Fue el dato de la semana en la provincia de Santa Fe. La noticia es decepcionante en grado sumo. Fundamentalmente porque es ratificatoria de todas las sospechas juntas. Y, más grave aún, porque las reviste de certezas a la vez que multiplica ad infinitum los interrogantes.
El riesgo es que sea el equivalente a los bolsos que José López, el ex viceministro de Obras Públicas de la Nación, llevó una madrugada a un convento que no sería tal con unas monjas que resultaron igualmente truchas. Todo el grotesco —dinero y arma, incluidos— fue para una importante porción de la sociedad argentina la prueba palpable, tangible y definitiva de la corrupción kichnerista.
Poco importa si, como hoy intenta explicar con desesperación el FPV residual, fue un caso aislado y que un ladrón no hace a un gobierno corrupto. O intentar otorgar a la prisión de Báez y Jaime la categoría de antídoto para salvar una ética de conjunto. El kirchnerismo sucumbió ante la contundente obviedad de tales símbolos y la adhesión a una épica que otrora enorgullecía devino en vergonzante para muchos que se declaran estafados o desengañados.
Lo que no pudo el "poder mediático concentrado" o el "partido judicial" frente al que tanto esfuerzo gastó en estrategias defensivas el gobierno nacional anterior, lo generaron la denuncia de un vecino alarmado (que creyó que la seguridad de una viejas monjitas corría riesgo porque alguien les trepaba el tapial) y las cámaras de seguridad del falso convento mostrando cómo se arrastraban pesados bolsos de dinero robado al lado de una potente arma de guerra.
Estamos en la era del homo videns, y es la semiótica de la imagen la que selecciona el sino positivo o negativo de las impresiones que aprehende el inconsciente colectivo. La prescindible reunión entre el presidente Mauricio Macri y el showman Marcelo Tinelli con su lamentable jueguito de swap face desde un celular en Olivos, es prueba de ello. El mamarracho del romance simulado entre un diputado y encumbrado dirigente de La Cámpora con una escandalosa vedette, fue el balazo certero que no logró ninguna crítica periodística, política o judicial a esa agrupación que supo concentrar buena parte del poder decisorio del kirchnerismo, en los años recientes.
Ese mismo sector fue el que llevó adelante la estrategia de estigmatización del socialismo santafesino como fuerza entonces no doblegada al férreo poder central, cuyo momento cúlmine fue aquella descalificación dicha a voz de cuello por otro alto referente de La Cámpora en una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación categorizándolo de "narcosocialismo". Y casi mata de un infarto al histórico socialista Juan Carlos Zabalza cuya indignación le desbordaba los poros y le atragantaba las palabras en esa sesión para responder incrédulo ante tamaña afrenta.
En Rosario estaba preso el jefe de la policía provincial, precisamente, sospechado de connivencia con traficantes. La violencia urbana alcanzaba uno de sus clímax, por disputas territoriales y batallones de lúmpenes adolescentes que se mataban como moscas. Los jueces federales y provinciales se escudaban en sus jurisdicciones, y actuaban, poco, tarde o mal. La idea de que sería necesario que vengan a cuidarnos desde afuera comenzó a tomar cuerpo hasta ser un clamor y las autoridades rogaron por gendarmes patrullando las calles.
La policía provincial había dejado de ser la solución porque era parte del problema o el problema mismo. Infiltrada, como todo hacía suponer, de cómplices de los narcos. El gobernador de entonces hoy todavía debe andar con custodia reforzada y los 14 balazos que acribillaron su domicilio particular no acabaron con la vida de su esposa, según las crónicas de la época, por mero milagro.
La postal de los vecinos sentados en la vereda conversando distendidos mientras sus niños corretean a su alrededor se borró para siempre como una foto humedecida. Los gobiernos han restablecido algo de calma, a veces pasajera y siempre tensa, en los barrios de las principales ciudades. Aunque sigue habiendo muertes y ajustes de cuentas parecieran haber mermado en algo. Se metió presos a montones de delincuentes y otro tanto de policías. Casi se diría que las demoledoras críticas que Elisa Carrió hiciera a los socialistas el 2 de julio pasado cuando estuvo en la ciudad de Santa Fe, acusándolos de tolerar una policía complicada con el delito y el narcotráfico, sonaron extemporáneas. De hecho, escandalizaron menos de lo que ella, seguramente, esperaba.
