Opinión

El narcomenudeo y su juzgamiento

Debate abierto. "Santa Fe no puede ocuparse del menudeo, debemos negarnos a dividir el problema y exigir hacernos cargo integralmente de todo lo relacionado con la droga, no sólo con una respuesta penal, sino fundamentalmente asistencial y desde la salud pública", dice el autor.

Martes 22 de Mayo de 2018

En Rosario y obviamente en toda nuestra provincia, a todo el narcotráfico lo investiga y juzga la Justicia Federal, pero lo curioso es que en algunas provincias como la de Buenos Aires o Córdoba, el "narcomenudeo" o sea la venta de dosis individuales directamente a los consumidores, son investigados y juzgados por fiscales y jueces de esas provincias.

Trataremos de explicar qué pasa. La política criminal la diseña el Congreso de la Nación. La decisión de convertir en delito al consumo de ciertas drogas y por lo tanto reprimir su fabricación, su introducción al país, la siembra, su transporte, su almacenamiento, su comercialización, su entrega, hasta su tenencia, es como toda la materia penal, exclusivo resorte del Congreso de la Nación. Las provincias delegaron tal facultad a la Nación, pero se reservaron el poder del juzgamiento, salvo que los delitos fueran excepcionalmente federales, y ello ocurre en general cuando media un fuerte interés nacional. El juzgamiento de esos delitos siempre fue federal: la temática de los delitos de droga desde su origen fue materia específica de los tribunales federales. Se entendía que Argentina era un país de tránsito, que la droga seguía su viaje, porque esta ruta era más fácil de tomar evitando el riesgo de la interceptación, hacia el destino final que generalmente eran países centrales, cuyo nivel de vida era alto y por lo tanto tenían un fuerte poder adquisitivo.

El interés nacional, relacionado con la soberanía nacional que justifica las Aduanas, el control sobre las fronteras, justificaba ampliamente la competencia federal. Comienza la "desfederalización". En el año 2005, por causas puntuales que aquí resulta imposible analizar, se dicta una ley por la cual se permite que los delitos más leves, como el comercio minorista de drogas, sea competencia de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires, según el lugar donde ocurrió el hecho, siempre y cuando una ley local adhiriera a esta posibilidad que brindaba la reforma legislativa. Fueron muy pocas las provincias que adhirieron, ya que la mayoría no se pronunció, como fue el caso de Santa Fe, aunque hubo algunos intentos.

Competencia federal por decisión local: hoy asistimos a una situación notable en la historia del federalismo argentino. La justicia federal será o no competente en la comercialización minorista de drogas, en la medida en que las autoridades locales lo decidan. Este absurdo no puede admitirse porque si todo lo relacionado con la ley de drogas es de interés nacional, tendría que intervenir la justicia federal. El problema es que la protección de la salud pública, que justificaba la punición del consumo y sus consecuencias, no se consigue en un ámbito colapsado con otros temas, incluso de mayor importancia, como lo son el referido a la evasión tributaria y previsional. Es que la competencia federal, por su propia estructura, está pensada para intervenciones excepcionales de su Poder Judicial.

Divide y reinarás: La división en materias relacionadas con la cantidad de la droga comercializada, no conduce a ninguna estrategia eficaz. Toda la actividad comercial de la droga está encadenada, de modo que investigado al consumidor se llega al vendedor y por éste al distribuidor y luego al que almacena o al que fabrica en las cocinas que estiran la cocaína, por ejemplo. Si la justicia provincial se limita a un aspecto de la actividad, no contribuye a que existan estrategias globales que atiendan buscar eficacia en la represión de las conductas más graves, que alimentan al resto. Claro que si se lograra que a nuestro país no ingrese más droga, se terminaría buena parte del problema por escases del producto. Cambiemos el eje del debate: si estamos persuadidos de que es inconveniente la división de competencias para una misma actividad, nuestra propuesta es discutir ¿hasta qué punto los delitos que contempla la ley de drogas, responden en su totalidad a un interés nacional que justifique la competencia federal?

Siendo Argentina un país diferente, ya no de tránsito, sino de consumo, el único interés federal que advertimos, es el relacionado con el ingreso y egreso ilegal de las drogas al país, o sea el contrabando. Todo lo demás, debería ser investigado y juzgado por las justicias provinciales y la de la ciudad de Buenos Aires, porque son las que en mejores condiciones se encuentran para proteger precisamente el bien jurídico de la salud pública. Notables ventajas locales. Si se trata de comparar, resulta muy sencillo advertir que los fiscales en nuestra provincia, tienen más llegada a la gente desde Gato Colorado a Rufino. Porque a diario toman contacto con delitos comunes, donde la droga está de alguna manera presente. Porque como ocurre en Santa Fe, tenemos el mejor sistema procedimental, para que los fiscales gestionen una política criminal inteligente, con el ejercicio de criterios de oportunidad frente al consumidor, al adicto, o al que le suministra gratuitamente un porro a un amigo. Porque no se puede penalizar indiscriminadamente, ya que entonces se cometen daños más graves que los que se quieren evitar. La cárcel en el estado en que se encuentra, no favorece ninguna recuperación. Por ello, habrá que acompañar la política penal, fortaleciendo el Ministerio Público de la Acusación y con instituciones capaces de atender los complejos problemas de adicción, que merecen salidas alternativas a la punición.

Redoblar la apuesta: Santa Fe no puede ocuparse del menudeo, debemos negarnos a dividir el problema y exigir hacernos cargo integralmente de todo lo relacionado con la droga, no sólo con una respuesta penal, sino fundamentalmente asistencial y desde la salud pública. Porque es de interés local, tener un territorio donde no existan personas que se drogan, cualquiera fuera su extracción social y con todos los males que trae aparejado. A Santa Fe le interesa terminar con las cocinas de cocaína, con los almacenes, con el comercio a cualquier escala y quedará para la competencia Federal ocuparse de las fronteras, de las rutas nacionales, de los aeropuertos clandestinos, de las bodegas de los buques en el río Paraná y del aeropuerto internacional de Rosario. De esta forma, recuperaremos más federalismo porque excepcionalmente intervendrá la Nación, y las provincias (así como la Caba), serán las ordinariamente encargadas de investigar y juzgar los delitos del narcotráfico, integrando la lista de los llamados delitos comunes. Queda para otra oportunidad analizar la crisis en la que tanto en este tema de la droga, como en muchos otros, se encuentra sumido el derecho penal.

Por ahora debatamos sobre federalismo y represión.


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