Opinión

Conflicto de intereses

Miércoles 22 de Marzo de 2017

En 2015, con el triunfo de Cambiemos, comenzó un nuevo diálogo político en nuestro país. Se trata de una conversación que estuvo suspendida largo tiempo sobre la integridad en nuestras instituciones y el comportamiento de los funcionarios públicos. Un cambio en ese sentido requiere de consensos y debates políticos.

La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública de 1999 resultó insuficiente para brindar herramientas de solución para los casos de conflictos de interés. Es por ello, que junto con el presidente del interbloque Cambiemos, el diputado nacional Mario Negri, presentamos un proyecto de ley que tiene como fin regular las situaciones en las que, potencial o realmente, el interés público pudiera verse afectado por los intereses privados de los funcionarios que deben tomar decisiones.

Esta iniciativa propone fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas y consolida las instituciones, a la vez que es complementario a las medidas que está llevando adelante el Poder Ejecutivo en materia de transparencia. Los decretos que elaboró la Oficina Anticorrupción con discusión participativa representan soluciones inmediatas, a la vez que sumarán al debate parlamentario de una ley para fortalecer la transparencia.

Entre los puntos más importantes se destaca la institución en cada uno de los poderes del Estado de autoridades de aplicación de la norma. Estas instancias recibirán consultas sobre posibles situaciones de conflicto de interés y, también, tendrán que controlar y publicar las declaraciones juradas de intereses de los funcionarios, crear un registro público de regalos y otro de consultas recibidas con su correspondiente recomendación, entre otras funciones preventivas.

El conflicto de interés puede involucrar tanto a funcionarios como a personas de su círculo familiar. Por eso esta norma abarca a los funcionarios de los tres poderes, actualmente alcanzados por la ley de Ética Pública, y agrega a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados.

Este proyecto de ley sigue recomendaciones de la OCDE y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Así, se han incorporado mecanismos de prevención de los conflictos de interés que regulen toda situación que pueda afectar la legitimidad de las decisiones y políticas públicas en la medida que colisionen o puedan colisionar el deber público y los intereses privados de un funcionario.

Las autoridades de aplicación de cada poder del Estado podrán sugerir diversas soluciones al funcionario que se encuentra en un conflicto de interés: la renuncia a actividades privadas, la abstención de intervenir en una actividad específica que esté bajo su órbita, optar por constituir sus bienes en un fideicomiso ciego, venta de activos o interés financiero en conflicto o renuncia al cargo.

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