La criminalización de los usuarios

"La campaña de 1968 y la Casa Blanca de Nixon tenía dos enemigos: la izquierda que se oponía a la guerra y los negros. Sabíamos que no podíamos convertir en delito estar en contra de la guerra o haber nacido negro, así que la mejor estrategia era hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar drásticamente ambas cosas. … ¿Sabíamos que mentíamos acerca de las drogas? Claro que sí".

Dan Baum en entrevista al asesor de Richard Nixon, John Ehrlichman, publicada por la revista Harper's

Desde el lanzamiento de la llamada "Guerra contra las Drogas" el mundo ha repetido una y otra vez el fracasado experimento prohibicionista. En Argentina pareciera que no ha sido suficiente el rotundo fracaso de la "Guerra a las Drogas" y la persecución y criminalización de los usuarios de drogas y otros débiles eslabones de la cadena del comercio de drogas. Tampoco pareciera importar que el mundo, incluido el principal consumidor de drogas, los Estados Unidos, están girando su enfoque como lo enunciaba recientemente el coloquio internacional "Drogas y Políticas en las Américas" en París y su convocatoria: "De la guerra a las drogas a la regulación de la producción, la comercialización y el consumo de estupefacientes".

En 2005 se aprobó en Argentina la ley 26.052 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, que brinda la posibilidad a las provincias que deseen adherirse de perseguir la tenencia y la venta de drogas en pequeña escala, práctica conocida como el "narcomenudeo".

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires fundamentaba la necesidad de esta ley en que "…el consumo o tráfico de drogas provoca más del sesenta por ciento de los delitos que se comenten en la provincia… Más del 50 por ciento de los detenidos de la franja de 18 a 26 años tiene o tuvo compromisos con las drogas… El combate del narcotráfico es una cuestión de Estado…".

Sin embargo, un informe realizado en 2014 por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) verificó los resultados de esta desfederalización en la provincia de Buenos Aires: un incremento exponencial en la persecución de las conductas de tenencia simple y para consumo personal, cuyo índice de crecimiento ascendió al 199 por ciento, mientras que un 61 por ciento se registró en el resto del país (período 2005-2008). No sólo eso, sino que este aumento fue acompañado -nada más ni nada menos- que de un decaimiento a niveles mínimos de la persecución de los delitos más complejos del narcotráfico. Cabe el interrogante de si esta ley no es funcional entonces al narcotráfico.

Por otra parte, recordemos que la experiencia de la desfederalización en la provincia de Córdoba que data de 2012, tuvo como correlato un "narcoescándalo" de proporciones, en el cual escuchas, declaraciones de un informante de la policía y droga sin declarar encontrada en la jefatura de policía probaron que efectivos cobraban coimas a narcotraficantes.

En la actual coyuntura en la cual los discursos hegemónicos abonan la demonización de las drogas y una mirada ingenua de los narco-escenarios, resulta imperioso interrogar la percepción social del problema que permite avalar o cuestionar la propuesta de desfederalización de los delitos menores asociados a las drogas.

En el escenario contemporáneo enfrentar al enemigo actual, visualizado como "Las drogas" o "El narcotráfico", sin duda que tiene algunas ventajas. El combate de este mal se convierte entonces en un sinónimo de mejorar la calidad de vida de una población amedrentada por el avance de la inseguridad ciudadana y los delitos contra la propiedad. Se convierte en eje de discursos "políticamente correctos" en los cuales "el fenómeno narco" es la causal de todos los males.

En el marco de la inusual distribución de competencias que hace la ley 26.052 entre los Estados federal y provinciales, el tema de los recursos no es un tema menor. Por un lado, se preve que el Estado transfiera recursos para la aplicación de la ley de desfederalización al ámbito provincial. Por otro lado, cabe la pregunta sobre los alcances de la administración territorial de un conflicto y los riesgos de que devenga en administración de los recursos de un mercado ilegal, ilustrados por los fenómenos de connivencia y corrupción, lamentablemente registrados tanto en la historia del país como de la región.

