Hay mucho por hacer y hay lugar para todos

Reflexiones, por Roberto Falistocco. En numerosas oportunidades he dicho públicamente que aspiramos desde el Poder Judicial a que "tengamos Tribunales con puertas bien abiertas", en referencia a que es saludable debatir y opinar sobre el funcionamiento y los resultados del servicio de justicia, teniendo en cuenta que están en juego nada menos que los derechos, los bienes e incluso el estilo de vida de toda la comunidad.
27 de mayo 2009 · 01:00hs

En numerosas oportunidades he dicho públicamente que aspiramos desde el Poder Judicial a que "tengamos Tribunales con puertas bien abiertas", en referencia a que es saludable debatir y opinar sobre el funcionamiento y los resultados del servicio de justicia, teniendo en cuenta que están en juego nada menos que los derechos, los bienes e incluso el estilo de vida de toda la comunidad. Nada que afecte a este poder del Estado debe permanecer oculto entre cuatro paredes; por eso consideramos legítimo y hasta necesario todo intercambio de ideas al respecto, incluyendo las denominadas "incumbencias profesionales" que suelen ser motivo de controversias. En este sentido, se viene debatiendo de qué manera desjudicializar la problemática sociedad en que nos toca actuar y cómo incluir en esa estrategia a las llamadas "soluciones alternativas" para resolver conflictos. El Poder Judicial santafesino tiene mucho que decir al respecto porque discute este tema desde hace años.

En febrero de 1999 –hace poco más de una década– comenzaba a funcionar el servicio de mediación del Poder Judicial santafesino. Ya por entonces se tenía la certeza de que la cultura del pleito como alternativa única, tan enraizada en nuestra sociedad, debía empezar a ceder espacio a nuevos modelos de resolución de conflictos, entre ellos la mediación. Desde entonces, en 8.756 ocasiones el servicio de mediación del Poder Judicial –integrado por agentes de la institución– fue convocado para intervenir en alguna disputa entre partes; en el 88 por ciento de los casos, la intervención fue aceptada por las partes, que lograron ponerse de acuerdo –evitando el pleito– en el 63,7 por ciento de las veces. Todo tipo de conflictos se resolvieron así, mediador profesional mediante: problemas de familia (51 por ciento), contractuales (46 por ciento), extracontractuales (3 por ciento). La contundencia de las cifras ameritan reflexiones que las contextualicen, porque los hechos confirmaron las certezas de hace diez años: ya nadie podrá obviar la realidad de que desde el mismo Poder Judicial se comenzó a desmoronar, de manera incipiente, la cultura del pleito por el pleito mismo; hemos demostrado que hay maneras exitosas de encauzar una situación traumática sin llegar al estrado del juez; que un profesional debidamente entrenado es capaz de mostrar este camino y de convencer a las partes de que hay formas amigables de componer intereses si aquéllas se avienen a dialogar sin prejuicios; y comprobamos que los conflictos así resueltos aportan a la imprescindible desjudicialización de la vida moderna y alivian el trabajo de los juzgados, de por sí al límite de su capacidad; y también que la ciudadanía empieza a comprender que el pleito es la instancia última, no la única.

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Corroborado el diagnóstico, probado el éxito de una herramienta, la mediación se convirtió en los últimos años en tema permanente de la agenda de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Está presente en cada una de las numerosas entrevistas con los poderes Ejecutivo y Legislativo, de esta administración y de las anteriores. Formó parte de la temática abordada por el Plan Estratégico, donde se consensuó un proyecto de ley que establece su obligatoriedad (actualmente es optativa) y que coincide con otros proyectos similares que están a consideración de los legisladores.

No se habrían alcanzado estos resultados si no hubiéramos contado con el elemento humano que hace posible la existencia del servicio. Quienes asumieron el desafío son miembros del Poder Judicial que destinaron, primero, numerosas horas de su tiempo para capacitarse –y luego capacitar a otros–, sin recibir remuneración extra alguna y en horarios que no afectaron sus tareas habituales. Luego, ya en marcha el servicio, siguieron –y siguen– aportando su saber para el éxito de la mediación en esas mismas condiciones. Sin embargo, se han cuestionado recientemente estas labores extra de los mediadores, por considerar que van en detrimento de las tareas específicas que por ley corresponden al Poder Judicial y a sus empleados, extendiendo incluso esa crítica a las actividades matutinas. Señalan que debería dedicarse ese esfuerzo a poner al día los juzgados que estuvieran en mora. Quienes así opinan pasan por alto un dato para nada menor que invalida la argumentación: los mediadores con que cuenta el Poder Judicial son 363, distribuidos en toda la provincia; haciendo un promedio de los últimos tres años entre casos aceptados y cantidad de mediadores, concluimos que cada uno de ellos recibe 1,63 causa por año, cifra que nos permite afirmar que de ninguna manera puede verse afectado el trabajo normal de las dependencias judiciales con ese nivel de requerimiento del servicio de mediación, porque la importante cantidad de agentes judiciales con los que contamos para mediar así lo hace posible. Cerca de 400 mediadores cubren todo el territorio santafesino, aun aquellos pueblos pequeños en los que sólo hay un juez comunal, acercando de esta manera la Justicia a la gente y contribuyendo a la cohesión social solucionando conflictos de sus habitantes a través de esos jueces comunales entrenados como mediadores. Además, la Corte cumple de esta manera con su obligación de proponer soluciones para mejorar el servicio de justicia en todos los rincones de la provincia.

