Opinión

Glifosato: el lado B de un papelón

Domingo 03 de Diciembre de 2017

Aunque la presión de las corporaciones sojeras al municipio y el Concejo Municipal para tumbar la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en Rosario se percibió recién esta semana, el trabajo fino de esas organizaciones para lograr su propósito comenzó varios días antes. Ni bien se enteraron de que el Concejo Municipal había votado por unanimidad esa norma en la sesión del 16 de noviembre, las entidades vinculadas a los negocios agrarios apelaron a todos sus contactos y su poder lobbista para que el cuerpo legislativo local diera marcha atrás con esa decisión. Como se sabe, ya dieron el primer paso.

Los primeros días no les resultó fácil llegar hasta donde querían. Es que el 21 de noviembre se produjo el cambio de ministro de Agricultura de la Nación (se fue Ricardo Buryaile y asumió Luis Miguel Etchevehere) y eso retrasó sus gestiones. Pero en algún momento lograron que en la cartera vinculada al campo les atendiera el teléfono y la operación para darle un mazazo a la ordenanza rosarina empezó a tomar forma.

Se desconoce si el tema llegó a oídos del propio presidente Mauricio Macri, pero es seguro que Etchevehere lo supo. Luego se puso en marcha un mecanismo que emplea el gobierno nacional para bajarles línea a sus legisladores nacionales y provinciales, y también a sus concejales en cualquier lugar del país. A los ediles del PRO en Rosario les bajó entonces una "circular" en la que recibieron un tirón de orejas por lo que habían votado y les hicieron saber cuál es la posición del gobierno nacional sobre el uso del glifosato.

El objetivo explícito y declarado era "dejar sin efecto" la ordenanza propuesta por el concejal Osvaldo Miatello y votada por unanimidad por los ediles rosarinos el 16 de noviembre. Pero en la búsqueda de ese propósito no sólo serían determinantes los ediles del PRO. Por esa razón, las corporaciones vinculadas a la producción de soja ya habían iniciado un fuerte pressing sobre el municipio y el Concejo a través de instituciones locales. El objetivo, claro, era que los concejales socialistas también dieran marcha atrás.

Uno de los argumentos que Cambiemos les bajó a sus ediles en Rosario es que aquí ya existe una norma que regula el uso de productos como el glifosato. Se trata de la ordenanza 8871, sancionada en diciembre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial Nº 200 del municipio el 27 de enero de 2012. Según el PRO, aquella norma sólo se cumple parcialmente y eso abría una ventana a la posibilidad de dar marcha atrás con la que se sancionó por unanimidad hace dos semanas.

Lo que le preocupó al gobierno de Cambiemos sobre lo que habían aprobado los concejales rosarinos es el antecedente que crearía para otros municipios. Hubo preocupación por el hecho de que otras ciudades y pueblos del país imitaran la norma local, y ese temor no nació de un repollo: se lo habían transmitido los hábiles y poderosos lobbistas de las grandes corporaciones sojeras.

Aunque sabían que harían un papelón, los concejales del PRO entendieron el mensaje, fueron disciplinados y propusieron dar marcha atrás con la prohibición del glifosato que ellos mismos habían aprobado. Lo mismo hicieron los del socialismo. Y a ellos se sumaron otros tres miembros del cuerpo. Aún así, no está claro que en la sesión del jueves puedan modificar lo que todos ya convirtieron en norma.

Entre quienes cambiaron su posición en apenas dos semanas circula un argumento para explicarlo que de tan ingenuo se les vuelve en contra: dicen que antes sólo escucharon a las organizaciones ambientalistas y no convocaron a las entidades agropecuarias. Si es cierto, lo menos que se puede decir es que no tomaron el tema con la seriedad que debían. Ahora tienen dos problemas: ver si consiguen meter la marcha atrás, algo que aún está en veremos, y al mismo tiempo enfrentarse a las justificadas suspicacias que su cambio de actitud instaló entre los rosarinos.

¿O acaso creyeron que semejante escándalo pasaría desapercibido?

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