Opinión

Es hora de reformar la Constitución

Santa Fe. La provincia no está a la altura institucional de los tiempos. Autonomía municipal, reelección del gobernador, modificación del sistema electoral e incorporación del Consejo de la Magistratura deben estar por encima de las mezquindades político partidarias.

Miércoles 14 de Marzo de 2018

Una vez más, y van…. Se comienza a hablar de la reforma de la Constitución de Santa Fe cuando los tiempos electorales empiezan a marcar las decisiones políticas y éstas a confundirse con las institucionales. Prácticamente todos los gobernadores que hemos tenido desde el retorno a la democracia han manifestado su voluntad de reformar la Constitución pero no lo han logrado; creo que en todos los casos, la oposición del momento no ha acompañado la trascendental decisión utilizando siempre el mismo argumento: "No es tiempo de reformar la Constitución; tenemos decisiones que tomar y urgencias más importantes que atender. La reforma puede esperar".Lo que no parece advertirse es que se está incumpliendo con la Constitución nacional, tal como veremos.

Desde el retorno a la democracia, casi todas las provincias argentinas han modificado sus constituciones, con excepción de la nuestra y algún otra. En su momento, la ola reformista nació como consecuencia del deseo de los gobernadores argentinos por ser reelectos en sus cargos; así y a título de ejemplo podemos recordar el caso de Angeloz en la provincia de Córdoba, Kirchner en Santa Cruz e Insfrán en Formosa. En algunos casos se buscaba una reelección, en otros casos dos y en el extremo, la reelección indefinida.

Me interesa tratar puntualmente el tema de la autonomía municipal porque resulta a todas luces paradojal que nuestra provincia sea hoy una de las pocas que no haya cumplido con la manda constitucional de 1994, cuando fue una de las primeras que la instituyó, en la Constitución de 1921. Hace casi cien años nuestra provincia plasmó la autonomía municipal en su constitución y poco tiempo después los municipios de Rosario y Santa Fe se dictaron sus cartas orgánicas. Lamentablemente, pasaron sólo unos años hasta que, en uno de los momentos especiales de nuestra historia, la Constitución fue derogada, poniendo fin al sueño de la autonomía municipal.

El otro momento especial que debemos mencionar ocurrió hacia el año 1989, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidiera en el leading case en materia de autonomía municipal, conocido como "Rivademar". Es interesante recordar, aunque sea brevemente, la génesis del caso. Cuando la Argentina retorna a la democracia en 1983, el Honorable Concejo Municipal de Rosario dicta una ordenanza autorizando al entonces intendente Horacio Usandizaga a revisar todos los nombramientos realizados por el Ejecutivo durante la época del proceso, que no fueren el resultado de concursos —que nunca habían sido ni son práctica habitual— y que hubieren ingresado en las categorías superiores, es decir 19 a 23.

El intendente procedió de la manera requerida y dejó sin efecto decenas de nombramientos, entre ellos el de la señora Rivademar, que cumplía funciones de pianista en el municipio.

En ese momento tanto el gobierno municipal como el nacional eran ejercidos por la Unión Cívica Radical, mientras que el provincial era justicialista.

La señora Rivademar recurrió el acto en sede administrativa y ante la respuesta negativa, interpuso el recurso contencioso administrativo ante la Corte provincial. En esos tiempos, la competencia para resolver cuestiones de esta naturaleza radicaba en el Superior Tribunal de nuestra provincia. El fallo fue a favor de la señora Rivademar y ante el recurso extraordinario presentado por la Municipalidad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ésta resuelve favoreciendo la naturaleza autónoma de los municipios, dejando atrás una doctrina de más de cien años.

Relato la anécdota porque la autonomía parece estar en la naturaleza de nuestra provincia y, en especial, en la ciudad de Rosario.

La pregunta que cabe hacerse es por qué nuestros políticos no adecuan nuestra Constitución provincial a lo que indica la nacional, la cual en su art. 123 ha establecido desde hace casi 24 años lo siguiente: "Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5º asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero".

Pareciera no advertirse que la Constitución nacional, que en su versión original establecía la obligación por parte de las provincias de asegurar el régimen municipal, hoy —después de la reforma de 1994—, las obliga a establecer un régimen de autonomía que debe ajustarse a la realidad de cada provincia; esta obligación tiene la naturaleza de cláusula federal, cuyo incumplimiento podría revisar la Corte Suprema.

Coincidimos en esto con María Angélica Gelli, cuando en su Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada, T II, pag.603 y ss, nos dice que no existe duda alguna acerca de la obligación provincial de adecuar las constituciones locales a la nacional, en punto a lo establecido en su art. 123, "a fin de que al menos los municipios con una base territorial significativa, concreten la autonomía municipal dictando sus respectivas cartas orgánicas"; esto se aplica claramente a las ciudades de Rosario y Santa Fe y duele recordar que ya lo tuvimos hace casi cien años. Si así no ocurriera, sigue diciendo la autora, las provincias se encuentran obligadas, cuanto menos, a adecuar las leyes orgánicas municipales para incluir en ellas los rasgos autonómicos plasmados en el citado art. 123. Con vergüenza digo que nuestra ley orgánica no ha sido aún reformada en este aspecto, a pesar de haber sido sancionada en 1939.

Volviendo a la razón de no habilitar la reforma constitucional, la respuesta es simple: predominan las cuestiones político partidarias por sobre las institucionales. Parece increíble que no podamos dar un debate serio sobre las cuestiones que parecen preocupar más a la clase política, a saber: 1) posibilidad o no de reelección del gobernador y, en su caso, del que está ejerciendo el cargo cuando se produzca la reforma; 2) necesidad de modificar el sistema electoral para impedir que el candidato a gobernador que gane por diferencias mínimas —como de hecho ha ocurrido— se quede con 28 de los 50 diputados, afectando claramente la representación de las minorías; 3) conveniencia o no del mantenimiento del sistema bicameral; ¿se justifica la existencia de una Cámara de senadores con todo lo que ello implica, en especial en materia de personal político, cuando se trata de un organismo que en el orden nacional ha nacido para representar a las provincias y no a meras delegaciones administrativas, como son los departamentos.

Menciono estos tópicos a título meramente ejemplificativo, pero lo cierto es que la renuencia a su tratamiento nos impide plasmar la autonomía municipal, receptando la manda Constitucional nacional, a la vez que incorporar en la provincia el amplio espectro de derechos humanos que nos enorgullecen desde la Constitución nacional, como asimismo los mecanismos que nos hemos sabido dar para garantizar su vigencia; por otra parte estamos privándonos de avances institucionales necesarios como el Consejo de la Magistratura, único camino que nos puede conducir a una mejor Justicia.

Muchas cosas han cambiado en nuestra provincia, el país y el mundo entero en los últimos 55 años de vigencia de la actual Constitución provincial. Creo que el pueblo santafesino se merece presenciar y participar de un debate abierto y sin condicionamientos, tendiente a concretar una Constitución que responda a la realidad constitucional de la Nación y del resto de las provincias argentinas, que en este aspecto tan trascendente nos han superado.

¡Una de las principales provincias argentinas como Santa Fe no está a la altura institucional de los tiempos que corren y la responsabilidad es exclusivamente nuestra!

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