El viernes 29 de agosto dos individuos en moto dispararon contra la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Fueron nueve balazos contra el frente del edificio. Los agresores tiraron un pedazo de cartón donde se mencionaba al fiscal Matías Edery de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada. "Vamos a matar policías, jueces y fiscales".

El vértigo de una violencia afianzada que despedaza la comunidad también descompone la memoria. Pasaron quince días pero se volvieron tan rutinarios los atentados contra espacios institucionales que a un suspiro de acontecer todo se hunde en el olvido. Pero lo que prometía ese cartel dos semanas después resulta impecablemente cumplido. Ejecutaron a balazos a un policía que llegaba a tomar su puesto en el edificio policial, sin tomar recaudos ni ocultarse, tal como se había anunciado.

La criminalidad vigorosa que perfora la ciudad pone cada vez más altos sus mojones. Organizaron atentados en la calle ordenados desde adentro de Tribunales cuando un testigo salía de declarar. Acribillaron autos frente al distrito sur mientras salían chicos de un jardín de infantes. Tirotearon la casa de un gobernador. Acribillaron las viviendas de funcionarios judiciales. Dispararon contra cuatro abogados penalistas en cinco años. Azotaron a tiros edificios del Poder Judicial, el Concejo Municipal, sedes penitenciarias, comisarías y fiscalías. Solo hacia junio de este año hubo 36 escuelas que en Rosario no tuvieron clases por hechos de violencia.

Hay un factor de repetición que tiene como denominador y mensaje común, en estos objetivos y como acciones que escalan, ser un reto claro al Estado. No pocas veces las fuerzas de seguridad se han visto entreveradas en sociedades con el delito. Policías que participan de la investigación de bandas en fiscalías han terminado presos este mismo año por colaborar con grupos criminales. No es para decir ni de lejos que este sea el caso. Es para enfatizar que cuando se anuncia que van a matar policías y efectivamente asesinan a uno en la puerta de una agencia policial el ataque es contra el Estado.

Es contra un Estado que ha perdido la capacidad de mitigar las acciones organizadas desde dentro de las prisiones por delincuentes que saben que no saldrán por 40 años. La diferencia de velocidad y de objetivos entre Estado y grupos criminales es notable. El problema criminal de Rosario atraviesa las gestiones y perdura en una ciudad que se parte en sus contrastes abruptos. Y entonces se dan dos factores notorios. Uno es el de la temeridad, la crueldad y el desdén de una delincuencia transida de violencia que se atreve a todo. La otra es el de un sistema criminal que aunque puede esclarecer los hechos y aislar a los culpables no detiene sus acciones, brutales hasta lo inverosímil. Una gestión que pese a sus eslóganes de campaña no tuvo plan para la seguridad pública, para la administración de los detenidos de alto perfil en las prisiones, para la coordinación entre persecución penal y accionar de sus golpeadas fuerzas operativas se retira en diciembre derrotada en buena proporción por la imprevisión en ese enorme agujero. Un ex ministro de Economía de la provincia afirmó en redes sociales hace 20 días que en el primer semestre del año el gobierno provincial exhibió una fuerte subejecución de las partidas del presupuesto para invertir en seguridad. Dijo que se había usado apenas el 16% de los fondos disponibles. Nadie que se sepa le dio una respuesta. No es por esto que pasó lo de hoy. Pero es también el eslabón de una cadena de todo lo que a la política le faltó tomarse escrupulosamente en serio.

Acaban de matar a un policía a 15 días de que un grupo de sujetos dejara un cartel avisando que lo harían. Puede ser una casualidad aún prematura para ser descifrada pero no lo es que atenten rutinariamente contra una sede policial. Hemos ido normalizando acontecimientos despiadados. No caer en respuestas brutales, torpes y mágicas producto del miedo o la impotencia es fundamental. Pero el Estado debe mostrar serenidad, planificación y reacción dentro de la ley. La criminalidad sube todo el tiempo sus varas y la ciudad asiste al show dramático de su despliegue de sangre. Es un grave disvalor para la autoridad democrática sea cual sea su signo y también una advertencia. Tan dolorosa como la muerte violenta de un empleado estatal que estaba entrando a su trabajo.