El mapa de la droga en Rosario

El gobierno de la Nación emprendió el camino a la despenalización del consumo de droga y asignó al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, la tarea de convencer a la población que es una crueldad castigar a los consumidores. Son acciones privadas, reservadas a Dios (artículo 19 de la Constitución nacional) y no a los magistrados. En este rubro, no hay ateos.

En definitiva, sostiene la lógica de los despenalizadores, capturar, procesar y desprestigiar al falopero –oscuro término y odiosa calificación salida de los hondones populares que nunca sintieron simpatía por los adictos– es simplemente una pérdida de tiempo y dinero. Se completa el discurso acentuando la necesidad de perseguir a los vendedores a escala, los narcotraficantes, esa elite del negocio que maneja millones con tanto poder de persuasión como para que un magistrado porteño le haya permitido, estando preso –obviamente en su domicilio, ¿dónde vio a un zar de la cocaína en un calabozo?– que un narcotraficante contraiga enlace matrimonial celebrado con una fiesta de las más fastuosas del último decenio.

Tímidamente, ante la ofensiva despenalizadora del consumidor, los que combaten la droga se arriesgan a dejar constancia de que si es cruel embretarlo en el cerco criminal, es razonable, prudente y justo encuadrarlo en el marco sanitario. El drogadicto no es un delincuente, por el contrario, no pocos delincuentes son drogadictos con la impredecible reacción que ello significa. Los hechos demuestran que un drogado con un revólver tiene la misma serenidad que el ciclón que arrasó recientemente Myanmar.

La nobleza de la despenalización no consiste en evitarle al consumidor el proceso penal que en el improbable caso de ser encarcelado deberá pagar más cara la merca. ¿O alguien cree que en las cárceles no se consumen drogas? Ya lo dijo Carlos Monzón recluido en un presidio santafesino: "Sáquenme de ese pabellón, están todos empastillados allí".

Me abstendré de copiar el tarifario que tengo a la vista publicado en un semanario hace poco porque, como diría algún funcionario más ilusionado que iluminado, "debilita las instituciones". Con lo cual queda en claro que, cuanto menos se sepa, más fortaleza institucional tendremos. Parece materia del jardín de infantes de la responsabilidad estatal que el consumidor sea atendido sanitariamente para rehabilitarlo y sacarle el vicio que lo destroza. Si vicio suena mal y alguien se ofende, cambio por adicción, hábito, dependencia.

Confieso que si bien uno ha vivido al ritmo de los tiempos y sus cambios, adaptándose conforme a la relevante condición de los humanos, siente algo parecido al temor en el uso de caracterizaciones.

Creyentes del derecho más que de la justicia practicante, diría Engels hace más de 150 años poco antes de pelearse con Hegel (pelea de un nivel distinto bien mirado a la de Alfredo De Angeli con Guillermo Moreno), está claro que al drogadicto hay que recuperarlo. Los norteamericanos, como tienen mucha plata y un gran negocio carcelario, la hacen fácil, lo meten preso. Nosotros al revés: goza de libertad otorgada por un tribunal porteño un abogado que sometió en forma ultrajante a su hijita de 4 años. Los camaristas lo soltaron porque no se fugará y porque además consideran que "debe investigarse si se trata de un solo episodio ocurrido en febrero o una conducta que se remonta a meses atrás". Ya se sabe que la Justicia tiene fallas, es humana, por eso deambulan por Rosario cinco narcotraficantes, todos denunciados, tal vez protegidos o tal vez por excusaciones "en razón de la materia".

El ministro Fernández insiste en despenalizar el consumo. ¿El resto de esa tragedia llamada drogadicción está efectivamente penalizada?

Numerosos personajes denunciados en Rosario, en sentencias de tribunales competentes no han recibido reproche penal. Para qué decir que se roban las armas secuestradas en procedimientos en nuestra provincia si en la de Buenos Aires es peor. No en uno, sino en dos tribunales marplatenses, desaparece la cocaína secuestrada y se la pone en venta evitando el desabastecimiento, palabreja de moda.

Un informe creíble anima a dar estas cifras válidas para Rosario y sus alrededores: 150 sitios de venta y distribución, sin contar el chiquitaje y los boliches con no menos de 80 kilos de cocaína comercializados al mes. Se vende menos marihuana porque prendieron a 15 punteros y aún no se hizo el casting para reemplazarlos. Es que la brigada va al frente y el jefe no recula, tampoco recauda. Eso es bueno para la sociedad, pero malo para quienes se ilusionan con el reparto.

Hay 150 celulares secuestrados en procedimiento anti-droga en siete meses a esta parte. ¿Por qué no se han investigado las llamadas entrantes, salientes y los entrecruzamientos que, quizás, deparen rugidos como los del Chaitén?

El mundo endurece la represión contra el múltiple flagelo. En Inglaterra la marihuana pasó al grupo B: cinco años por simple tenencia. Aguardamos el destino de los 42 procesados por drogas que tenemos en el mapa rosarino. Se decidirá suponemos por la votación más frecuente como en el fútbol, 2 a 1. Mal haríamos en dar por cierto que el mejor voto es el del camarista perdedor.