Opinión

La discusión necesaria sobre el mínimo no imponible

A tan sólo cinco meses de la última modificación de los montos de las deducciones personales o lo que comúnmente se conoce como "mínimo no imponible", la agenda política argentina obligó...

Jueves 26 de Septiembre de 2013

A tan sólo cinco meses de la última modificación de los montos de las deducciones personales o lo que comúnmente se conoce como "mínimo no imponible", la agenda política argentina obligó a retomar la cuestión relativa al impuesto a las ganancias que afrontan las denominadas personas físicas. La reciente sanción del decreto 1242 luce —a priori- como de estricta justicia, tal como también cabe calificar al incremento en las escalas del monotributo. Sin embargo resultan -asimismo- elocuentes del problema de fondo que subyace y de su magnitud, si se observa que la necesidad de correcciones o exclusiones es frecuente y que aquellas superan, largamente en muchos casos, los índices oficiales de variación de precios.

Si bien aún queda mucho por discutir acerca de la incidencia efectiva, la vigencia y la legitimidad del esquema de mínimos dispuestos por el decreto 1242, lo concreto es que la norma prevé una clasificación de los responsables sobre la base del ingreso percibido entre enero y agosto de 2013. Así, los empleados en relación de dependencia, los que desempeñen cargos públicos y los jubilados, cuya mayor remuneración en dicho lapso no haya superado los $ 15 mil brutos, no pagarán impuesto alguno a partir del 1º de setiembre al aplicarse una suerte de mínimo variable que coincidirá siempre con la ganancia neta de esos sujetos, arribándose —consecuentemente- a impuesto cero. Por su parte, si la mejor remuneración se ubicó en el rango de los $ 15.001 y los $ 25.000, continuarán sujetos al impuesto pero el mínimo no imponible computable se eleva en un 20 por ciento en relación con el que regía previamente. Por último, si la remuneración de referencia fue superior a los $ 25.000, no hay modificaciones.

El decreto mencionado, y la resolución dictada por AFIP en su consecuencia, parecen resolver —en el tramo de hasta $ 15 mil de remuneración bruta- el reclamado ajuste automático de los mínimos ya que, sorprendentemente, de su texto surge que ese encuadramiento individual al 31 de agosto, es el que regiría hacia el futuro, con independencia de posteriores mejoras en la remuneración. Pero ciertamente se trata de una conclusión elaborada en base a una interpretación literal de la norma que difícilmente vaya a mantenerse sin cambios por mucho tiempo. Evitando caer en la tentación de presentar ejemplos extremos que caricaturicen los efectos indicados, valdría mencionar simplemente el caso de un dependiente que hubiera logrado superar los $ 15 mil de sueldo bruto en abril y el de otro, con idéntica situación familiar, que obtuviere la misma mejora en octubre. El primero pagaría impuesto y el segundo no, porque al mes de agosto este último no había superado el piso de remuneración imponible. Otros ejemplos sugieren que un empleado puede llegar a pagar más impuesto que otro pese a obtener, al cabo del año, menores remuneraciones. No hace falta ser un especialista para percibir que este escenario es insostenible en el tiempo y seguramente será objeto de alguna aclaración o modificación.

Hay —entonces- pocas esperanzas de que los que gocen de esa deducción variable del primer tramo de remuneraciones, al fin hayan encontrado solución al problema de la actualización de los mínimos. De manera que es probable que en el corto/mediano plazo el tema se instale una vez más. A esta altura de los acontecimientos es una obviedad aludir a la ausencia de un mecanismo de ajuste automático del mínimo no imponible dado que las mejoras salariales suelen ser meras compensaciones por el aumento del costo de vida y no un incremento real de poder adquisitivo.

Los especialistas también hemos advertido, válidamente por cierto, que el problema no se reduce a la magnitud del mínimo no imponible sino que —además- es relevante el retraso que verifican las escalas que definen las tasas progresivas del impuesto a aplicar una vez hecha la detracción del mínimo y que, en ocasiones, determinan que el incremento del tributo sea más que proporcional a la mejora salarial. En esa línea, quizás hayamos propiciado los argumentos que sostienen que el impuesto resulta ser bajo si se lo mide en términos de porcentaje sobre el ingreso lo que —en muchos casos- constituye ciertamente un sofisma que desnaturaliza el análisis, ya que hay aspectos fundamentales que no se tienen en cuenta.

