Escupidas al cielo y ley de gravedad

¿Julio de Vido es un preso político? No. Es un político preso que en una de sus causas intentó hacer desaparecer documentación importante como prueba, consiguió fueros como diputado que evitarían su eventual detención y se hizo nombrar presidente de la comisión de Energía de la Cámara baja con jurisdicción sobre la empresa investigada por sus manejos. ¿Criterio duro para detenerlo? Sin dudas. Pero criterio jurídico.

¿Milagro Sala es una presa política? No. Es una "parapolítica" presa que amenazó testigos para que no declararan en su contra, sostuvo el poder de sus secuaces para hacer desaparecer dinero, fraguó certificados médicos para no ser indagada entre otras irregularidades. Eso es entorpecer el proceso penal, jurídicamente hablando.

¿Lázaro Báez es un preso político? No. Es un empresario monopolizador de los favores ilegales de la política que se subió a un avión sin plan de vuelo anoticiado previamente al juez. ¿Pudo haberse escapado y, en su calidad de empresario todopoderoso, haber entorpecido la causa? Pudo. Está detenido con un criterio jurídico ratificado en por, al menos, 6 jueces.

Las preguntas sobre todos y cada uno de los detenidos recientes por las causas de corrupción del kirchnerismo, la gestión democrática con más denuncias de toda la historia desde Bernardino Rivadavia a esta parte, podrían seguir. La más reciente e inevitable es: ¿Amado Boudou es un preso político?

El juez Ariel Lijo le cortó el sueño al ex vicepresidente mandando una patrulla de Prefectura a detenerlo al bario nacional y popular de Puerto Madero. El descanso también le fue cortado al fiscal de la causa Jorge Di Lello, quien se enteró del procedimiento por el productor de Radio La Red que lo llamó para pedirle opinión. Comodoro Py, el Ministerio de Justicia y la oficina de Elisa Carrió, virtual y autodesignado fiel de la balanza del bien y del mal nacional, dicen que pasaron por lo mismo. ¿De dónde nace la sorpresa?

Lijo cambió la carátula del proceso y mandó a detener a Boudou y a su socio José María Núñez Carmona a más de ordenar indagar a Alejandro Vanderbroele, Juan Carlos López y Agustina Kampfer. A los dos primeros les imputa una asociación ilícita, Boudou jefe y Núñez organizador, y lavado de dinero. A los otros dos hombres, integrantes de la asociación y a Kampfer haber comprado un departamento de 120 mil dólares sin poder justificar sus ahorros.

La asociación ilícita, dice el juez, se basa en los cargos de ministro de Economía y vicepresidente de la Nación de Boudou, con presunto abuso de su función para desfalcar al Estado. "Se habrían llevado un número indeterminado de maniobras ilícitas (…) en las que subyace graves actos de corrupción y tienen como actor principal a Boudou en calidad de funcionario público", cita el magistrado en sus 11 fojas del arresto. Entre ese colectivo indeterminado de delitos se encontrarían, por lo menos: la adquisición irregular de 19 vehículos para el Ministerio de Economía, la firma del contrato de asesoría de Old Fund a la provincia de Formosa (recuérdese que esa compañía tenía una experticia notable con sólo dos facturas emitidas: la primera anulada, la otra a Formosa) y la compra de Ciccone, la máquina de hacer billetes.

¿Alcanza para detenerlo sin haber sido indagado? El propio juez al comienzo dice que no. ¿Cuándo lo pueden dejar a usted, lector, preso en una causa penal antes de la sentencia? Cuando haya riesgo de que se escape o de que entorpezca la investigación. ¿Lo hay aquí? "Se advierten cuestiones que podrían llevar al entorpecimiento del proceso o peligro de fuga (…) en la complejidad de la maniobra y en su significación económica (…) lo que permite presumir la existencia de relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir" la justicia, explica Lijo. Traducido: los delitos son inmensos y graves, siguen en contacto con mucho dinero y pueden armar estrategias para escaparse o esconder ese dinero. Y agrega: en la documentación secuestrada se encontraron "tachaduras sobre escritos, blancos, raspaduras, enmiendas que los imputados usaron para facilitar la confusión". Otra vez simple: ya escondieron prueba.

Si Boudou puede aún aprovechar de haber sido ministro, de haber sido vicepresidente, ¿por qué el juez no lo mandó a detener cuando era, efectivamente, ministro o vicepresidente? El magistrado dice que el 10 de octubre, justo hace quince días, recibió una pericia contable que tardó dos años y medio (dice 2 años y medio) que le permitieron descubrir la técnica de las maniobras recién ahora. Ajá.

Y seguimos con las preguntas. ¿Por qué no utilizó antes este criterio de detención? Responde Lijo: porque la Cámara de Apelaciones, su superior, fijó hace una semana una nueva postura en la causa de Julio De Vido diciendo que aparte de darse a la fuga o entorpecer la causa hay que valorar el riesgo "razonable para presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación". Traduzcamos: siguen siendo compinches de ruta y pueden seguir fugando plata o pruebas. Lijo invoca cuentas en el exterior de Núñez Carmona y un viaje a España del que no rindió cuentas de sus actos.

Amado Boudou está detenido por el riesgo del riesgo. El riesgo de que ponga en riesgo la investigación. Con De Vido o Milagro Sala, el riesgo se consumó con el apriete a testigos, la destrucción de pruebas o la mentira expresa. ¿Con Boudou se sanciona el eventual riesgo de un posible riesgo?

Hacer este análisis jurídico sobre un personaje desagradable, cuanto menos, que creyó ser más que el Código Penal todo, atropellando desde una norma para quedarse con la mitad de un Ford Sierra que le correspondía a su ex esposa o hasta jugando a rapiñarse una empresa oligopólica de fabricación de billetes, genera disgusto. En algunos casos, náuseas. Estamos hablando de Amado Boudou. No del Helmut Khol, alguna vez también denunciado en su país por corrupción. Pero Boudou puede esgrimir algo que él mismo desconoció cebado por su convicción de que era eterno: el respeto por la igualdad ante la ley.

"No sé de qué se va a disfrazar la Cámara cuando tenga que examinar la detención. Jurídicamente no hay un libro en la biblioteca que lo apoye. Si a eso le agregas el innecesario show de verlo en pijama, esposado y filmado, es más inentendible", le dijo a este cronista una de las mejores dirigentes políticas de este país, cabeza del equipo que sentó a medio kirchnerismo en los tribunales sin la estridencia de mostrar vírgenes salvadores de repúblicas a la medida de su criterio. Prefirió el off. Todo un dato.

Aunque el mayor dato es la lentitud de la Justicia cómplice por tantos años. La denuncia que algunos jueces recibieron esta semana por "cajonear" expedientes y la inequívoca respuesta desde la política (y no desde los códigos) por lo que pasó con el ex vicepresidente. Es un hecho: No miremos a los colegas de Vélez Sarsfield. Observemos para entender lo que ha pasado sino a los que vinieron después de los triunviratos.

Si la "sociedad" está mayoritariamente contenta (¡y es obvio!) por ver a Boudou preso con, por fin, la expectativa de que devuelva lo que todos presumimos se llevó, los que ocupan los lugares de responsabilidad institucional de esa misma sociedad deberían extremar el respeto por la ley, aún ante los impresentables en su ética pública.

La ley es el único resguardo para todos. Especialmente la ley de gravedad, inviolable, que dice que los atropellos, los atajos, las venganzas, aún acometidas contra los más diabólicos o ladrones, pueden ser escupidos en un momento hacia el cielo. Pero siempre, siempre, caen hacia el lado de quien los profirió. Ley de gravedad. Ley.