Opinión

Educación ambiental sin barreras

Es de conocimiento público que en el ámbito nacional, provincial y muy especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coexisten muchas normas que protegen los derechos de las personas con necesidades especiales.

Jueves 24 de Enero de 2008

Es de conocimiento público que en el ámbito nacional, provincial y muy especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coexisten muchas normas que protegen los derechos de las personas con necesidades especiales. Pero también corresponde destacar que muchos de los derechos que dichas normas contemplan no son satisfechos, lo que indefectiblemente conlleva serias dificultades a la hora de ejercerlos.
Cuando hablamos de educación ambiental hacemos referencia a la transmisión de conocimientos, aptitudes y valores que atañen al ecosistema, los cuales ameritan la adopción de acciones positivas hacia el medio natural y social, conductas que se traducen en ciudados y respeto por lo que "es de todos y nos rodea", por el patrimonio cultural de nuestra sociedad y por fomentar la solidaridad entre generaciones.
Para que ello deje de ser un derecho meramente ilusorio debemos instar a las autoridades gubernamentales competentes a que cumplan sus cometidos esenciales.
Desde el rol que revistamos, sea como ciudadanos, integrantes de una organización no gubernamental, docentes o actores de la gestión pública o legislativa, e incluso como magistrados, debemos accionar en procura de lograr la instrumentación de un sistema qu eponga fin a las diferencias y consagre a la educación ambiental formal, no formal e informal como un sistema interrelacionado y no como compartimentos estancos.
En el esquema descripto sin lugar a dudas es esencial el rol del Estado como garante de los derechos humanos, en mérito al cual debe dotar a la ciudadanía de herramientas interjurisdiccionales que resulten eficaces y adecuadas a los efectos de la implementación y ejecución de políticas educacionales que hagan a la protección del ambiente y su pleno disfrute.
Por un lado, los organismos de gobierno ambientales y educacionales (ya sea en el ámbito nacional, provincial e incluso en la Ciudad Autónoma) deben actuar de modo orgánico e inclusivo. Muchas veces les será necesaria la participación de otras áreas de las administraciones, como las de discapacidad, cultura y salud, entre otras.
Varias son las acciones y programas que se han desarrollado en el área metropolitana y en distintas localidades del interior del país. Sólo a modo de ilustración podemos citar el informe especial que durante el año 2007 elaboró la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, vinculando la accesibilidad en iguales condiciones a las escuelas públicas; el proyecto de ley nacional de accesibilidad integral en museos para personas con discapacidad, que se halla en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación; la investigación escolar realizada en la localidad de Ramona, provincia de Santa Fe, por la contaminación de las aguas; la elaboración del mapa de problemas ambientales en la ciudad de Rafaela, que sirvió al municipio para vislumbrar las problemáticas no difundidas en materia ambiental. Esto demuestra que la temática está instalada en la sociedad y en la comunidad educativa.
Pero siempre aparece la necesidad de generar políticas públicas de modo coordinado, transversal e interdisciplinario. En tal sentido creemos conveniente que las propuestas y medidas que se intenten establecer en los niveles de gobierno involucrados en la materia consagren algunos (o todos) de los siguientes lineamientos: 1) importancia de generar acciones conjuntas, tanto a largo, mediano y corto plazo; 2) conformación de una Red Federal donde el Estado interactúe con la sociedad civil en un rol activo y no como mero observador del proceso, enfocada a priorizar los espacios públicos (en las áreas protegidas o fuera de ellas) que ameriten de modo urgente la adopción de decisiones y políticas que garanticen la igualdad de derechos en materia de accesibilidad a todas las personas; 3) internalizar a la socidad sobre los problemas y las posibles soluciones; 4) trabajar desde la etapa inicial en las escuelas, mejorar la capacitación docente y priorizarla; 5) redefinir los canales de comunicación y 6) la necesidad de un plan estratégico comunicacional.
Un nuevo desafío, que no siempre sale a la luz o al que no se le brinda un adecuado tratamiento público o comunicacional, para las nuevas autoridades en las provincias y en la Nación.
(*)Abogada, especialista en Derecho Administrativo, docente universitaria, coordinadora nacional del Departamento Derecho Ambiental de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.

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