El 2016 tal vez sea recordado en el futuro como el año de las marchas masivas en Rosario para exigir seguridad y Justicia. Desde hace años se habla mucho de seguridad, o más bien de inseguridad, y se menciona poco la responsabilidad de la Justicia en lo que pasa en las calles de la ciudad. Las movilizaciones del año modificaron eso.
La Justicia santafesina está colapsada desde hace años, pero esa crisis no se debe tanto a la escasez de recursos humanos sino más bien a una cuestión de procedimientos. Es una Justicia burocrática, lenta, poco productiva y dudosamente eficiente. Resuelve mucho menos de lo que debería y por eso mismo vive en constante deuda con aquellos a los que debería servir, los ciudadanos.
La Justicia en general, y la santafesina en particular, tiene sus tiempos. Pero esos tiempos no coinciden con las necesidades de la gente que requiere de ese servicio. Si alguien acude a los tribunales con un conflicto, necesita que se resuelva cuanto antes. ¿Es razonable que una demanda laboral se discuta durante una década? ¿Qué clase de Justicia es esa a la que se llega al cabo de semejante lapso? ¿Puede ser considerada Justicia?
La sensación de injusticia es mayor cuando se trata de casos penales. Cuando hay víctimas de la violencia, por ejemplo, los ciudadanos esperan una respuesta rápida. La esperan y la necesitan, para sentir que pueden seguir adelante. Lo que reciben muchas veces, en cambio, es una respuesta irritante: que la Justicia tiene sus tiempos, les dicen.
El 20 de mayo de 2000, la hija de un juez de Instrucción apareció muerta en su cama. El caso se investigó como homicidio y se acusó a los padres de la víctima. Ambos fueron condenados a prisión perpetua, aunque años después la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el juicio porque se habían violado garantías de los acusados-condenados. Pasaron 16 años, y todavía hoy no se sabe qué ocurrió con Natalia Fratichelli, en un caso que una Justicia eficiente hubiese resuelto en semanas. El caso quedará para siempre entre los grandes misterios de la provincia.
¿Es tan difícil determinar quiénes fueron los responsables de organizar una fiesta electrónica en la que se vendían drogas que resultaron letales para dos personas en Arroyo Seco, hace ya 14 días? Si los testigos afirman que se vendían pastillas de éxtasis y otras como caramelos y un fiscal lo ratificó, ¿qué falta para identificar a quien lo hacía? ¿Necesita tiempo la Justicia, o solo debe ser más rápida y eficiente?
Un caso en el que se ve claramente el divorcio entre esos famosos tiempos judiciales y los de la gente es el de la trágica explosión de la calle Salta 2141. El episodio ocurrió hace 41 meses (el 6 de agosto de 2013), pero los presuntos responsables todavía no fueron enjuiciados y el proceso que debería terminar en una sentencia sobre su culpabilidad o inocencia recién se iniciará a mediados de año. Con suerte habrá sentencia al cabo de un par de meses, contando desde entonces. Si es así, habrán pasado más de cuatro años de un hecho que mató a 22 personas y destruyó la de muchas otras.
¿Cuál es la explicación para darle razonabilidad a semejante demora?
La investigación técnica de lo que pasó esa mañana en la calle Salta debió insumir unas pocas semanas. Los trámites formales para llegar al juicio, otras tantas. Sólo las chicanas y vericuetos que permite el procedimiento penal aplicable a ese juicio pudo dilatarlo hasta ahora. Mientras tanto, los familiares de las 22 personas que murieron por una explosión que claramente tiene responsables, más allá de que hay que identificarlos y luego probarlo, siguen esperando.
La Justicia es un servicio y un derecho de los ciudadanos, pero no sirve si no le sirve a quienes lo necesitan. Sus tiempos deben ser razonables. Los de la Justicia santafesina todavía están lejos de serlo.