Opinión

La inconstitucionalidad de gravar al capital blanqueado

Cuestionamientos. Un impuesto extraordinario a los beneficiarios de la ley de blanqueo viola diversos principios constitucionales aplicables en materia tributaria.

Miércoles 08 de Abril de 2020

En los últimos días ha tomado estado público un proyecto de ley encabezado por la bancada oficialista de la Cámara de Diputados de la Nación que tendría por objeto gravar con un impuesto extraordinario el patrimonio de los contribuyentes que han ingresado al Régimen de Sinceramiento Fiscal (blanqueo) consagrado por Ley 27.260 (B.O. 22/7/2016), vigente durante los años 2016 y 2017.

Este proyecto estaría fundado políticamente en la necesidad del Estado Nacional de hacerse de recursos fiscales para sobrellevar la situación excepcional y de emergencia sanitaria derivada de la propagación del Covid-19 (coronavirus).

Sin perjuicio de este noble objetivo recaudatorio para esta situación particular, desde la óptica del Derecho Constitucional Tributario, corresponde advertir que, si finalmente se concreta el proyecto de ley con el tenor que ha trascendido, los contribuyentes eventualmente abarcados por el nuevo impuesto se encontrarían en condiciones de cuestionar judicialmente la validez del mismo, con fundamento en la violación de diversos principios constitucionales aplicables en materia tributaria.

En primer lugar, se trataría un impuesto con efectos retroactivos ya que se buscaría alcanzar una manifestación de riqueza exteriorizada y ya gravada con una antelación de casi tres años a su fecha de vigencia. Sabido es que los principios de no retroactividad de la ley tributaria y de seguridad jurídica son una derivación del principio de legalidad y reserva de ley y su operatividad ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Insúa" y "Navarro Viola".

Al respecto, recodemos que el Régimen de Sinceramiento consagrado por la Ley 27.260 estableció como requisito de ingreso el pago de un impuesto especial cuya alícuota oscilaba entre el 5 por ciento al 15 por ciento del valor de los bienes declarados, dependiendo del tipo de bien, y de la fecha de exteriorización. (art. 41 Ley 27.260), salvo el caso de inversión en determinados títulos de deuda pública y/o fondos comunes de inversión con los objetos precisados en la norma (Art. 42 Ley 27.260).

Asimismo, un impuesto de este talente es susceptible de ser atacado legalmente por una vulneración del principio constitucional de capacidad contributiva e igualdad ante la ley.

Lo cierto es que los contribuyentes que ingresaron a este blanqueo, bajo las condiciones allí impuestas, al día de la fecha se encuentran equiparados en su capacidad económica con el resto del universo de contribuyentes que ostenten un patrimonio de igual o mayor cuantía, por lo que no existe un motivo objetivo —inclusive extrafiscal— que fundamente gravar a aquella parcela en forma diferencial y discriminatoria.

Ello se ve agravado, si es que confirma el proyecto oficial, por el hecho de limitar el alcance del tributo sólo a los contribuyentes que ingresaron al Blanqueo de la Ley 27.260, sancionada durante el gobierno de otro signo partidario, pues ello podría dar a entender que se trata de un tratamiento más gravoso inspirado esencialmente en cuestiones de tinte político.

Resulta por demás irrazonable circunscribir el anhelado tributo al blanqueo 2016/2017, cuando con anterioridad han existido otros blanqueos, por el ejemplo el año 2011, establecido por Ley 26.860 (B.O. 3-7-2013, "Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extrajera en el país y en el exterior"), en el que se permitía acceder al mismo sin oblar tributo especial alguno si se invertía en inmuebles o en determinados títulos de deuda pública.

Por último, no podemos dejar de señalar que establecer este impuesto podría terminar siendo perjudicial para el gobierno de turno, ya que la crisis económica desatada por el Covid-19, con la consecuente merma en la recaudación impositiva, probablemente compela a establecer, en un futuro no tan lejano, un nuevo régimen de blanqueo, y si ello llegare a ser necesario, el éxito del mismo estaría sepultado por la pérdida de confianza generada en los contribuyentes justamente a partir del antecedente aquí comentado.

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