Provincia

El "arrepentido" en la provincia de Santa Fe, su aplicación en el caso del ex fiscal Ponce Asahad

La figura del "arrepentido" es herramienta legal que permite reducir la pena a aquellas personas que participaron de un determinado delito.

Domingo 03 de Octubre de 2021

La figura del "arrepentido” es herramienta legal que permite reducir la pena a aquellas personas que participaron de un determinado delito, pero que dan información importante para la causa, permitiendo agilizar la investigación. Se usa en casos de delitos como corrupción, tráfico de drogas y, trata de personas, entre varios otros. Pero tiene un límite: jamás se puede aplicar en casos de lesa humanidad.

El centro de esta mecánica es el "arrepentido", que es aquel que durante el proceso penal decide dar información que ayuda a avanzar en las investigaciones o a evitar a que se produzca un nuevo delito, así como a saber dónde están los autores o víctimas de un delito, o a hallar las ganancias provenientes de ilícitos, entre otras posibilidades.

A fines del año 2016, mediante la sanción de la Ley Nacional N° 27.304, se incorporó al Código Penal con el nombre de "imputado colaborador” (art. 41 ter CP). El art. 18 de la ley 27.304 establece lo siguiente: “Invítase a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente Iey”.

El reconocido autor Cafferata Nores considera que esa Iey no es de aplicación en las provincias de manera directa. Sostiene que “si la propia ley dispone que debe invitarse a adherir a ella a los estados provinciales, es porque ha sido dictada solamente por el orden federal y nacional: el texto legal no admite otra interpretación”.

Hasta ahora, solamente dos provincias la incorporaron en su legislación procesal, para que pueda ser aplicada. La provincia de Córdoba, mediante ley provincial N° 10.602; y la provincia de Jujuy mediante ley provincial N° 6.033. Por su parte, la provincia de Buenos Aires no sancionó Iey alguna.

Este último dato reviste cierto interés, porque está en una situación análoga a nuestra provincia. Ante un intento de usar dicha figura sin la correspondiente adaptación local, en el año 2020 la Sala V del Tribunal de Casación Penal, de dicha provincia (causa “Ortega Chaparro, Daniel s/ recurso de queja interpuesto por Fiscal General”) confirmó el rechazo a la homologación de un acuerdo suscripto entre el MPF y el imputado (tanto en 1era como en 2da instancia) , atento a que “la falta de dictado por parte de la Legislatura Provincial de las normas reglamentarias a las que se refiere el artículo 18 de la Iey 27.304, se erige como un obstáculo insalvable para la aplicación del reformado artículo 41 ter del Código Penal en esta jurisdicción [...] no basta la incorporación de una norma al Código Penal para que la misma deba ser considerada una materia delegada por las Provincias a la Nación, pues las competencias legislativas no son establecidas por el Congreso sino por la Constitución Nacional [...] el artículo 18, de la citada ley [27.307], invita a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes, lo que muestra con claridad que las normas instrumentales de aplicación no pueden ser impuestas a las competencias constitucionalmente no delegadas de las provincias (artículos 121, 126 de la Constitución Nacional)“.

A pesar de que la provincia de Santa Fe, como se dijo, no ha incorporado a la fecha dicha herramienta legal, en el año 2017 el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, dictó la Resolución N° 175, mediante la cual pretende tornar operativa a nivel provincial, la Ley Nacional no 27.304. Claro está, sin apoyo legal alguno.

En dicha resolución, el Fiscal General considera que al incorporarse la figura del arrepentido o delator al Código Penal en el art. 41 ter, el instituto resulta aplicable a todo el territorio de la Nación y sus habitantes por contener normas relativas a rebaja de pena, “sin embargo, (la Iey nacional 27.307) también contiene previsiones procesales que, por no estar entre las cuestiones delegadas al Congreso Nacional, son materia de regulación legislativa de /as provincias, y es por ello que la misma norma en su artículo 18 invita a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes para concordarlas“.

Pero lo curioso es que después de admitir esta limitación legal, dispone que “hasta tanto la Legislatura Provincial se pronuncie al respecto, a los fines de tomar operativa la norma es conveniente el dictado de la presente guía de actuación, que será instrumentada por todos los fiscales y fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe“. En buen romance, el MPA se ha subrogado una facultad legislativa de la que obviamente carece, y pone en juicio la legalidad y aplicabilidad de su propia resolución.

