Opinión

Familias solidarias y adopción

Infancia. La legislación garantiza el derecho de los menores a una familia adoptiva cuando la propia no puede procurarles los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales.

Martes 13 de Marzo de 2018

La legislación vigente ha trazado diversos senderos para garantizar el derecho de los niños a una familia adoptiva cuando la propia no puede procurarles "los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales".

Uno de ellos se inicia con la determinación por parte del Poder Ejecutivo de una "medida excepcional", las que son dispuestas en casos de gravísima vulneración de derechos de los niños y se concretan mediante el retiro provisorio de su centro de vida. La tarea de la administración pública consiste en lograr que esos niños vuelvan con su familia biológica y, si ello no es posible, hallarles una situación familiar que garantice su superior interés. La adopción es una de ellas.

Desde que se hace efectiva la medida excepcional, el Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de seis meses para sugerir a los jueces de familia que los niños sean declarados en situación de adoptabilidad. Los jueces tienen noventa días para resolver y, si lo hacen afirmativamente, deben requerir al Registro de Adoptantes la nómina de postulantes y antecedentes que ese Registro haya seleccionado conjuntamente con la autoridad administrativa para esos niños en particular. Entre ellos los jueces eligen a quienes recibirán a los niños en guarda preadoptiva por un lapso de seis meses. Una vez vencido ese plazo y, de acuerdo a los informes de cada caso en particular, se dicta la sentencia de adopción.

Volvamos atrás unos pasos. Cuando el Poder Ejecutivo retira a los niños de su centro de vida es claro que debe asignarles un lugar donde vivir. En primer término intentará que permanezcan con sus familiares directos (abuelos, tíos, hermanos, primos, referentes afectivos). Si ello no es viable, una posibilidad es alojarlos en hogares o instituciones. Como una alternativa a la institucionalización, el Programa "Familias Solidarias" busca contener a los niños en el seno de una familia distinta de la biológica.

La permanencia de los niños con otros parientes, con familias solidarias o en instituciones es esencialmente provisoria y acotada en el tiempo. Como ya adelantara, el objetivo es brindarles un lugar donde vivir, recibir afecto y cubrir sus necesidades mientras se procura que vuelva a convivir con su familia de origen o se logre una situación definitiva distinta. La adopción -que importa incorporar a esos niños en carácter de hijos dentro de la familia- no es uno de sus objetivos.

El Programa "Familias Solidarias" ha sido implementado por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Quienes se inscriben son adultos plenamente capaces que aceptan las reglas establecidas en él. Con solo ingresar en la página web del Programa puede leerse, sin lugar a duda alguna, que uno de los requisitos para quienes deseen inscribirse es, precisamente, no aspirar a la adopción de los niños que reciben a su cuidado y no estar inscripto en el Registro de Adoptantes.

¿Pueden entonces estas familias pretender la adopción de esos niños? Conforme con lo que se viene detallando la respuesta es negativa tanto desde el punto de vista reglamentario como del propio Código Civil y Comercial. Hay que tener presente que, para que la adopción sea válida, la familia adoptiva tiene que estar inscripta en el Registro de Adoptantes y que la familia solidaria para ser tal no puede estar incorporada a ese Registro.

Ahora bien, vemos periódicamente que hay "familias solidarias" que, luego de transcurrido cierto tiempo más o menos prolongado, pretenden la adopción de los niños bajo su cuidado (y en algunos casos lo logran). Esta situación no deseada por el programa obliga realizar, al menos, una doble reflexión. Por un lado por qué razón los plazos se extienden mucho más allá de los seis meses que debe durar la medida excepcional y que no son prorrogables de modo alguno. Por otro, cómo se seleccionan las familias, qué ayuda se les brinda para afrontar la dificilísima tarea de recibir a unos niños y luego poder desprenderse de los mismos y qué controles periódicos se les realizan.

¿Son ilegales estas pretensiones adoptivas realizadas por "familias solidarias"? Aunque parezca una gran contradicción con lo explicado anteriormente la respuesta es "no". Sucede que por sobre las normas civiles y reglamentarias está la Convención Internacional de los Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional y ordena a los jueces y a los funcionarios estar siempre en favor del "superior interés del niño". En este punto, la actuación del "abogado del niño" desde el inicio del procedimiento administrativo es imprescindible y su ausencia tiñe de inestabilidad a las actuaciones administrativas y judiciales. El "abogado del niño" es quien se encuentra en mejor situación para alertar, demandar, recurrir, denunciar, "zapatear" por los derechos que el propio Estado vulnera a los niños, como por ejemplo el cumplimiento de los plazos.

Es claro que la pretensión formulada por la "familia solidaria" es insuficiente por sí misma para comenzar un juicio de adopción pero -en tanto contiene la denuncia de una anomalía como, por ejemplo, el incumplimiento del plazo máximo- habilita a los jueces, al menos, a dar intervención al "abogado del niño" o, en su caso, designarlo. También permite ordenar otras medidas probatorias o sopesar nuevamente las existentes.

La constatación de la existencia de un vínculo filiatorio establecido desde los niños con la familia que lo cobijó no puede ser obviada por el Estado, más aún si también se establece la superación irracional de los plazos máximos y la conveniencia para los niños de permanecer en el seno de la "familia solidaria" Es cierto que ese vínculo puede darse incluso antes de los seis meses que prevé la legislación, pero también es cierto que ese plazo se relaciona con la posibilidad de lograr mantener a los niños en el seno de su familia de origen y dicho cometido también se encuentra contemplado en la Convención.

Las decisiones relacionadas a la selección de la familia adoptiva son de las más difíciles que deben suscribir los jueces de familia. En algunos casos, se suma la compleja labor de determinar si el interés superior de tales o cuales niños va más allá de las limitaciones de un programa, de las responsabilidades por plazos incumplidos o las deficientes diligencias en la revinculación.

Los jueces deben basarse en aquello que conocen de cada caso y en el cumplimiento de la ley comenzando por la Constitución y la Convención. Las decisiones, claro está, no siempre serán las más aceptadas socialmente mas no es esa condición la que debe tenerse en cuenta a la hora de firmar.

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