Varios interrogantes insisten: ¿por qué a dieciocho años de la sanción de esta ley se halla hoy nuestra provincia debatiendo su adhesión? ¿Cuánto ha influido el fracaso de las políticas nacionales de drogas o el fracaso de las políticas regionales de seguridad? ¿O es acaso la demanda ciudadana de seguridad la que determina que, sin autocríticas, se avance contra la evidencia y los fundamentos de los especialistas?

Podríamos retomar el concepto filosófico-ontológico de simulacro en Baudrillard para pensar los efectos de la mediatización de los problemas asociados a las drogas, así como el rol de la política y la ética pública. De esta manera, lamentablemente, los usuarios de drogas siguen pagando con su cuerpo, sufrimiento psíquico y social y el etiquetamiento asociado, una política legislativa ineficaz e inhumana que continua penalizando la tenencia para consumo personal y el autocultivo en su ley 23.737. Recordemos que, según datos recientes de la Procunar en la provincia de Santa Fe, una de cada cuatro causas judiciales son por tenencia para consumo personal o tenencia simple. Con la ley 26.052 de desfederalización de los delitos de drogas no sólo se reproduce y amplia esta circunstancia ampliando el brazo punitivo del Estado federal al Estado y policía provincial, también los sectores más vulnerables pagarán con su libertad la persecución de los delitos menores de drogas.

Quienes pagarán el precio de este espejismo serán entonces no sólo los usuarios de drogas, sino los sujetos pobres, los eslabones iniciales de la cadena de comercialización que pueden ser pensados en relación a los delitos de subsistencia, los engranajes fácilmente sustituibles en la lógica narco.

Kevin que atiende un búnker en los márgenes de la ciudad en condiciones de absoluta precariedad, al punto de que casos similares han permitido pensar a sujetos como él como víctimas de trata. Recordemos que la ley 26.842 considera que existe trata "cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad". Y en la realidad de la mano de obra barata de los bunkers y los llamados soldaditos, aunque la actividad sea ilícita, pareciera frecuente dicha explotación. Las crónicas policiales nos ilustran holgadamente esta situación, como fue el caso de "Carpincho" que en 2013 mientras vendía drogas en una de las llamadas cuevas de La Florida le tiraron una botella de nafta que prendió fuego al colchón -el único objeto que había además de drogas en el habitáculo- y murió ahogado en medio del humo, con un 80 por ciento del cuerpo quemado al no poder abrir el candado que lo encerraba.

La abuela que comercializa en pequeñas cantidades drogas en un asentamiento urbano irregular para sostener una precaria economía de subsistencia y dar de comer a sus quince nietos.

O Jacky, una joven mula, que expone su cuerpo y su vida y además su libertad ingiriendo cápsulas con clorhidrato de cocaína para atravesar una frontera soñando un futuro mejor.

Si se eclipsa, desde una percepción equivocada del tema, la causa del problema es muy probable que se distorsione la respuesta. La causa del problema no es el consumidor, ni el vendedor de drogas en pequeñas cantidades, ni la precaria habitación en la que se las ofrece, o el soldadito que la custodia. Si seguimos persiguiendo a los eslabones más débiles y fácilmente sustituibles en el negocio de la droga, aggiornando con estadísticas de operativos focalizados en ellos, con el consecuente despliegue mediático, seguiremos sacrificando en la hoguera de la lucha contra la delincuencia a los más vulnerables. Quizá sea hora de resignar fórmulas vacías de contenido, eslogans que pueden sonar bien -como ¨Argentina sin narcotráfico¨ o ¨Venceremos a las drogas¨- en beneficio de una política de drogas en la cual la seguridad no sea sinónimo de restricción de políticas sociales y sanitarias y persecución y criminalización de la pobreza. Una política en la cual persecución del narcotráfico sea sinónimo de persecución de los que lucran con el negocio de la droga y no de quienes sobreviven en los márgenes de la ley gracias a las drogas y/o a pesar de ellas.

Seria sabio recordar la advertencia de Albert Einstein sobre la locura de hacer una y otra vez lo mismo, pero esperar resultados diferentes.