Estado de impotencia

Al igual que la inflación y la espiral de violencia urbana, las quemas en las islas reflejan con crudeza la impotencia del Estado argentino para encontrar soluciones de fondo a los problemas e interpela al conjunto de la dirigencia política, más allá de los signos políticos.

La atmósfera irrespirable en Rosario y la región durante buena parte de la semana obligó a todos los actores -ejecutivos y legislativos, y de los tres niveles de gobierno- a ensayar algún tipo de señal -y no de humo- frente a una sociedad con la paciencia chamuscada.

La ciudadanía no distingue competencias territoriales y funcionales. Le exige respuestas a todos, y pronto. Cuando no las encuentra, la bronca desborda las conversaciones cara a cara y las redes sociales y, como pasó ayer en el puente Rosario-Victoria, se vuelca también a la calle.

>> Leer más: Incendios en las islas: acampe en el puente a Victoria para exigir urgente una ley de humedales

Presionados por los habitantes de los distritos que más sufren las consecuencias de los incendios y condicionados por sus marcos políticos y las herramientas con que cuentan, Omar Perotti y Pablo Javkin desplegaron planes diferentes ante el desastre sin fin a la vista en territorio entrerriano.

Cercano a Gustavo Bordet y con la relación con la administración de Alberto Fernández todavía fría -una situación que, parece, no cambiará hasta diciembre de 2023-, el gobernador santafesino reclamó el regreso a la zona de las Fuerzas Armadas, que habían festejado una victoria que se esfumó en cuestión de horas.

“No nos corremos, pero no tenemos jurisdicción. El único gobierno que puede intervenir en un conflicto de este tipo es el nacional”, dice un integrante de la mesa chica del perottismo.

Desde una tribu peronista que no pertenece al dispositivo del gobernador deslizan que el mandatario santafesino podría ejercer más presión.

“Es tentador putearlo a Cabandié, pero la Nación tiene limitaciones objetivas para intervenir. La Región Centro, además de servir para aumentar exportaciones, también debería discutir estas cosas, la cuestión ambiental no está en agenda”, plantean.

En contraste con la pasividad que muestran los jueces a ambas orillas del Paraná, el humo activó los sensores en el Congreso, donde al fin parece haber tierra fértil para avanzar con la ley de humedales. Incluso, con el apoyo de los espacios políticos más receptivos al lobby agropecuario que viene bloqueando la regulación de la actividad.

El peronismo aceptó a regañadientes emplazar a las comisiones para tratar la ley a cambio de apoyos del interbloque Federal -que integra el socialismo- para aprobar el Consenso Fiscal. Pese al compromiso público con la ley, en el Frente de Todos son conscientes de que una vez que se sancione la norma el foco de atención se concentrará en el gobierno nacional y no en las provincias.

Incluso, cuando la Constitución Nacional establece que corresponde a los estados subnacionales “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Eso implica derechos, pero también obligaciones.

Sin embargo, está claro que una ley no evitará por sí sola los incendios en el Delta. Para eso hace falta control permanente y sanciones para los que violen las normas. No son justamente las áreas donde se destaca el Estado argentino.

“Acá no hay ninguna ciencia oculta. Esto no se resuelve sin plata: tiene que haber inversión en tecnología -drones, cruces de datos, monitoreo en tiempo real- e intervención de la Justicia, pero también hay que darle una salida productiva a los ganaderos. Ahora se está por concesionar la hidrovía, ¿por qué no hacemos que una parte del canon se use para financiar un sistema de control?”, se preguntan desde un campamento opositor.

En este marco, Javkin y un grupo de intendentes de la región armaron una protesta en el Obelisco y se reunieron con ministros y legisladores nacionales. Como sucede en temas candentes como la seguridad, sin poder de decisión directo y acechado por el riesgo de convertirse en un comentarista de la realidad, una de las pocas cartas que tiene el intendente para jugar es la presión a los otros gobiernos ante la opinión pública.

Una pregunta para cuando el fuego se apague -o no- es cómo metabolizará el electorado esta situación. Las llamas frente a la costa rosarina tornan a la demanda ya instalada de orden y la bandera federalista (que podría traducirse en “estamos cansados de que los otros poderes no nos escuchen y nos perjudiquen”) en recursos atractivos para explotar en la campaña.

A priori, los espacios no peronistas del centro a la derecha lucen mejor preparados para capitalizar en las urnas el malestar, pero la materia prima de la política es maleable.

Lo que es cierto es que las llamas incineran las versiones más extremas de los relatos con más horas de pantalla televisiva: sin ataduras, la mano invisible del mercado envenena y el Estado no te salva.

Decibeles altos

Lejos de los focos de incendio en el Delta, Cristina reapareció después del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre en Recoleta pero no se despejaron interrogantes políticos que rodean a su figura.

El problema de la vicepresidenta es que el atentado fallido, lejos de resetear el escenario político, aceleró y profundizó las tendencias previas.

Por un lado, reforzó su liderazgo carismático con sus seguidores y reafirmó su jefatura en un peronismo donde no aparecen otras figuras con el volumen político para disputarle la conducción. Por el otro, ni el hecho de que Fernando Sabag Montiel gatillara en su cara le hizo ganar apoyos -o al menos empatía- fuera de las fronteras del kirchnerismo.

El último estudio de la consultora Synopsis, dirigida por Lucas Romero, muestra que la imagen negativa de CFK está clavada en el setenta por ciento (72,6% en julio y 70,3% en septiembre). No es el único obstáculo. También registra un serio problema de credibilidad: 61% de las personas encuestadas se mostró total o parcialmente de acuerdo con la idea de que el atentado fue planeado por sectores afines a ella para victimizarla.

El clima de grieta recargada, el ajuste que lleva adelante Massa con el aval -o la resignación- de Cristina y una inflación que ya escaló al 78,5% interanual plantean riesgos de fuga de votantes históricos del peronismo y no ayudan precisamente a reconstruir puentes con las clases medias.

Por su lado, tampoco parece fácil, pese a algunas señales en los últimos días, establecer algún tipo de diálogo político con Juntos por el Cambio, que cruje por sus propias internas.

“Si no podemos consensuar políticas, al menos construyamos reglas: que los golpes sean arriba del cinturón”, dice un dirigente peronista.

Esa demanda parece encontrar consenso social. Según la consultora Zuban-Córdoba 71% de los encuestados se mostró de acuerdo con que el oficialismo y la oposición firmen un acuerdo de convivencia democrática y 82% cree necesario que bajen los niveles de violencia en el debate público de Argentina.

En este escenario donde se acumulan los problemas en la bandeja de entrada y son las minorías intensas las que marcan el pulso de la agenda, más que nunca la dirigencia debe apelar a la creatividad y el coraje para dar un volantazo y cambiar de rumbo. Hoy la principal fuerza política es la inercia.