Los que aseguran que el ex gobernador Antonio Bonfatti va a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales el año que viene piensan que le servirá además para poner distancia de aquella dura batalla que, dicen, debió librar desde la Casa Gris. José Corral, la estrella del momento del radicalismo, dijo que no se subirá a esa competencia. ¿Podría hacerlo desde una coalición extrapartidaria otro socialista célebre como Rubén Giustiniani? El bloque de diputados de Frente Justicialista para de Victoria se reunió días atrás con el presidente del PJ, Ricardo Olivera, y le pidieron que ese partido exija comicios para convencionales constituyentes solo en el 2018 pero no en el 2017, año en que por elegirse concejales en la provincia y diputados en la Nación se mezclarán todos los temas. "No se puede estar hablando de dispositivos de democracia semidirecta y peleando por los baches en las calles", ejemplificaron.
La reforma constitucional con la que el gobernador Miguel Lifschitz está empecinado en demostrar que su perseverancia es proverbial junto a la colocación de deuda en el mercado financiero internacional para hacer obras, eran las principales cuestiones que nutrían los corrillos de la política vernácula hasta el jueves pasado en que un operativo policial volvió a cambiar la agenda.
De hecho, ese día a la noche el gobernador llevó a cenar a un grupo grande de diputados y senadores con la excusa de agradecerles que le autorizaran emitir bonos por 500 millones de dólares. Esos corrillos dicen que descontando noviembre en que la actividad empieza a declinar y diciembre que se vuelve nula, le quedan al gobierno apenas tres meses para ejecutar esos 500 millones aun cuando muchos de los proyectos no estén más que enunciados. Por ello, el Ministerio de Economía se habría decidido a no seguir esperando a que las tasas internacionales no superen el 7 por ciento (que es el interés al que colocó deuda la Nación) y emitir de inmediato. Resta ahora saber a cuánto conseguirá colocarlos.
Hay quienes aseguran que arriba de esa mesa de la cena del gobernador y los legisladores del jueves no faltó la reforma constitucional. Y si así fuera habría sido la más audaz de todas las apuestas del gobernador que hasta ahora se esforzó por mantener vivo el tema en los títulos de las noticias buscando atajos porque todavía no pudo encararlo allí donde debe resolverlo. Eso son las anunciadas consultas a especialistas, a la sociedad civil (sin que queden claras aún la forma, entidad y calidad de tal), un modo, eficaz por cierto, de evitar que la iniciativa se diluya y olvide que rema el ministro de Gobierno, Pablo Farías. Lifschitz sabe que una reforma que le garantice ocho años de gestión la debe acordar con los legisladores de unas Cámaras en las que no tiene la mayoría calificada que requiere en ninguna de las dos y sobre todo, y quizás antes que eso, en el seno mismo del Parido Socialista. ¿Sería posible una reforma constitucional con la que el partido del gobernador no estuviese de acuerdo?
La decisión de Lifschitz (y (también de la Rosada) bajó un poco el tono a la pelea. Incluso el gobernador hizo como si no se diera cuenta del distingo entre él y alguien de su tropa como es Monica Fein, que hizo el presidente cuando lo criticó la semana pasada. El gobernador conoce la amistad que tiene la intendenta con Federico Pinedo y lo útil que le resultó para articular con la Nación la colaboración recíproca, que —dice Lifschitz— a él le retacean (léase fondos).
Y aun así la pelea estelar con Macri o la discusión reformista con todos sus ribetes por momentos bizantinos ya han cumplido un enorme servicio a la imagen pública del actual gobierno provincial toda vez que, junto a la promesa de un shock transformador de obra pública, desplazaron momentáneamente del centro de la agenda cotidiana a la inseguridad: el tema de preocupación social casi excluyente cuando asumió la tercera gestión socialista.
Hasta que el viernes último en que un sujeto apresado en un operativo rutinario en el barrio Los Troncos de la capital provincial con un arma reglamentaria dejó a todos boquiabiertos al "quejarse" (lo reveló el secretario de Control de la fuerza de seguridad, David Reniero) porque el "policía que le alquilaba el arma le aumentó el precio a 500 pesos por noche". El uniformado en cuestión, que prestaba servicio en Rosario, está detenido, y dijo que había perdido el arma en una borrachera pero no explico por qué no denunció la perdida.
Resulta que al delincuente que le cobraron 500 por noche con aumento y todo, pagó barato. Según se puede leer en La Capital de anteayer "es una práctica habitual que algunos policías alquilen sus armas los días que están franco de servicios por lo que cobran un canon cercano a los mil pesos por día".