La desaprobación más o menos generalizada de los rosarinos respecto del aumento del boleto urbano de ningún modo justifica los incidentes que se produjeron el jueves en el Concejo Municipal cuando los ediles aprobaron la medida.

Esos lamentables episodios no sólo no pueden ser aceptados sino que tienen que recibir el reproche enfático de toda la sociedad, incluso de quienes se oponen al reajuste tarifario y reclaman una mejora sustancial en el servicio que presta el transporte público en la ciudad.

No se pone en tela de juicio el derecho a protestar y exigir que asiste a los ciudadanos, y menos cuando se trata de una cuestión central en la vida de los habitantes de una ciudad como es el transporte. Se cuestiona en cambio el empleo del insulto, la agresión y la destrucción de bienes materiales como formas de ejercer esos derechos.

Tan indiscutible como el perjuicio que causa a la economía de los usuarios es que el aumento del boleto fue aprobado siguiendo los mecanismos legales e institucionales previstos para ello. Ese dato insoslayable le otorga una legitimidad indiscutible y quienes se oponen al aumento no deberían ignorarlo.

A los rosarinos les asiste el derecho de seguir exigiendo con énfasis una tarifa acorde con los ingresos medios y, sobre todo, un mejor servicio de transporte. Pero los incidentes del jueves no deberían repetirse, por la salud de las instituciones y de los derechos ciudadanos.