, tratando de anclar al dólar hasta las elecciones. Por hacer algo parecido —pero con dólares propios, no del FMI, cuyos estatutos además lo prohíben— el juez Bonadio procesó a funcionarios del gobierno anterior.