Opinión

El drama de los refugiados

Con la esperanza de obtener asilo, unos 200 refugiados centroamericanos que salieron de sus países a principios de año en una caravana de mil personas finalmente cruzaron la frontera entre México y EEUU.

Miércoles 09 de Mayo de 2018

Con la esperanza de obtener asilo, unos 200 refugiados centroamericanos que salieron de sus países a principios de año en una caravana de mil personas finalmente cruzaron la frontera entre México y EEUU. La probabilidad de que logren su objetivo es mínima. Entre 2012 y 2017, más del 75 por ciento de los casos de asilo de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala presentados ante las cortes migratorias estadounidenses fueron rechazados.

Su arribo a la frontera coincidió con la cancelación de programas que otorgaban estatus de protección temporal en EEUU a personas afectadas por fenómenos naturales como terremotos o huracanes en sus países de origen. Algunos de estos programas se iniciaron en la década de los 90 y permitieron a casi medio millón de personas reconstruir sus vidas, formar una familia y trabajar legalmente en el país.

En el caso concreto de Honduras, apenas la semana pasada el Departamento de Justicia anunció el término del programa que beneficiaba a los 86.000 ciudadanos incluidos en el TPS (Estatus de Protección Temporal); a principios de este año se canceló la protección a más de 200.000 salvadoreños; unos meses antes, 45.000 haitianos y 2.500 nicaragüenses no podrían permanecer en el país legalmente y deberían preparar su regreso a su país de origen.

El Departamento de Justicia aduce que el permiso que se les otorgó era temporal y que las condiciones de vida en esos países han mejorado como para vivir en paz. Honduras y El Salvador son dos de los países con mayores índices de criminalidad en el mundo. Y la brutal represión de Daniel Ortega en Nicaragua contradice en los hechos las alucinantes declaraciones de los burócratas estadounidenses.

El problema de fondo es que la política migratoria y el sistema de asilo de la nación son obsoletos, arbitrarios y en muchas instancias inhumanos. Lo primero que deben sortear los solicitantes de asilo, es convencer a un juez de inmigración de que su vida y la de sus familiares peligraría si tuviesen que regresar a sus países de origen. Una tarea incierta, porque dependen del criterio del juez que les toque y la disparidad de criterios de los jueces es asombrosa. De los 34 jueces que hoy están en funciones en Los Ángeles, dos de ellos otorgaron menos del 3 por ciento de las solicitudes de asilo, mientras que otro juez falló favorablemente en el 71 por ciento.

El segundo escollo para quienes buscan refugio es que la tipificación de las causas que ameritan el otorgamiento del asilo es incompleta y confusa. El protocolo de Naciones Unidas vigente en la mayoría de los países señala que una persona perseguida por su raza, credo, nacionalidad, membresía en un grupo particular u opinión política amerita el otorgamiento del asilo. Pero en este listado no se incluyen cuestiones como la violencia doméstica o la criminalidad rampante en el país expulsor.

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