No puede perderse vista que la ley en cuestión contiene también normas de neto corte procesal destinadas a regular el trámite de este instituto en el marco del procedimiento penal en el que se incorpora. En virtud de ello, y a partir del desglose de competencia legislativas previsto en el Artículo 75, inc. 12 de nuestra Constitución Nacional, resulta imprescindible para la operatividad de este instituto en el ámbito de nuestra justicia penal ordinaria, su incorporación a nuestro Código Procesal Penal.

Es que por las particularidad es de nuestro procedimiento santafesino - sistema acusatorio- la norma del “imputado colaborador” contemplada en el Código Penal, sin adecuación al espíritu del proceso provincial, es de imposible aplicación.

Esto explica la disposición de la Iey 27307 para que las provincias ajusten su legislación. Lo cual no se debe solamente -sin minimizar la importancia-, al hecho de que su regulación es competencia no delegada de los estados federales. Sino también porque, como consecuencia de ello, hay una asimetría notoria de legislaciones locales, que impiden aplicar sin un molde apropiado -es decir una ley específica- la incorporación que hace la ley al art. 41 ter. al Código Penal.

De allí que más allá de cualquier indicación que pueda hacer el Fiscal General -en exceso de sus atribuciones, o subrogándose funciones legislativas-, su resolución solo puede tener un sentido simbólico, carente de positividad. Lo que sí es claro, es que en la Provincia de Santa fe no hay base legislativa para la aplicación del imputado colaborador.

Sin esa regulación normativa, el o la Juez no tiene posibilidad de verificar -fuera de la argumentación Fiscal-, lo que sí es un deber suyo inexcusable: constatar si los datos aportados por el colaborador, son precisos, comprobables y verificables.

Recordemos que en nuestro sistema acusatorio local, no existe más la materialidad de un expediente, lo que en el viejo procedimiento inquisitivo-mixto, le permitía al magistrado constatar las pruebas de cargo, su legalidad, y su aplicación, a la Iuz de la sana crítica racional. Por el contrario, si las controversias son sólo argumentativas, la eficacia material de la colaboración es inverificable por fuera del discurso.

Esto exige, entonces, legislar sobre un procedimiento de estas características, la forma y modo en que debe verificarse la utilidad de la información suministrada por el imputado, para poder acogerse al beneficio del colaborador. De lo contrario, y en la situación actual sin normatividad adecuada, la clarificación de la evidencia aportada es meramente una operación de racionalidad inmanente.

Por último, más allá de la cuestionable atribución legislativa que se arroga el Fiscal General, lo cierto es que la Resolución n° 175/2017 adolece de defectos notorios. Por ejemplo, en el punto 8 (“Prohibición de acuerdos”) se establece que la figura del imputado colaborador no será aplicable en procesos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad, cuando esa clase de delitos es competencia exclusiva de la Justicia Federal.

Tampoco adaptó al sistema legal santafecino la prohibición que emana de la Ley 27.304, cuando esta última prohíbe la posibilidad de celebrar acuerdos de colaboración con funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptible s del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitucional Nacional. Lo razonable hubiera sido que la Resolución del Fiscal General prohíba la concesión del beneficio a quien ejerza o haya ejercido un cargo susceptible del proceso de juicio político conforme la Constitución Provincial o leyes complementarias provinciales, como sí ocurre en la ley de la Provincia de Córdoba

De allí que en el criterio de la resolución dictada por el Fiscal General, el gobernador de la Provincia, sus ministros, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, los legisladores provinciales, o el mismo Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, entre otros funcionarios con posibilidad de ser sometidos llegado el caso a un juicio político, podrían verse beneficiados con la figura del imputado colaborador.

Si la provincia de Santa Fe, adaptase su legislación procesal para la aplicación de la figura del “arrepentido”, de seguro que un fiscal de la provincia (como ocurrió en un reciente caso donde se mal aplicó), cuya remoción depende de un juicio político conforme lo dispone la Iey 13.807, no podría acceder al beneficio de la figura del imputado colaborador.

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario