Domingo 09 de Agosto de 2020

Vicentin es un caso emblemático del modelo de agronegocios que se fue consolidando durante los últimos 30 años en Argentina. Apoyado en las innovaciones tecnológicas de punta, este modelo se "apalancó", como gustan decir los empresarios, en el aporte de capitales financieros y en una red de socios (propietarios de la tierra, prestadores de labores, proveedores de insumos, etcétera), coordinada por una administración profesionalizada al frente de la empresa. Aunque con base en el agro, este modelo conecta diversos sectores (empresas agropecuarias, multinacionales de agroinsumos, fondos de inversión, centros de innovación, industrias procesadoras de materia prima, exportadoras de commodities), generando una dinámica transectorial. Más allá de la integración vertical que tradicionalmente organizó las relaciones entre los diferentes eslabones de la agroindustria (control de la materia prima y de su procesamiento), este nuevo modelo aprovecha espacios de valorización del capital rentables que le permite entrar y salir de los diferentes eslabones de la cadena productiva con una gran flexibilidad.

Caso emblemático de este modelo, Vicentin es uno de los grandes jugadores nacionales del agronegocio. En primer lugar, comercia y procesa granos: de hecho, en 2019 fue la principal exportadora de aceite, harina y pellets de soja, por encima de otros gigantes como AGD, Cargill, Bunge y Dreyfus. Es una de las principales empresas productoras de biodiesel. Además, a través de veinte firmas que controla o de las que participa en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y España, administra dos terminales portuarias, industrializa algodón y semillas de oleaginosas, embotella aceites comestibles, faena hacienda vacuna y produce mosto y vinos, entre otras actividades. En 2018 ocupó el sexto lugar en el ranking de las 200 empresas de mayor facturación del país y el primero entre las cerealeras, dando cuenta de una trayectoria expansiva que, como expresan dos informes de Claudio Lozano, fue muy superior a la del conjunto de esas empresas entre 2014 y 2018.

La conexión agro-finanzas es clave para explicar la expansión de Vicentin, sobre todo a partir de dos decisiones. La primera es la creación en 2006 de la empresa Renova SA, en sociedad con la multinacional Glencore, compañía suiza dedicada a la producción de metales, minerales y materias primas agrícolas. Renova es propietaria de la planta procesadora de oleaginosas más grande del mundo por su capacidad de molienda diaria. En diciembre de 2019, ya acosada por las deudas, Vicentin transfirió a su socia el 16,7 por ciento de su paquete accionario en la empresa, lo que le permitió a Glencore a detentar el control de Renova.

La segunda situación es la participación de entidades financieras internacionales en el negocio de Vicentin, entre ellas la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. La IFC es una de las más importantes desarrolladoras de derivados financieros no tradicionales que se expandieron con la crisis mundial de 2008. En 2009 creó el Global Index Insurance Facility, un índice global de seguros indexados (GIIF por sus siglas en inglés), a través del cual canaliza capitales de inversores institucionales y privados hacia proyectos agrícolas. Ello ha incluido la formación de un fondo específico para solventar la salida de inversores de operatorias en mercados emergentes.

La lógica financiera que permitió la expansión de Vicentin tuvo una traducción contable compleja. Luego de un meticuloso análisis, el Banco Nación, principal acreedor argentino de la empresa, afirmó, con datos del balance de la propia compañía, que "ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin". La investigación afirma que el default se explica por un complejo entramado de factores (balance entre deuda en pesos y en dólares, transacciones intragrupo y fragilidad de la estructura patrimonial ante variaciones del tipo de cambio), entre los cuales la "off-shorización" de activos habría jugado un rol no menor (incluso empresas del propio grupo figuran entre los acreedores). El clima político, marcado por el cambio de alianzas económico-políticas al frente del Estado tras la derrota de Mauricio Macri, impuso el fin del período de gracia que había obtenido durante la gestión cambiemita.

Efectos de la financiarización

Esta dinámica de financiarización del sector agroalimentario tiene mayores implicancias que las ya significativas lógicas rentísticas —es decir, las ganancias obtenidas por capitales "no productivos"— asociadas tradicionalmente al campo. La penetración de las finanzas potencia la especulación, traccionada en las últimas décadas por la creciente transformación de los alimentos, los commodities, la tierra y el riesgo de la actividad agrícola en activos financieros "no tradicionales".

En la configuración de los grandes jugadores del agronegocio, las lógicas financieras y las lógicas productivas están fuertemente entrelazadas. Los grandes volúmenes productivos y comerciales que han llegado a controlar estas empresas resultan, en buena medida, del acceso a importantes magnitudes de capital gracias a la asociación con capitales financieros (mediante fideicomisos, joint-ventures, fondos de inversión agrícola, etcétera). En general, cuanto más altos son los montos de esas inversiones, más se orientan a productores de gran escala o a empresas que controlan posiciones estratégicas en la cadena de valor, en tanto es este tipo de actores el que mejor asegura la rentabilidad de las inversiones. En otras palabras, las operaciones de los grandes jugadores del negocio agrícola dependen crecientemente de la inyección de fondos financieros de riesgo.

