Opinión

Jueces, abogados y ganancias

Impuesto a las Ganancias. Asistimos con perplejidad a un intento del poder político tributario del Estado de someter al Poder Judicial.

Miércoles 19 de Diciembre de 2018

Abogados y jueces, jueces y abogados asistimos con igual perplejidad a un intento del poder político tributario del Estado de someter al Poder Judicial, último garante de los derechos, a ese poder político.


Si entendemos que el trabajador judicial (actual o futuro) -y cualquier otro trabajador- para poder satisfacer necesidades humanas básicas, tales como alimento, abrigo, vivienda, salud, educación entre otras, utiliza su salario, es obsceno considerar que el salario pueda ser ganancia. Pero ahora nos ocuparemos del caso del impuesto a las ganancias que deberán pagar abogados y jueces cuyo nombramiento sea posterior a 2017.

Lo diremos claro, la ley 27.346 (conocida vulgarmente como "ley de impuesto a las ganancias", ahora denominado "Impuesto a los ingresos de las personas humanas y de las ganancias empresarias") es inconstitucional y consecuentemente la resolución de la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Nº 2.310, implementada en base a la resolución general de Afip RG Nro. 4003 también lo es.

Nuestra Constitución provincial establece que: "Artículo 88. Los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones. Cesa su inamovilidad a los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de obtener jubilación ordinaria. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado"

El último párrafo es categórico: su remuneración no puede ser suspendida; su remuneración no puede ser disminuida; si se suspendiere o disminuyere requiere: A) una ley de carácter general, B) una ley de carácter general y transitorio, C) una ley de carácter general y transitorio, extensiva a todos los poderes del Estado.

En nuestra visión todos los poderes del Estado, son todos los poderes del Estado. Todo el Poder Ejecutivo, todo el Poder Legislativo y todo el Poder Judicial. No solo el Poder Judicial cuyo nombramiento operó luego del año 2017. Y ese es uno de los puntos más graves.

Como bien menciona Ivan Kvasina en una nota de opinión aparecida en estas mismas columnas, la jurisprudencia de la CSJN ha sido unánime en decir que la garantía constitucional de intangibilidad de los salarios, comprende la no reducción de las remuneraciones judiciales por impuestos que las graven de manera directa.

Y esto es así porque la imposición de un impuesto, resulta una forma "disimulada" de reducir sus remuneraciones. Y una vez que se permite dicha reducción, la alícuota por la cual se le va a reducir el salario a nuestros magistrados queda absolutamente a merced del poder político.

Podríamos malpensar que el Poder Ejecutivo podría amenazar al Poder Judicial de que en caso de no colaborar con los objetivos de su agenda política, correría el riesgo de perder unos cuantos miles de pesos en su remuneración mensual, que si bien se encuadran en la figura jurídica del "cobro de impuesto", en la práctica ese dinero no pasa si quiera por las manos del magistrado, siendo en realidad una retención que el Estado nacional realiza del dinero que el Estado provincial está pagando a sus magistrados.

No hacen falta sesudos estudios económicos que nos indiquen respecto del dinero que el Estado se "ahorraría" con el cobro de este impuesto, es insignificante en relación a otros tributos o medidas que han tenido altos niveles de polémica y litigiosidad, como las retenciones a las agroexportaciones, la quita de impuestos a las mineras o petroleras, o la modificación de la fórmula en las jubilaciones.

Como vemos, bajo el paraguas de la pretendida igualdad ("que todos paguen ganancias") encontramos una perversa herramienta de presión ante el último bastión del poder, sobre todo en un sistema jurídico cuya nota distintiva es el control de constitucionalidad difuso. En resumen, cualquier juez puede ser enemigo del poder.

El ejercicio de la magistratura no debe ser un privilegio, sino un lugar de enorme responsabilidad. Y el abogado que litiga, el justiciable que soporta su fallo debe confiar en ese magistrado y en su entereza.

Ser magistrado tiene diversísimas restricciones: no pueden integrar actos políticos o incluso tiene prohibido realizar comentarios o afirmaciones que explícitamente traduzcan una filiación política partidaria; ni ser parte de entidades que comprometan la dignidad del cargo o interfieran sus actividades judiciales; incluso se les prohíbe participar en actos o espectáculos, o concurrir a lugares, o reunirse con personas, que puedan afectar la credibilidad y el respeto propio de la función judicial.

Es que históricamente se ha interpretado que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y el poder que la sociedad otorga a los jueces es tan grande, el deber tan importante, que se ha querido defender su independencia celosamente, al punto tal de que pudiera livianamente pensarse que estas restricciones parecerían excesivas, pero todo forma parte de un sistema, de un mecanismo que busca cuidar la independencia del magistrado, y como en todo sistema, no se puede tocar un componente sin que se altere el resultado final.

Ahora, qué sucede con la violación a la igualdad en el acceso a oportunidades entre abogados y abogadas de la profesión (litigantes), y aquellos que desarrollaron su carrera dentro del Poder Judicial. Legítimamente tendría derecho un abogado o abogada litigante a querer acceder a altos cargos dentro del Poder Judicial, pero ¿Lo haría? ¿Lo haría sabiendo que el día que ingrese, pasará a cobrar un —supongamos- 35 por ciento menos que su colega de al lado, por el solo hecho de haber desarrollado su carrera por fuera del Poder Judicial? ¿Se privilegia el ingreso de los mejores? ¿O se privilegia con un porcentaje superior de sueldo al ascenso de los que están? Podríamos proyectar y decir que las desigualdades se van a dar por lo menos hasta diciembre del año 2046 (o más), cuando se jubile el agente judicial que haya ingresado así más no sea como Ordenanza al Poder Judicial antes del año 2017. En ese año 2046, el ex ordenanza ahora juez va a seguir ganando un porcentaje muy superior que su colega ex abogado ahora juez, que ingresó dos meses después.

Como vemos, la desigualdad es flagrante, y un sistema democrático debería repugnar una ley así.


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