Opinión

Las elecciones y ese mísero detalle técnico

Transparencia. El autor explica las distintas variantes por las que en ocasiones se interpreta que existe fraude electoral. Deslegitimación y democracia.

Martes 16 de Abril de 2019

"La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral...". Tal vez constituya una exageración esta conocida sentencia del filósofo español José Ortega y Gasset: la democracia es mucho más que un procedimiento electoral ciertamente, salvo cuando estamos en vísperas de elecciones y cuando en el comicio, se cuentan los votos.

Este es un año electoral y en la Nación y en las provincias los ciudadanos votamos. Por ello, quiero reflexionar sobre aspectos que debiéramos acordar institucionalmente y tratar de preservar todos: actores políticos, operadores judiciales, medios de comunicación, instituciones de la sociedad civil y ciudadanía, y en todos los niveles: nacional y subnacional. La deslegitimación imprudente de los procesos electorales afecta a la democracia. Es decir, a todos, oficialismos y oposiciones. Gobernantes y gobernados.

En todo proceso electoral existen previsibles dosis de desconfianza e incertidumbre. Son parte constitutiva de las compulsas electorales. El objetivo de la denominada "gobernanza electoral" es, precisamente, reducir la desconfianza y garantizar la incertidumbre electoral, como gráficamente lo resume el especialista Marcelo Escolar.

Me explico: en la mayoría de las elecciones existe en mayor o menor medida, desconfianza por parte de los actores políticos tanto sobre las reglas y procedimientos electorales cuanto sobre las personas e instituciones encargados de gestionar, administrar y certificar los procesos electorales: los funcionarios políticos y judiciales.

De la misma forma, esos mismos actores políticos y judiciales deben garantizar la incertidumbre democrática, esto es, la incógnita sobre cómo serán los resultados y quién va a ganar las elecciones. Saber que esos resultados dependen sola y exclusivamente de la decisión soberana del pueblo expresada en las urnas y que el veredicto será respetado es la misión más importante que tienen que lograr los actores que compiten y los que administran y resuelven los conflictos electorales.

Por tanto, no hay que temer a la desconfianza electoral: lo que toda política pública debe lograr es reducirla y en eso deben estar comprometidos todos y no solo algunos actores políticos. En la transparencia y los controles recíprocos está la clave. Tampoco debe temerse la incertidumbre democrática sobre los resultados: al contrario, hay que garantizar la incertidumbre sobre quién será el ganador de una contienda electoral. Tener la certeza de que el resultado no está decidido. Es de esencia de la democracia que el futuro no esté escrito.

Construir compromisos, evitar la manipulación. Reducir la desconfianza y garantizar la incertidumbre democrática no es sólo tarea de los gobiernos, a pesar de que tienen la principal y más importante responsabilidad. Se necesitan acuerdos y compromisos de todos los actores en juego: de funcionarios, de partidos que compiten, de órganos judiciales que resuelven y de medios de comunicación que informan. Cuando algunos de estos actores imprudentemente apuesta a la desconfianza como sesgada actitud política o intenta sembrar sospechas a priori sobre los resultados electorales, cuestiona y pone en riesgo la institucionalidad democrática.

Daré un sólo ejemplo sobre un caso en el que se hace necesario arribar a acuerdos y contar con el compromiso común: evitar el uso irresponsable y peligroso de la palabra "fraude".

Ante cualquier desacuerdo de procedimiento, ante cualquier discusión o reclamo, muchos actores se aventuran a proclamar el fraude anticipado. Si un presidente de mesa se equivoca en la confección del telegrama que permitirá difundir el resultado, no se suele entender como una mera inexactitud involuntaria, sino como sinónimo de "fraude" no sólo en esa mesa sino en todas. Si el 1 por ciento de los telegramas no puede ser contado porque no llegaron al centro de cómputos o ingresaron con errores o no reúnen requisitos mínimos o están mal sumados los resultados, se vocifera un fraude generalizado. Si por ansiedades o por rating no se anuncian los resultados minutos después del cierre del comicio pese a que estén prohibidos los bocas de urna, se proclama desde el bunker partidario y desde los medios, el fraude a viva voz, pese a que la Constitución no requiere que los resultados sean rápidos sino que se garantice que el voto sea secreto. Hacer denuncias públicas de fraude y no recurrir ni acreditarlas en sede judicial, es manipular y alentar la sospecha injustificada y antidemocrática. Proclamar fraude en el escrutinio provisorio cuando sólo es una anticipación de resultados y no esperar el escrutinio definitivo que lo realiza la justicia y es el único que tiene validez legal y puede ser recurrido, es contribuir deliberadamente a la desconfianza y al desprestigio de los comicios y por ende de la democracia.

Habría que distinguir -como lo hace Escolar- tres situaciones diferentes y comprometernos a no confundirlas, si no queremos irresponsablemente deslegitimar un proceso electoral: 1) el error sistémico marginal, cuyo ejemplo es la inexacta confección de un telegrama por parte de una autoridad que se equivoca involuntariamente y que tiene una incidencia nula en los resultados finales porque es subsanable. 2) la manipulación política, verbigracia, el uso arbitrario de la publicidad oficial o la información unidireccionada de los resultados, que tendrá mayor o menor incidencia política, pero no necesariamente en el resultado; y 3) el fraude electoral, que consiste en el deliberado y voluntario intento de alterar masiva y sistemáticamente los resultados en favor de determinado competidor burlando la voluntad popular.

La posible alteración de un resultado en una pequeña localidad cuando la diferencia de votos es mínima, es posible y reprobable pero constituirá un caso asilado y excepcional. Con nuestro sistema de boleta papel (no incluyo el voto electrónico) hacer fraude electoral a gran escala es prácticamente imposible: significaría alterar certificados, telegramas y actas de escrutinio en miles de mesas, y tener la complicidad también de miles de autoridades comiciales (generalmente docentes) y de fiscales de distintos partidos. Es más, debe informarse que alterar un certificado o un telegrama no tiene mayor sentido ya que que lo único que cuenta son las actas cuyos resultados se contabilizan en el escrutinio definitivo.

Un fraude electoral constituye un hecho demasiado grave para la vida institucional como para que sea usado con alarmante liviandad por actores políticos y medios y se arroje como sospecha generalizada tan irresponsable como incomprobable.

Frente a las próximas elecciones entonces, debemos apelar al compromiso de todos y de cada uno de los actores políticos y sociales de rehuir a todo intento de deslegitimación y manipulación imprudente. Para ello siempre hay que evitar que ese "mísero detalle técnico", el proceso electoral, por irresponsabilidades compartidas, se convierta en el cadalso de la democracia.


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