¿Por qué el capital financiero especulativo se interesa por el agro? La capacidad de atraer estas inversiones descansa en la doble experticia demostrada por estas empresas: por un lado, organizan exitosamente la dinámica productiva y comercial; por otro, aseguran la captación de ganancias financieras (a través del adelanto de insumos o créditos a proveedores de materia prima y servicios, la operatoria de liquidación de divisas, el manejo del IVA, etc.). Entre 2003 y 2015 las tasas de inversión productiva de las empresas dedicadas a la producción agropecuaria y agroalimentaria en el país se mantuvieron relativamente constantes, siempre por debajo de los márgenes de beneficios, que se incrementaron de manera exponencial a lo largo de ese período. Esta diferencia se explica por el hecho de que las inversiones financieras de las empresas adquirieron una relevancia creciente en sus resultados operativos: en 2015 ese componente financiero rondó el 27 por ciento de los beneficios agregados de la industria alimenticia y un 7 por ciento de los de los productores de materias primas.

Socios

El segundo aspecto que hace de Vicentin un caso emblemático del modelo de agronegocios es el modo en que intervienen los diversos socios en el negocio agrícola y las diferentes capacidades para "salir parados" frente a las incertidumbres propias de la lógica financiera. En efecto, Vicentin llevó adelante una política de expansión a otros países y de diversificación sectorial como un mecanismo de gestión del riesgo que le permitió una mayor flexibilidad a la hora de ajustar costos (eludir pago de impuestos, por ejemplo) y maximizar inversiones (en relación a la tasa de cambio, al costo del capital, etc.). Tal como se desprende del informe de Lozano, mediante las transacciones entre los diversos nodos-empresas del grupo (Vicentin Uruguay, Vicentin Paraguay y Renova) logró maximizar sus inversiones distribuyendo beneficios en función de las coyunturas regulatorias y económicas en cada país y los sectores más pujantes a nivel no sólo local o regional sino también global.

Las oportunidades de negocio que genera la flexibilización productivo-financiera contrastan con las dinámicas que atenazan a los componentes más territorializados del modelo de agronegocio: los prestadores de labores agrícolas, los trabajadores rurales, los proveedores de materia prima. Frente a la incertidumbre de la lógica financiera, estos actores tienen menos capacidad de reacomodarse y, por lo tanto, sufren de manera más directa cuando el negocio entra en crisis.

El default de Vicentin pone en escena el impacto diferencial del agronegocio en los componentes de la red, discriminando entre "perdedores" (los casi 5500 empleados de la empresa, los productores que proveyeron los granos, a los cuales se les adeudan 350 millones de dólares, la banca nacional y la privada, entre otros) y "ganadores" (Glencore Agriculture, Vicentin Family Group y los socios financieros). Es esta cartografía social del agronegocio la que permite comprender las posiciones adoptadas por los dirigentes del agro: además de los sindicatos de San Lorenzo y Reconquista y la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso, se manifestaron a favor de la intervención los representantes de los productores-acreedores de Vicentin y Coninagro, que agrupa a las cooperativas.

Qué hacer

En esta dialéctica entre sectores, lógicas productivo-financieras y escalas "glocales", el Estado debe construir una posición acorde con su rol de árbitro de intereses y regulador de la arena política. Pero debe hacerlo con eficacia, de modo de no ver socavada su autoridad, que es lo que ocurrió con el proyecto de intervención y expropiación finalmente anulado por el gobierno. El caso Vicentin es entonces también emblemático en esta disyuntiva: ¿qué acción política representa con eficacia material y simbólica el bien común en las condiciones del capitalismo global y financiarizado?

En este sentido, uno de los argumentos más discutidos refiere a la necesidad (o no) de regular el mercado de granos. Un instrumento generalmente utilizado para dicha regulación es fijar precios testigos. Pero, ¿qué es un precio testigo? ¿Cómo establecerlo? Dado el entrelazamiento productivo-financiero propio del modelo de agronegocios, dichos precios son parte de un escenario cuyas coordenadas son establecidas por actores que operan a escala global, más allá del carácter nacional o extranjero de su capital. Esto incide en la orientación del perfil productivo de la actividad agroalimentaria, el cual, cabe subrayar una vez más, no está definido solo por la demanda de alimentos de millones de habitantes sino por las expectativas de ganancias financieras. Todo ello tiene directas consecuencias para la acción del Estado, ya que encuentra crecientes dificultades para ejercer su rol de regulador de estas actividades.

Los investigadores Jennifer Clapp y Ryan Isakson hablan de "cosechas especulativas" para dar cuenta de las conexiones entre finanzas, agricultura y alimentos en el campo de hoy. En este marco, cualquier intervención orientada a regular el mercado de granos debe contemplar reformas en el sistema de financiamiento de la actividad. En suma, una intervención sin dominio de otras variables centrales a la lógica del agronegocio poco podrá hacer para desalentar la concentración corporativa, aunque pueda brindar recursos fiscales al Estado o ayudarlo a controlar el mercado de cambios. Tampoco estará a la altura de promover de modo eficiente una transición hacia modelos de producción sustentables, como el agroecológico.

La hegemonía del agronegocio no se alterará mientras no se desarme el nudo gordiano que liga la provisión de alimentos a la especulación financiera.

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