Opinión

Conflictos y arbitrajes

Debate. Se debería apuntar a un sistema mixto (público y privado) en el que el arbitraje asuma un papel protagónico junto al procedimiento judicial.

Jueves 13 de Febrero de 2020

La lentitud con que se desenvuelven los procedimientos judiciales, la saturación de los tribunales, la imprevisibilidad de las sentencias que se emiten bajo estas condiciones y los serios perjuicios que todo ello infringe a la comunidad parece ser un problema insuperable en la provincia de Santa Fe. Múltiples son sus causas; la desproporción entre la cantidad de litigios y el menguado plantel de jueces destinados a su gestión es una de las principales. Sin duda, entonces, que un aumento del número de jueces sería un aporte importante para mejorar significativamente el sistema, pero ello difícilmente logre concretarse alguna vez; menos aún, sostenerse en el tiempo. Así pues, seguir insistiendo con un sistema de solución de conflictos monopolizado por el Poder Judicial no ha de ser el camino más sensato. ¿No será la hora ya de abandonar el arquetipo y apuntar a un sistema mixto (público y privado) en el que el arbitraje asuma un papel protagónico junto al procedimiento judicial?

Descripto sintéticamente, el arbitraje consiste en someter el juzgamiento de un conflicto entre partes –que puede ser tanto un simple cobro de pesos, como una compleja acción societaria, por ejemplo– a la decisión de un árbitro independiente del Estado –sea una institución, sea una persona física–, elegido libremente por aquéllas. Se trata, en definitiva, de un juicio privado, ni más ni menos. Una de las características más importantes de esta clase de procedimiento es que la sentencia del árbitro (laudo) tiene exactamente el mismo valor que la sentencia de un juez. Ciertamente, no debe confundirse el arbitraje con la mediación, pues son mecanismos diferentes: en el arbitraje el tercero (árbitro) resuelve el conflicto; en la mediación el tercero (mediador) no resuelve, sólo facilita la comunicación entre las partes para que éstas logren llegar a un acuerdo.

Es curioso que la gestión de servicios públicos esenciales como la salud, la educación e, incluso, la seguridad se encuentre compartida por el Estado y los particulares, mas no acontezca lo mismo, en los hechos, con la justicia. Si se tiene en cuenta el imprescindible aporte que la iniciativa privada realiza para que la comunidad cuente con la mejor salud, educación y seguridad posible, fácilmente se advierte la enorme colaboración que actualmente se desaprovecha en materia de solución de conflictos, al no recurrirse con frecuencia al arbitraje privado. Tan evidente desperdicio de recursos humanos es cuanto menos inexplicable, sobre todo en zonas como la del gran Rosario, plaza que cuenta con algunos prestigiosos tribunales arbitrales institucionales en funcionamiento –el del Colegio de Abogados es uno de ellos–, y cientos de abogados en condiciones de desempeñarse como árbitros –dependiente o independientemente del colegio–, con no menos idoneidad ni probidad que un juez del Estado.

Nótense algunas incoherencias: a) en tanto es absolutamente normal que la salud y la educación de las personas se confíe a los particulares (sanatorios, y colegios y universidades privadas, respectivamente) en lugar del Estado, difícilmente suceda lo mismo con la resolución de conflictos patrimoniales; b) mientras el sistema público de justicia de la provincia de Santa Fe ofrece a la comunidad sólo unas pocas decenas de jueces para resolver todas sus controversias patrimoniales, afuera aguardan instituciones y varias centenas de árbitros listas para colaborar con la prestación del servicio, por el momento desaprovechadas.

De compartirse la idea de que la propagación del arbitraje es un punto que no debe ser omitido por un programa de gobierno que aspire a mejorar realmente el sistema de justicia, de seguro también que se estaría de acuerdo con que modificar una cultura que impulsa a la gente a acudir invariablemente al Poder Judicial (los tribunales públicos) para resolver sus conflictos no es una tarea sencilla. Dos situaciones obstaculizan la difusión y práctica masiva del arbitraje: de un lado, el desconocimiento de la mayor parte de la sociedad de este medio de resolución de disputas; de otro, la creencia generalizada –desde luego, errónea– de que la sentencia dictada por un tribunal público tiene más valor que el laudo de un tribunal arbitral. De ahí la necesidad de que el Estado se involucre activamente en el intento de modificar la inercia que conduce todos los conflictos al Poder Judicial e incentive el arbitraje, otorgando, por ejemplo, una exención al impuesto de sellos para los contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda, en los que se pacte el arbitraje como método de resolución de eventuales disputas. De este modo, las controversias que derivaren de dichos contratos habrían de tramitar obligatoriamente ante los tribunales de arbitraje pactados –institucionales o personales–, proceder que, a fuerza de repetición, permitiría difundir este método privado de resolución de conflictos en el área de las locaciones. Dado este primer paso, es de suponer que más tarde la comunidad se verá alentada a acudir espontáneamente al arbitraje en otras áreas, lo que redundaría en beneficio de la descongestión de los tribunales públicos.

La exención impositiva –siquiera parcial– sugerida no habría de impactar considerablemente en las finanzas públicas, puesto que, si bien implicaría cierta reducción de ingresos fiscales, simultáneamente evitaría el gasto necesario para crear y mantener los muchos nuevos juzgados que la situación actual exige.

Culminando estas reflexiones, es importante señalar que si bien la crisis de la justicia pública brinda una oportunidad al arbitraje, éste no debe ser visto solamente como una respuesta a aquélla, sino como una alternativa a evaluar con abstracción de la situación del sistema público. Es que el arbitraje ofrece ventajas –entre otras, procedimientos ágiles y pocos formales, corta duración del proceso, posibilidad de las partes de elegir a árbitros especializados y peritos, menor costo que el juicio público– que lo harían deseable aún en la hipótesis de una administración de justicia que funcionara perfectamente.

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