Siempre es bueno conocer datos de la realidad que nos rodea y que sin lugar a dudas nos afecta; conocer es el presupuesto indispensable para rectificar rumbos, para impulsar nuevas políticas, cuando la realidad lo pide, cuando la realidad necesita ser modificada.
En este sentido no puede sernos ajeno que la ganadería en nuestro país se encuentra atravesando uno de sus peores momentos, producto de una histórica sequía en los campos de invernada y cría que se ve agravada por una política agropecuaria lesiva de los intereses no sólo de los productores, sino de toda la Nación.
En efecto, a pesar de que los productores de ganado bovino deben desprenderse de su ganado ante la imposibilidad de engordarlos, la política agropecuaria oficial sigue orientada para desalentar las exportaciones de carne vacuna.
A causa de ello, se está mandando a faena una excesiva cantidad de hembras que supera en mucho la tasa de equilibrio entre retención y liquidación. Es sabido que las hembras pueden ser, en dos momentos distintos, máquina productora de terneros o producto final; cuando la faena de hembras es menor al 42 por ciento estamos en la faz de retención y si es mayor al 43 por ciento, estamos en la faz de liquidación.
A partir del año 2003 la tasa de faena de hembras superó el umbral aceptable del 42 por ciento, ascendiendo vertiginosamente año a año a medida que las políticas públicas castigaban cada vez más a los productores. En el año 2007 la tasa promedio se ubicó en el 47,5 por ciento, elevándose al 49,3 por ciento en junio pasado. De continuarse con estos guarismos, los especialistas advierten que a partir de 2011 Argentina se verá obligada a importar carne para abastecer su mercado interno.
Huelga recordar que el stock ganadero nacional se mantiene casi invariable (55 a 60 millones de cabezas según la fuente) desde 1970, a pesar del incremento poblacional y el mantenimiento del promedio anual de consumo (66,7 kg/habitante). Este dato nos sigue colocando a la cabeza de los países más consumidores de carne vacuna, secundados ahora por Uruguay, que ha incrementado su consumo en los últimos años, llegando a 52 kg/hab en el 2006.
Justamente por no encontrar trabas a la producción y a la exportación, el consumo de pollos se incrementó en mayor medida que el de carne bovina, llegándose a la cifra récord de 25,8 kg/habitante. También aumentó, pero en menor medida el consumo de cerdo, que alcanza hoy en día a 8 kg/habitante.
A la situación en que hoy nos encontramos se llegó por una serie de medidas oficiales que no sólo desalentaron, sino que perjudicaron al productor; fue así que se pasó de un reintegro inicial a las exportaciones de carne del 5 por ciento a una retención del 15 por ciento a las carnes frescas y congeladas.
En marzo de 2006 se prohibieron totalmente las exportaciones durante más de 40 días, para luego autorizarlas en hasta un 50 por ciento de lo exportado en el año 2005.
También se buscó impedir las exportaciones a través de la implementación de trabas para-arancelarias como el Registro de Operaciones de Exportación (ROE), creado por Resolución Nº 31/06 del Ministerio de Economía, agravado posteriormente por el denominado ROE Rojo que obligó a la demostración de los costos totales incurridos en cada embarque y todavía más aún por el denominado "Encaje Productivo Exportador" (Resolución Nº 42/08) que impuso como condición para obtener el ROE la presentación de una declaración jurada por parte de los frigoríficos que acredite el tonelaje neto de carne que tienen en existencia, permitiéndoseles exportar sólo el 25 por ciento del total.
Menos exportaciones. Las políticas implementadas desde El Poder Ejecutivo Nacional tuvieron como resultado una fuertísima disminución de los volúmenes totales exportados. Así, según fuentes oficiales, las exportaciones de carne fresca de bovino fueron las siguientes:
La lógica de los funcionarios del gobierno nacional sostiene que es necesario impedir las exportaciones de carne bovina para mantener bajo el precio de la carne. Sin embargo, la realidad demuestra que el resultado enunciado no se ha conseguido, la barrera a la exportación frena la producción que a la larga la disminuye contribuyendo al aumento del precio interno; por el contrario la posibilidad de exportar incentiva la producción, incentiva hacer novillos pesados, de los cuales sólo se exporta una parte (el 25 por ciento aproximadamente), quedando el resto para el consumo interno.
Se exporta solo las carnes ubicadas al cuarto trasero del animal (excepción de la nalga) que equivalen aproximadamente a 75 kilos, si produjéramos bovinos de 300 kilos, despachándose para el mercado interno el resto, vale decir 225 kilos de carne —siempre teniendo en cuenta animales de 300 kilos— correspondientes justamente a los cortes que más se consumen en nuestro país.