Aunque luzca como una perogrullada es preciso recordar que el impuesto a las ganancias grava justamente eso: las ganancias, no el ingreso bruto. La manifestación de capacidad contributiva que persigue el gravamen es la renta neta que obtenga el individuo. Si no hay ganancia, cualquier impuesto que se aplique será cuestionable y poco aporta debatir cuánto representa el impuesto como porcentaje sobre el total de ingresos del sujeto.

Lo que se soslaya habitualmente es que el mínimo no imponible es —en esencia- representativo de gastos. No se trata de una concesión hecha por el gobierno de turno. No es un subsidio. El hecho de que su monto se fije por ley y no se exija el aporte de comprobantes justificativos, no conmueve su naturaleza. Su fin es el de reconocer los gastos dirigidos a la subsistencia del ser humano como acontece en la inmensa mayoría de las legislaciones extranjeras. En el caso de las personas físicas no se puede hablar de ganancia sin antes haber asegurado la intangibilidad de las sumas destinadas a la satisfacción de los gastos inherentes al sustento del contribuyente y de su núcleo familiar, sin cuyo reconocimiento no se preservaría el factor humano que genera la renta, del mismo modo que las empresas están autorizadas a deducir todos los gastos necesarios para conservar la fuente productora de la ganancia gravada. Al desvirtuarse el concepto, el sacrificio económico realizado por un individuo para atender a sus necesidades familiares termina incidido impositivamente como si fuese riqueza. Más aún, no cabe distinción alguna. Estas necesidades son comunes a todos los individuos, hacen a la obligación alimentaria y de asistencia al grupo familiar, estando —incluso- tuteladas en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Como enseña Vicente O. Díaz: "El montante de la subsistencia digna del contribuyente y de su grupo familiar es indisponible a los fines de su imposición a las ganancias".

Por ello, la adecuada medición del mínimo no imponible es una aspiración y un derecho legítimo, y debería ser una premisa permanente en la consideración del tema. Eso exige —entre otros recaudos- protegerlo del deterioro inflacionario. La necesidad de corrección de resultados por efectos de la inflación, que ha provocado —incluso- pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizándola pese a la prohibición legal, se torna manifiesta en este caso. Pero también es evidente que la fijación de multiplicidad de mínimos (por ingreso o por tipo de actividad) no se compadece con su razonable definición y reproduce en parte la tristemente célebre tablita de Machinea eliminada en el año 2008. En ese contexto, la peor parte del esquema actual la sufren los autónomos. Además de haber sido ignorados por el decreto 1242, arrastran un problema mayor. Cuando se dice que un trabajador no paga impuesto por debajo de cierto ingreso mensual como puede ser, por ejemplo, el de los $15 mil brutos, se hace referencia a quienes trabajan en relación de dependencia y se computan tres deducciones diferentes: la ganancia no imponible, las relativas a cargas de familia y una deducción especial prevista en el artículo 23 de la ley. No siempre se alude a los autónomos, para quienes no sólo no hubo cambios sino que la deducción especial es sustancialmente menor en virtud de un injustificado decreto de necesidad y urgencia de 1992. Sin contar otros que, directamente, no la pueden computar. El de los autónomos es el caso en el que con mayor crudeza se percibe la inequidad. Para dar una dimensión del problema: a idéntica renta neta y cargas de familia, un autónomo puede pagar más de $ 20 mil anuales de impuesto mientras un dependiente no tributa.

Podrá discutirse si el piso de los $ 15 mil brutos es una medida apropiada de las necesidades de sustento familiar y aceptarse que en su determinación participen diferentes conceptos, pero en cualquier caso debería aplicarse a todos los individuos que tengan idéntica situación familiar, sin importar el origen de sus rentas. Si no, no es el "mínimo no imponible" y habrá que determinarlo sobre otras bases. Lo contrario induce a pensar que para la ley argentina, y vaya uno a saber por qué razón, subsistir como autónomo resulta ser menos costoso, como si estos compraran en diferentes supermercados o mandaran a sus hijos a diferentes escuelas, o que se asumiera absurdamente algún grado de informalidad en sus operaciones. Se desconoce que la naturaleza y la finalidad del mínimo no imponible lo torna un derecho común a todos los responsables, consagrándose —cuanto menos- una injusticia. Este debate aún está pendiente. No sólo el sentido común lo impone. El escenario actual violenta elementales aspectos vinculados con la razonabilidad y la igualdad frente al impuesto y profundiza antiguas distorsiones que deberían promover urgentes definiciones de fondo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (*) Socio Impuestos Deloitte

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