Nadie pone en duda el valor de la mediación como método que contribuye a la desjudicialización de la sociedad y a la cohesión social. Tanto así es que esta Corte impulsa decididamente que se la considere un paso obligatorio antes de iniciar un juicio. De prosperar esta iniciativa –ampliamente compartida en otros estamentos comunitarios–, sabemos que la estructura del Poder Judicial se verá desbordada, más aún cuando el trámite deba realizarse en horario matutino. Se abrirá entonces un amplio abanico de oportunidades profesionales para los abogados –que se agregarán a otra posibilidad laboral ya tradicional, si se tiene en cuenta que el 40 por ciento de los empleados que ingresan al Poder Judicial, examen mediante, son abogados–. Apelando a la memoria y respetuosos como hemos sido siempre de las incumbencias de los colegios profesionales, debería reconocerse que la Corte Suprema viene bregando desde hace años frente a los otros poderes del Estado para que los pasos señalados respecto de la mediación se corporicen en una norma que no deje lugar a dudas, tanto sobre su obligatoriedad como acerca de las incumbencias de cada uno, decisiones que corresponden en definitiva a los poderes políticos. Y no es el único paso que hemos dado para aliviar la enorme litigiosidad que satura nuestros tribunales –recuérdese que en 2008 ingresaron 498 mil causas; cada seis santafesinos, uno introdujo un pleito, o, para recurrir a una metáfora, podríamos decir que uno de cada seis niños santafesinos que nace trae un expediente bajo el brazo y no un pan. En la misma dirección, seguimos insistiendo en la creación de los tribunales de pequeñas causas, en la incorporación del arbitraje y en la utilización de los criterios de oportunidad que nos permite la nueva legislación, entre los cuales se incluye la mediación penal bajo las condiciones que establezca una norma específica que determine, entre otras cosas, su posible obligatoriedad y su eventual costo, por cuanto sería embarazoso para un juez penal derivar una causa a mediación paga sin una ley que lo habilite explícitamente. Somos conscientes de que, aunque reclamamos la apertura de nuevos juzgados, ello por sí solo no alcanzará: se impone ensayar nuevos caminos que impliquen cambios sustanciales en nuestra organización y funcionamiento, reconociendo que la Justicia debe ser considerada una cuestión de Estado y no un problema del Poder Judicial y los profesionales involucrados. En definitiva, no se trata de "aggiornar" nuestro modelo de gestión sino de operar un cambio sustancial, advertidos como estamos de que la Argentina, en materia de gestión, ha desperdiciado todo el siglo XX. Mucho incidirá para ello la máxima explotación de la informatización y las reformas de los códigos de procedimientos. Cuestiones éstas sobre las que nadie podrá dudar de los esfuerzos y pasos que hemos dado.

Cuando se observan todas las tareas que tenemos a futuro para mejorar el servicio de justicia –en las que los abogados están siempre necesariamente incluidos– no parece oportuno poner en duda con expresiones públicas la labor y dedicación de nuestros jueces en general, sin individualizar casos concretos, por cuanto nuestras estadísticas claramente indican que, en todos los fueros y como promedio, nuestros magistrados dictan una sentencia cada dos días. En este resultado no debe olvidarse la contribución de funcionarios y empleados del Poder Judicial que lo hacen posible.

No es casual que una frase hoy escuchada hasta el hartazgo sea "Nos vemos en la Justicia", porque nuestra sociedad trae a los Tribunales todo tipo de conflictos, desde el más simple al más complejo, haciendo un uso válido de sus nuevos derechos; somos conscientes también de que la gente siente un comprensible desaliento cuando las cosas no se resuelven en tiempo y forma. Pero debe saber la comunidad que los problemas y las soluciones de fondo _salud, medio ambiente, seguridad, minoridad_ no están a nuestro alcance, que dependen en mayor medida de los poderes Ejecutivo y Legislativo y que por eso tienen que formar parte de la agenda común del Estado santafesino, tal como lo estamos encauzando.

Aspiramos a seguir transitando un camino de diálogo y consenso con todos los sectores involucrados. Pero no puedo dejar de mencionar, además de lo hasta aquí dicho, que mucho contribuirá para ello evitar enancarse en denuncias altisonantes que no fueran canalizadas por donde corresponde –y sobre las que no siempre se aportan pruebas de la misma entidad que los cargos que se formulan–, para desde allí efectuar críticas generalizadas al Poder Judicial. Son actitudes que terminan arrojando un manto de duda sobre todos los agentes judiciales y que provocan una reacción en cadena de quienes se sienten afectados u ofendidos, escalada que distrae la atención de tantas situaciones con diagnóstico compartido y soluciones consensuadas. Lo correcto, justo y necesario es encolumnarse detrás de las propuestas que seguramente nos encontrarán unidos trabajando por un Poder Judicial más eficiente, tal como lo reclama la ciudadanía santafesina.

(*) Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

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