Opinión

Jueces y Ganancias

Debates. Una de las garantías constitucionales de la independencia judicial es la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados.

Lunes 17 de Diciembre de 2018

Asistimos a un intenso debate en torno a la situación de los magistrados y el pago del impuesto a las ganancias. Nuestro sistema político y constitucional se estructura a partir de la idea de distribución de funciones estatales entre órganos que gozan de cierta autonomía entre sí. Es la denominada "división de poderes". Esta idea básica, desde las primeras revoluciones liberales y hasta la actualidad, se erigió como una técnica que tendía esencialmente a proteger las libertades individuales frente al poder estatal.


En nuestro sistema constitucional se le asignó al Poder Judicial la función de resolver los conflictos intersubjetivos en base a las reglas establecidas por el Congreso y también se le dio la responsabilidad institucional de ejercer el control de constitucionalidad de los actos estatales.

Como resguardo para el correcto ejercicio de esas funciones, nuestro sistema contempla una serie de mecanismos que tienden a preservar la independencia de los jueces. La independencia constitucional del Poder Judicial tiene un aspecto colectivo (independencia de la magistratura) que tiende a preservar la autonomía de las estructuras judiciales como un "todo" respecto de los otros poderes gubernamentales; y un aspecto subjetivo o individual que tiende a asegurar al juez la posibilidad de resolver los casos llevados a su conocimiento sin influencias o presiones que puedan afectar su imparcialidad. En definitiva, es claro que la garantía de independencia está predispuesta como un medio para asegurar a los ciudadanos que los conflictos que planteen ante la Justicia sean resueltos por magistrados que se encuentren libres de cualquier interferencia o coacción externa.Y ello así por cuanto la Justicia es el último resguardo que tienen los derechos y libertades individuales frente a cualquier vulneración.

Una de las garantías constitucionales de la independencia judicial es la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados. Es un mecanismo que prohíbe a los poderes públicos disminuir las remuneraciones de los magistrados.

La garantía busca impedir el disciplinamiento o domesticación de la justicia por parte de los poderes públicos que manejan el presupuesto, partiendo de la idea expresada por Hamilton en "El Federalista" de que "un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad". Además, busca otorgar tranquilidad y seguridad económica para posibilitar un ejercicio exclusivo y eficiente de la función. Para esto es fundamental que las políticas salariales estén debidamente normativizadas, de manera tal de brindar seguridad jurídica y previsibilidad a los operadores judiciales.

De este modo, y como lo ha dicho reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la intangiblidad es una garantía de la independencia judicial que protege tanto a la estructura institucional judicial como al juez en tanto órgano estatal individual. Siguiendo tal tesitura, la Corte en varias oportunidades ha resuelto que la intangibilidad comprende la no reducción de las remuneraciones judiciales por impuestos que las graven de manera directa (fallos: 176:73; 187:687; 191:65; 324:1177; 337:179, entre otros).

Partiendo de esta perspectiva, las iniciativas legislativas que propician la aplicación indiscriminada del régimen de ganancias a los magistrados judiciales presentan problemas concretos en términos de respeto a la independencia judicial. Principalmente, ponen en crisis la idea básica que sirve de fundamento a la intangibilidad de las remuneraciones judiciales: evitar el disciplinamiento de las estructuras judiciales mediante el manejo de la política presupuestaria y la política tributaria y fiscal.

Por una parte, posibilitan un manejo discrecional de las exenciones, deducciones, alícuotas y demás elementos del régimen. Ello es lo que se observa en los últimos tiempos, donde se produjo una reforma legislativa con vigencia a partir de enero de 2017 con la finalidad de solucionar este "problema" mediante una medida de carácter gradual y, poco tiempo después, se vuelven a proponer modificaciones legislativas cambiando nuevamente el régimen y los sujetos alcanzados. Ello va en contra de la seguridad jurídica y de la previsibilidad que la Constitución busca preservar.

Por otra parte, la aplicación lisa y llana del régimen de la ley 27.346 tiene el efecto de poner bajo el control directo de un órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo nacional a todas las estructuras judiciales del país. Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y todas las Cortes Supremas y Tribunales Superiores de Provincia, como órganos supremos de distintas estructuras judiciales, quedan expuestos al ejercicio de todas las potestades que el ordenamiento normativo, en general, reconoce a la Afip sobre los particulares contribuyentes. Así, el disciplinamiento o subordinación que la Constitución busca evitar a través de la garantía de intangibilidad de remuneraciones aparece burlado de manera evidente al surgir una herramienta directa de presión que pueden utilizar los Ejecutivos, en determinadas coyunturas, sobre los tribunales federales o provinciales.

La mera enunciación de derechos y libertades en un texto constitucional carece de sentido si, a la vez, no se prevén mecanismos e instituciones que garanticen su vigencia. Si esas instituciones ven menguada o afectada su independencia, el propio sistema de derechos va a tener una protección también menguada o condicionada por la voluntad de los detentadores de poder que cuenten con herramientas para torcer las decisiones de los tribunales. Y lo mismo puede sostenerse sobre el funcionamiento de los procedimientos democráticos, en tanto los mecanismos judiciales que los resguardan pueden ser también alcanzados por el fenómeno que estamos describiendo.

Ninguna de las iniciativas legislativas y ninguno de los discursos que se esgrimen en el espacio público se hace cargo de estas cuestiones ni, mucho menos, expresa alguna preocupación por preservar esos principios que son esenciales para nuestra organización política y constitucional. No puede pensarse en un contenido esencial de la igualdad y de las libertades públicas sin una justicia independiente que lo garantice.

De la seriedad con que se efectúe el abordaje legislativo de este tema dependerá la calidad del sistema de protección de libertades y de procedimientos democráticos que podamos tener todos los ciudadanos y ciudadanas de esta República.


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