Opinión

Decidir por "sí" o "no", ¿pero sobre qué?

Consulta popular sobre la reforma constitucional santafesina. Una reflexión sobre legitimación política y la buena fe del gobernante.

Lunes 01 de Abril de 2019

Independientemente de las cuestiones formales o procedimentales respecto de quién llevará a cabo las tareas de despliegue y repliegue de documentación, material electoral y comunicación, designación de autoridades de mesa, fiscalización de los partidos políticos, seguridad del comicio, control y escrutinio de la consulta popular no vinculante ya decretada por el Poder Ejecutivo provincial para el 16.06.19, hecho que no es menor a tenor de la postura asumida por el TEP; entiendo que debe abordarse también el fondo de la cuestión.

Me refiero a que no alcanza con proponer a la ciudadanía que vote si está de acuerdo o no con una reforma constitucional, sino que debe someterse a consulta el contenido mismo de la mutación. De lo contrario estamos ante una trampa. Quien propone la consulta debe precisar al menos cuáles son las alternativas y sus fundamentos, pero hasta ahora nadie ha informado cuál es el texto que se propone modificar y el desconocimiento de la población es un impedimento real, concreto y absoluto para poder decidir.

En primer lugar, porque los mecanismos para la reforma ya están establecidos en la propia Constitución provincial, y no pueden ser alterados solo con argumentos o buena voluntad, ocurre que hay que tener los votos en las Cámaras legislativas, nada más; si no entramos en una especie de democracia deliberativa en reemplazo de una democracia representativa, sin apego a las normas y en franco abuso de una de las herramientas populares más importantes, solo con el propósito de hacer campaña en estas elecciones; advirtiendo, incluso por si fuera necesario, que la misma Constitución no prohíbe la reelección del gobernador.

En segundo lugar, la población merece y tiene derecho a conocer cuál es el texto que propone el gobierno, o si mantiene el que ya fue elevado al Parlamento local, y no tuvo ni tan siquiera tratamiento en comisiones. Cuando un proyecto fracasa en la Legislatura, ese revés no debería subsanarse apelando a una consulta popular, sino generando mejores condiciones de consenso, incluso entre sus propios legisladores y aliados.

En tercer lugar, el TEP no ha impedido ni prohibido la consulta, solo ha recordado sus competencias; y responsablemente ha expresado que el escrutinio y organización de la consulta no están entre sus facultades legales. Incluso, sabemos, que en los procesos electorales el escrutinio provisorio queda a cargo del PE, no del TEP; que no tiene atribuciones —reitero— mas allá de las que establece la ley y no puede hacer otra cosa que cumplirla. Si el TEP organiza la consulta viola la ley, por más que lo pida el gobernador o se firme un convenio de cooperación.

Por último, los ejemplos nos pueden ilustrar mejor ya que se ha hecho mención periodística al plebiscito sobre el Laudo Arbitral en la disputa limítrofe sobre el Canal de Beagle tiempo atrás. En este caso se puso a consideración de la población un texto concreto, por "sí" o por "no"; ahora no se conoce qué es lo que se somete al juicio de los ciudadanos. La confusión puede derivar en que muchos podemos estar de acuerdo con la reforma, pero en distintos artículos o a la inversa, con lo cual el engaño puede darse en que la posibilidad o no de una reforma constitucional esté fundada en opiniones que por muy distintas pueden ser contradictorias. Y el caso paradigmático lo tuvo —a su turno—la provincia de Buenos Aires cuando el gobernador Antonio Cafiero llevó adelante la reforma constitucional y posteriormente la sometió al veredicto de los ciudadanos, votándose en aquella oportunidad por la negativa, quedando sin efecto por ende su aprobación. Nada más democrático que el requisito fundamental del doble consenso (legitimidad y legalidad) para no quedar atrapados en discursos minoritarios, por importantes que sean.

En síntesis, esperamos que esta confusión no se convierta en un engaño generalizado, ya que sino estarán forzando las instituciones en fraude a la ley y a los santafesinos.

Exigimos del gobierno provincial asuma el imperativo ético de grandeza acorde con las conclusiones que tengan todos los partidos políticos sobre la necesidad, oportunidad y conveniencia de reformar la gran Constitución provincial de Santa Fe de 1962, y conocer al menos con anticipación, los argumentos políticos, históricos e institucionales de quienes proponen el llamado a consulta a la población, y así conocer los verdaderos intereses que la informan, ya que además el señor gobernador es candidato como gran parte de su gabinete y se impone, por ello, un ejemplo de transparencia de manera imprescindible e ineludible de las máximas autoridades.

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