La seriedad de un Estado se mide —entre otras cosas— por su seguridad jurídica y por sus políticas continuadas en pos de objetivos permanentes, establecidos por la comunidad en su conjunto.
La seriedad de un Estado se mide —entre otras cosas— por su seguridad jurídica y por sus políticas continuadas en pos de objetivos permanentes, establecidos por la comunidad en su conjunto.
Hace un par de años, el mundo jurídico debatió un nuevo Código Civil y Comercial, que fue luego aprobado por ambas Cámaras del Congreso. Fue un largo proceso, cuidadoso y serio por cierto, que demandó tres años de deliberaciones, más allá del debate parlamentario. Este nuevo Código asimiló en términos generales la ley de alquileres 23.091, que fue una sabia ley que durante más de treinta años reguló las locaciones. Esa ley creó el marco regulatorio para una salida ordenada de las consecuencias del congelamiento de alquileres, aún vigentes por ese entonces. Hasta previó la desgravación para la construcción de viviendas para la locación, que no fue reglamentado, y sin embargo sus efectos normativos implicaron la reactivación de la construcción con todos los efectos positivos consecuentes, que son notables desde la perspectiva histórica.
En este período preeleccionario, los alquileres se han convertido en una bandera disputada, en un discutible análisis por el cual representarían votos. De esta manera, circulan en los pasillos del Congreso nacional seis proyectos de leyes de alquileres que reforman el nuevo Código Civil y Comercial. Por si esto fuera poco, un proyecto provincial desordenado revolotea en el cuadro.
Las intervenciones en las locaciones, aún en el nivel de amenazas, generan consecuencias que son contraproducentes a los objetivos de la misma ley. Más si en un acuerdo de partes, refiere explícitamente que es para favorecer a una de ellas, cuando sólo en la minoría de los casos se da la situación que la ley supone.
Sin estadísticas serias, con cifras lanzadas mediáticamente por algún chisme de bar o de peluquería, los legisladores, en el marco de la batalla electoral, recurren a cualquier redacción legal que les permita luchar por la bandera fantasma. La primogenitura por el plato de lentejas.
La falencia de estadísticas estatales serias es pasmosa en este marco. Es por eso que la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, con el apoyo de la mayoría de los Colegios de Corredores Inmobiliarios del país, comenzó a elaborar estadísticas auténticamente federales y confiables. Son federales para que no se legisle a la Nación por el Conurbano. Y son confiables porque los Colegios no son privados y porque el corredor debe acordar entre ambas partes. Y no tiene ambiciones electorales.
Las primeras estadísticas hicieron ruido, más por la sorpresa que por su contenido. Analizadas como corresponde, en su integridad y perspectiva profesional, son el comienzo de un proceso que en un tiempo echará luz sobre las sombras manipuladoras de la demagogia.
Es el clarear para establecer las bases legislativas sólidas que nos lleven a la vivienda digna para todos, que no es otra cosa que la dignidad de todos.
Por Julio Farah / Presidente Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe sede Rosario. Vicepresidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina.
Por Lucas Ameriso