La prueba evidente de la viabilidad de esta alternativa la encontramos en la República Oriental del Uruguay, país que desarrolló fuertemente la exportación ganadera en todas sus variantes, sin que de ello hayan surgido mermas en la comercialización interna.
Desde que Uruguay puso en práctica esta política, en el año 2003, la producción de carnes se incrementó en un 45 por ciento, se exportó más de un 30 por ciento y, lo que es digno de destacar, se incrementó el consumo en un 62 por ciento.
De esta margen del Plata, en lugar de incrementarse la producción para favorecer la exportación y el ingreso de divisas, se alentó el engorde en feeds lots —engorde rápido— pagándose compensaciones a quienes produjeran animales de 300 kilos. Esto produjo que muchos de los animales que estaban destinados a engordar para exportación (500 kilos) fueran destinados a engorde rápido, con la consecuente pérdida de kilos comercializables, que puede estimarse en alrededor de 156.000 toneladas.
Para compensar la baja en las toneladas comercializables se debió faenar mayor cantidad de cabezas, pasándose de 13.418.824 en el 2006 a 14.924.691 en el 2007. Como la producción no se incrementó, se debió echar mano a vaquillonas y terneras (1.077.548), con lo que se explica también la mayor faena de hembras de la historia argentina.
Además de perderse ingresos por 500 millones de dólares a causa de la merma en las exportaciones, se pagaron más de 600 millones de pesos en concepto de compensaciones para engordes en corral; a esto debemos agregar que si nuestro país, producto del desacierto de estas políticas, mantiene estas tendencias y se ve obligado a importar carne, la población de nuestro país tendrá que pagar precios internacionales para poder consumir carne.
Hay que reformular. Las políticas erráticas, cuando no contradictorias o equivocadas, vienen provocando una peligrosa disminución del stock ganadero, desalentando de todas las formas posibles al productor bovino. Resulta indispensable reformular la política agroindustrial del país, para lo cual deberían tenerse en cuenta los 10 puntos que el Gobierno de Santa Fe presentara a la Presidenta en abril del año pasado, entre los que se destaca —en lo que hoy atañe a los productores ganaderos— la necesidad de elaborar un cronograma secuencial y coherente de apertura de exportaciones, y mecanismos de fijación de volúmenes y precios internos, para desacoplarlos de los internacionales.
Sin perjuicio de ello, por la gravedad de la crisis producida por la conjunción de terribles sequías y erradas medidas de gobierno, en ejercicio de las facultades-deberes que la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 13. "Reglar el comercio con las naciones extranjeras…") otorga al Congreso de la Nación, entendemos que resulta imprescindible que los legisladores nacionales aprueben Nuevas Políticas que permitan a los productores ganaderos el recupero de su capital de trabajo a través de la apertura de la exportación de carne vacuna por un lapso que estimamos prudente fijar en 180 días y eximir del pago de derechos de exportación, las operaciones realizadas durante ese período. A partir de allí, deberían fijarse en una mesa de consensos, que bien podría ser el Consejo Federal Agropecuario ampliado, Nuevas Políticas para el sector.
Nuestra propuesta implica la reasunción por parte del Poder Legislativo de facultades que le son propias y que fueron delegadas al Poder Ejecutivo con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.
En efecto, en el año 1981 el artículo 755 del Código Aduanero delegó en el PEN la facultad de: "a) gravar o desgravar con derechos de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo". Si bien esta delegación caducó en agosto de 2006, por el transcurso del plazo previsto en la Cláusula Transitoria Octava de la Constitución Nacional (con sus prórrogas dispuestas por leyes Nº 25.148; 25.645 y 25.918) entendemos que resulta conveniente, para evitar razonables planteos judiciales, que el Congreso se pronuncie expresamente por reasumir la facultad contenida en el artículo 75 inciso 1º de la Constitución Nacional que dispone que corresponde al Congreso "legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaiga, serán uniformes en toda la Nación."
Esta realidad, que brevemente reseñamos, afecta no solo al sector agropecuario sino a la totalidad de la delicada maquinaria que en conjunto constituye nuestra sociedad, ya que basta con que cualquiera de sus partes se encuentre afectada, dañada, para que toda la maquinaria funcione mal o no funcione. La situación ruinosa y de desesperanza que viven numerosas familias de nuestro interior, afecta al agro, a la industria, al comercio, al trabajo en general y en definitiva a los trabajadores; produciendo en cada caso un daño proporcional a las propias fuerzas.
Ante esta realidad, las Nuevas Políticas no deben hacerse esperar en el Congreso de la Nación que debe priorizar encarar un diálogo fecundo para poder superarla en forma satisfactoria para el interés nacional.
(*) Diputada nacional.
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