Opinión

El superdecreto

El decreto 27/18 publicado en el boletín oficial el 11 de enero de este año, mal denominado como de "necesidad y urgencia", no es sino la flagrante manifestación del ideario del grupo económico que ejerce actualmente el gobierno nacional, encabezado por el presidente Macri, es decir, la derecha combinada con el neoliberalismo salvaje.

Martes 16 de Enero de 2018

El decreto 27/18 publicado en el boletín oficial el 11 de enero de este año, mal denominado como de "necesidad y urgencia", no es sino la flagrante manifestación del ideario del grupo económico que ejerce actualmente el gobierno nacional, encabezado por el presidente Macri, es decir, la derecha combinada con el neoliberalismo salvaje.

En primer lugar, con este decreto se pone en evidencia la falta de respeto del Poder Ejecutivo por el estado de derecho y la división de poderes que debe existir en la República, arrogándose el presidente facultades que no tiene, avanzando sobre las que son propias del Congreso Nacional con la insostenible excusa de la "necesidad y urgencia". Tal ambición de totalitarismo presidencial ya fue manifestada por Mauricio Macri en otras oportunidades, por ejemplo, cuando intentó designar jueces de la Corte Suprema también por decreto. Pero entendemos que en esta ocasión se ha ido mucho más lejos, derogando o modificando por decreto alrededor de medio centenar de leyes de la Nación, que fueron fruto de una labor parlamentaria ajustada a los cánones constitucionales y a los reclamos de la sociedad toda.

A tal punto llega este desprecio por las instituciones republicanas, que se pretende por decreto nada menos que "reformar y modernizar al Estado", en pleno receso legislativo y a sabiendas de que tal reforma no contará con el apoyo de las mayorías parlamentarias ni mucho menos, con el consenso social necesarios para semejante reforma.

Analizándolo en particular, el contenido de este "decreto", si bien toca numerosas áreas, tiene un fin único y notorio: reducir las conquistas sociales de los sectores más débiles y fortalecer a los que ya son más fuertes. Con el eufemismo "desburocratización y simplificación" se está encubriendo una modificación de las estructuras del Estado, a fin de concentrar en el Poder Ejecutivo mayores atribuciones. En este sentido, el decreto implementa modificaciones sobre leyes tan importantes como la ley de Sociedades, la ley Nacional de Tránsito, la ley de Defensa del Consumidor, la ley de Hidrocarburos, la de Navegación Aérea, de Navegación y Comercio de Cabotaje, ley de Pymes, ley de promoción del trabajo y Prevención del Fraude Laboral, ley de Puertos, entre otras. Modifica también a la ley de Contrato de Trabajo, en desmedro del trabajador y favoreciendo a las entidades financieras, bajo la metáfora de "favorecer el acceso al crédito", al permitir el embargo de las "cuenta sueldo" que hasta el momento está prohibido.

En conclusión: nuestro país ya fue víctima del neoliberalismo en los 90 y conocimos con dolor sus desastrosos resultados: aniquilamiento de la industria nacional y las pequeñas economías, desempleo, endeudamiento público, obediencia incondicional al FMI, ajustes sobre las jubilaciones y pensiones, emigración de científicos y familias enteras, desaparición de la clase media que lleva al aumento de las desigualdades sociales, pobreza. Es nuestro deber como ciudadanos hacer oír nuestra voz contra tales atropellos, acudiendo a todas las herramientas que para ello nos da la Constitución Nacional.

Maria Anahi Raiano

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