El 13 de junio será el día de votación. Salvo algún contratiempo de último momento, por primera vez en la Argentina el Parlamento decidirá si acepta o no ampliar las causales de despenalización del aborto y considerar legal la práctica segura y gratuita en hospitales públicos. El dato no es menor y representa un avance mayúsculo. Son pocos los temas de tanta potencia moral que consiguieron paralizar a los legisladores a la hora de mirar hacia otro lado y no tomar posición. Sea la que sea.
Hoy, según el conteo que hacen las organizaciones pro despenalización, el número no alcanza para una media sanción. Dato curioso: una treintena de diputados, mayores de edad, con capacidad de decidir sobre los derechos y obligaciones de 40 millones de argentinos, se niega a decir públicamente lo que piensa. Más que curioso, asusta que alguien que trabaja en la regulación de la cosa pública crea que es privado cómo va a ordenarla.
Sucede que las presiones son inmensas. Desiguales, pero fuertes desde ambos sectores. Puede achacársele al colectivo de mujeres (fundamentalmente) pro ley una militancia estentórea que a veces pudo rozar una cierta exageración que irritó a los resistentes a la norma. Pero en ningún caso, nadie de los que sostienen (sostenemos) la necesidad de la despenalización y legalización ha pedido que sea de cumplimiento obligatorio para el que piensa distinto. Los "anti", brutal diferencia, reclaman que lo que ellos piensan y sienten sea ley para todos. Eso sí es una invasión y atropello poco respetuosos.
El caso de la niña violada por su padrastro en Salta y obligada a parir, a base de falta de información sobre el derecho a interrumpir el embarazo como prevé el Código Penal desde hace más de un siglo, es aberrante. Juan Manuel Urtubey debería saber que corre el riesgo de ser demandado ante los tribunales interamericanos por incumplimiento de su deber como gobernador de poner a disposición de esa familia la posibilidad de evitar que la consecuencia no querida de un infame acto de violación se consume por la desaparición del Estado. Por las dudas: hay una criatura de 10 años violada por su padrastro. ¿Alguien puede justificar que no pueda decidirse el aborto?
Ni la propia teología de Santo Tomás lo dudaría cuando pensaba en un ser humano a partir del día 40 de gestación e invocaba del mal menor ante el riesgo de salud de la madre o de un hecho dañoso como la violación. Santo Tomás de Aquino, por las dudas.
Es cierto que en estas tierras los que se dicen seguidores de las enseñanzas de la Iglesia suelen esconder que moralmente el catolicismo no tiene una posición contraria radicalizada al aborto en estas específicas circunstancias. El obispo de Salta dijo hace horas, nunca antes de que la noticia tomara estado público, que hay que juzgar al violador omitiendo que eso ocurre porque hay Código Penal y no mandato religioso. El problema, hay que resaltarlo, sigue siendo que la ley religiosa se entromete innecesariamente en un país ordenado bajo una República laica. Aquí, otra vez, la diferencia. Monseñor Mario Cargnello puede actuar de buena fe como piensa siendo respetado por la ley. Los que creemos que es inmoral, antinatural que una niña de 10 años deba padecer la consecuencia de la aberración de una violación, quedamos fuera de la ley y somos considerados delincuentes.
Esta es la discusión inicial que debe ser zanjada el 13 de junio. Quien está leyendo esta crónica, ¿cree que una mujer que aborta es una delincuente que merece ser tratada con la lupa del Código Penal? Si la respuesta es no, no hay demasiado más para debatir. La ley debe ser aprobada.
Lo que viene: de la media docente de proyectos en danza podría surgir uno de consenso. Un conjunto de legisladores que está dispuesto a levantar la mano por la aprobación plantean dos temas. La objeción de conciencia de los médicos y la edad para tomar la decisión para abortar.
Por lo primero, el caso es de sencilla solución. Ya funciona en Rosario este registro que permite a un médico de hospital público evitar intervenir si su conciencia no se lo permite. Otro profesional del área puede reemplazarlo. Hasta ahora, experiencia concreta mediante, nunca surgió un abandono de asistencia médica ni un forzamiento a un profesional para que haga lo que no desea hacer.
Por lo otro, a partir del concepto de capacidades progresivas introducido por el Código Civil unificado que prevé que un joven a partir de los 13 años puede ya empezar a tomar decisiones sin la tutela de sus mayores, la cuestión es algo más sutil pero no imposible. Si una joven de 13 años puede realizar todo acto lícito (así lo prevé la norma de hace un par de años) y el aborto se despenaliza, quedaría entonces liberada a decidirlo por su propia voluntad. Aborto legal, acto jurídico legal admitido para esa edad. Quizá haya un camino intermedio de reclamar el acompañamiento de sus padres o tutores entre los 13 y los 16, calificando ese acto como un hecho trascendente.
Sin embargo, la decisión final de la aprobación o no quedaría resuelta por los ausentes. Ya circula en el Congreso un listado de 25 diputados que, para no asumir el costo de la decisión, podrían no concurrir el 13 de junio. Conversando con uno de ellos, el razonamiento parece expresarse de esta forma. "No quiero oponerme. Pero no podría explicarle a mis votantes que levanté la mano a favor. Corro riesgo de no renovar la banca el año que viene", le dijo una diputada a este cronista en estricto off.
Si es sorpresivo que una persona que piensa de un modo esconda su forma de sentir para que no se le escapen los votos, peor es saber, según esta experimentada legisladora, que a los votantes les importa más lo que aparenta que lo que es. Algunos podrían votar por un representante siempre y cuando no haga lo que piensa. Si siente blanco pero expresa negro, alcanza. Como si las traiciones a los pensamientos no fueran una forma de escupir al cielo en una tierra en donde sólido una ley no ha sido derogada: la de la gravedad.