Opinión

El terrorismo de Estado

A 42 años del golpe militar de 1976. Se debe plantear una educación que se comprometa con la memoria y que estimule la reflexión sobre las sutilezas argumentativas, las tergiversaciones y las falacias.

Viernes 23 de Marzo de 2018

La cuestión nace como un intento de reflexión a formulaciones que en los últimos años se han convertido en frases hechas y altamente ambiguas. Cuando, por ejemplo, se habla de superar el pasado no se apunta a reelaborar y asumir seriamente lo pasado, mediante la búsqueda de la verdad; sino trazar una raya final sobre él, llegando incluso a borrarlo, si cabe, de la memoria misma. La indicación de que todo ha de ser perdonado por parte de quienes padecieron injusticia es fomentada por los partidarios de los que la cometieron. Y como educadores debemos advertir sobre las consecuencias de estos argumentos falaces. Como siempre hemos compartido: "El pasado sólo habrá sido superado el día en que las causas que lo produjeron hayan sido totalmente asumida por quienes fueron sus ejecutores y cómplices. Y si su pervivencia todavía se mantiene hasta hoy, es porque las causas siguen vivas y no han sido resueltas. La búsqueda de la verdad es un derecho que tienen las victimas de cualquier tragedia y el Estado debe facilitar esa búsqueda".

Conocemos también, la disposición a negar lo ocurrido o a minimizarlo, por difícil que resulte sostener y comprender este argumento, el mismo cabalga sobre el número de desaparecidos. Entrar en esa controversia, cuando desde la educación hemos sostenido que indicar las cifras o regatearlas es ya vergonzoso de un ser humano: lo real es que fueron exterminados de acuerdo con un plan sistemático realizado desde el Estado, y por lo tanto, al ser reconocidos como "crímenes de lesa humanidad" ningún ser vivo está legitimado para minimizar este hecho como un simple fenómeno superficial o reducirlo a una mera cuestión cuantitativa.

La impunidad persiste mientras perduren, en lo esencial, las condiciones que hicieron posible aquel horror. Ahí radica lo terrible. Ante lo monstruoso de lo ocurrido, se recurre a manifestaciones que delatan un síntoma de complicidad, sosteniendo argumentos como reconciliación, perdón: pensado, dicho y escrito por altos funcionarios, a quienes por educación les deberíamos exigir imparcialidad y respeto en un tema tan sensible.

Nada se aclara cuando un funcionario trae el pasado y comenta "que durante la década del 70 ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles tan ángeles". Como educadores debemos criticar este reduccionismo, buscando argumentos sólidos que inviten a pensar con premisas claras: las raíces de toda violencia han de buscarse en los perseguidores, no en las victimas, exterminados con las acusaciones más miserables. Los desaparecidos no son los culpables, ni siquiera en el sentido de un enfrenamiento, por más que se reflote "la teoría de los dos demonios", con el que muchos funcionarios quisieran justificarlo hoy. Los únicos culpables, como quedó demostrado después de más de 40 años, son los que sin miramiento alguno descargaron sobre ellos su odio y su agresividad, utilizando el aparato estatal para lograrlo, esto es lo que la humanidad toda ha llamado "terrorismo de Estado".

En los intentos de oponerse a la repetición del "terrorismo de Estado" sería esencial, como educadores poner en claro, en primer lugar, cómo aparece el carácter manipulador en las enunciaciones de los políticos y comunicadores, cuyo fin es generar una confusión en los términos, no podemos tolerar que se falsee cuando se afirma que "una desaparición forzosa es una construcción", es allí donde debemos ser claros: una desaparición forzada es una "«práctica criminal» que consiste en la retención y ocultación ilegal de una persona con el objeto de sustraerla de todo régimen de protección jurídica y «castigarla», casi siempre con la tortura o la ejecución extrajudicial perpetradas en clandestinidad. Se trata de un crimen de Estado, puesto que no puede ser cometido sino por funcionarios públicos o con la colaboración o el encubrimiento de las autoridades".

Deberíamos inclusive como educadores, analizar críticamente, por solo citar un ejemplo, un concepto tan esgrimido y tan respetado como el de "razón de Estado", pues cuando se sitúa el derecho del Estado por encima de los derechos de los ciudadanos, el terror está ya potencialmente aceptado, y entonces toda oposición, sea de la índole que sea, puede ser prohibida, sus ciudadanos reprimidos, perseguidos, encarcelados, o en el peor de los casos "desaparecidos".

Como educadores debemos recordarles a los políticos que en países como Alemania e Italia está penado con prisión efectiva el realizar apología del nazismo o fascismo. Pero sin ir tan lejos, los chilenos han prohibido la exaltación de la dictadura cívico-militar pinochetista o a cualquiera de sus integrantes. Sería un ejemplo a seguir ante tanta impunidad negacionista.

Volviendo entonces a la cuestión inicial, un primer paso es volver a plantear una educación que se proponga el compromiso con la memoria, estimulando procesos de reflexión que comprometan a una acción constante de crítica, señalando las sutilezas argumentativas, las tergiversaciones y falacias.

Proponiendo el diálogo, el encuentro, la concientización y participación social, para evitar la resignación, la pasividad y la ignorancia, lo que implica no separar a la escuela del entorno (es decir de los hechos sociales y políticos que la determinan) porque de lo contrario cuando se lance a los adolescentes frente a la realidad social "estarán desarmados ante las manipulaciones y engaños", y entonces las posibilidades de repetir el "terrorismo de Estado" estarán facilitados.

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