Opinión

La racionalidad económica

Recientemente, un colectivo de intelectuales y académicos difundió un documento crítico sobre la actualidad.

Sábado 15 de Septiembre de 2018

Recientemente, un colectivo de intelectuales y académicos difundió un documento crítico sobre la actualidad. En uno de sus párrafos reprocha al gobierno aferrarse a la idea de "que no hay otra alternativa, que hay un solo modelo, un solo tipo de gestión, una sola racionalidad".

Aun compartiendo ese juicio, corresponde aceptar que este comportamiento no es una particularidad del actual gobierno. En rigor, al menos desde 1983, prácticamente todos los gobiernos apelaron a este argumento cuando se vieron acorralados por las circunstancias. De ese modo, recortan el repertorio de opciones disponibles presentando su diagnóstico y recetario como los únicos posibles. Y ello siempre se hace en nombre del "realismo", una operación discursiva que sitúa a las otras opciones en el lugar de lo inviable o irrealizable.

Hay algo más que parece repetirse: aunque las políticas cambien de signo, persigan fines opuestos o empleen instrumentos diferentes, todas buscan amparo en cierta idea de racionalidad que les otorgue justificación y legitimidad.

Por consiguiente, no existe "una sola racionalidad", sino una disputa entre formas alternativas de racionalidad, algo que no se puede dirimir mediante un patrón de evaluación neutro pues finalmente, ella es parte de la contienda política.

Quien mejor advirtió este conflicto entre racionalidades fue Max Weber. Para este autor, la política, la economía y el derecho viven tensionados entre dos tipos de racionalidad: la "formal", que opera como un frío cálculo técnico, y la "material" (o "sustantiva"), subordinada a un postulado de valor ético, estético o religioso. La primera adopta un carácter técnico e instrumental, y en la segunda, el fin está representado por el valor que se persigue.

Nuestros gobiernos han optado alternativamente por una u otra variante, pero ninguno renunció al amparo de alguna forma de racionalidad que le asegure legitimidad.

¿Cómo se verifica esta distinción en el campo de la economía? No es difícil reconocerla en la práctica: la primera puede hallarse en las justificaciones de carácter tecnocrático que privilegian un fin (el déficit cero, por ejemplo) y escogen los medios más apropiados para alcanzarlo. Para ilustrarlo con ejemplos actuales, cuando se reprocha al gobierno aplicar un ajuste insensible, ateniéndose sólo a los dictados de la planilla de cálculos, advertimos una lógica contable que se inscribe dentro de la racionalidad formal o instrumental. En cambio, cuando evaluamos la etapa anterior, observamos que el compromiso social que traducían sus políticas redistributivas no venía acompañado de una preocupación similar por la solvencia fiscal que era necesaria para asegurar su sustentabilidad y perdurabilidad. Aquí también hay una racionalidad, sólo que ella no esté basada en un mero cálculo técnico —el equilibrio de las cuentas fiscales—, sino en un valor, representado en este caso por la búsqueda de contención e inclusión de sectores postergados.

La primera variante privilegia la razón técnica, en tanto la segunda expresa una racionalidad sustantiva que no admite ser juzgada con los mismos criterios de aquella. En nuestra experiencia histórica el apogeo de la primera variante coincidió con el ascenso político de actores que eran valorados socialmente por el dominio de saberes técnicos, especialmente económicos, en un tiempo en el que la política era objeto de sospecha y desconfianza. La presencia de técnicos en ámbitos de decisión política, algo que sólo parecía reservado a regímenes autoritarios , comenzó a ser habitual en la nueva etapa democrática, más tímidamente con el arribo de Sourrouille en el gobierno de Alfonsín, y de manera más marcada con el desembarco de Cavallo y la Fundación Mediterránea en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Menem. Cuanto mayor era el desprestigio y descrédito de los políticos mayor era la valoración social por los técnicos. Eran los tiempos de la antipolítica. Sin embargo, el colapso del plan de Convertibilidad y la hecatombe económica y social que sobrevino en el 2001 no sólo tuvo un efecto devastador sobre la credibilidad de toda la dirigencia política: también puso en duda la fiabilidad y pericia de los técnicos que nos condujeron a ese desastre.

No es posible comprender lo que sobrevino después sin este telón de fondo. La exaltación de la voluntad política que campeó en los 12 años de kirchnerismo no logra entenderse sin ese fracaso y descrédito de los técnicos. Todos esos años estuvieron signados por un "retorno de lo político" y fueron el reverso de una época dominada por técnicos insensibles que seguían los dictados de los organismos multilaterales de crédito. La política se emancipó de los técnicos, pero no pudo escapar a los límites que impone la realidad, lo cual quedó en evidencia cuando las condiciones internacionales dejaron de ser favorables. Este nuevo escenario desafió la capacidad de la política para anticipar y procesar contextos adversos y puso en entredicho la presunta "autonomía" ganada.

La historia enseña que cualquier idea, por magistral que sea, está condenada de antemano al fracaso si no viene acompañada de voluntad política para instrumentarla y sostenerla en el tiempo. Ella es indispensable, pero tiene límites, y en un mundo complejo e incierto como el actual, debe nutrirse de capacidad analítica para sustentar sus decisiones.

Hoy que asistimos a un regreso de los técnicos y predomina un discurso contable que no logra exhibir resultados convincentes, este debate recobra actualidad y vuelve a interpelarnos sobre la tensa convivencia entre estas dos formas de racionalidad. La experiencia muestra que cuando ellas fueron llevadas al límite tuvieron consecuencias no deseables para la democracia: la racionalidad técnica tiende a encapsularse, adoptando un tono soberbio y arrogante que la vuelve incompatible con la deliberación pública y la negociación; en tanto la racionalidad sustantiva, puede caer en un voluntarismo indiferente ante los límites materiales y poco apegada a la responsabilidad fiscal.

No estamos forzados a optar por una u otra deriva, este es un falso dilema pues ambas contienen límites. Una democracia descansa en un delicado equilibrio entre ambos tipos de racionalidad y ella no sólo exige que sus políticas tengan respaldo técnico sino también, aceptar que esas decisiones siempre encierran una distribución de poder y responden a un valor, aunque no se lo asuma expresamente.

Por Osvaldo Iazzetta / Politólogo - UNR

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