Opinión

Coimas de alto nivel y bloques de poder

Miércoles 05 de Agosto de 2020

En el último año calendario asistir en Rosario a audiencias por los más importantes hechos criminales derivó no pocas veces en citas inesperadas con la política. No tanto porque sea cada vez más común que se filtren en los audios de los fiscales nombres de dirigentes que cubren o han detentado cargos de Estado. Más bien porque bajo las penumbras de hechos opacos se encuentran muy seguido las huellas de los bloques de poder institucional que dan amparo a quienes los cometen. Hasta ahora es difícil que alguien dé argumentos. Pero para que un sistema democrático funcione, o para decirlo mejor, no estalle en mil pedazos, son indispensables las explicaciones, un bien ausente cuando explotan los escándalos.

El fiscal regional de Rosario Patricio Serjal tuvo que irse de su cargo a toda velocidad empujado por un hecho impactante de corrupción. Ahora que todos los vidrios están rotos es momento propicio para recordar los vaticinios de que iban a romperse. Reaparecen las preguntas que se hicieron hace tres años. Por entonces, cuando no lo conocía nadie, la incógnita era por qué motivos un fiscal de Flagrancia era propuesto para el cargo de fiscal regional sobre candidatos con más prestigio que él litigando, investigando o por el reconocimiento de sus compañeros. El ex gobernador Miguel Lifschitz envió su pliego que fue apoyado por la Legislatura.

En octubre de 2016 había en curso una causa penal por un millonario fraude inmobiliario con diez imputados. También legajos abiertos contra cuatro senadores por situaciones que podían implicar delitos. El jefe de la Unidad de Delitos Económicos era el fiscal Sebastián Narvaja. En febrero de 2017 fue el concurso para fiscal regional de Rosario. En el trámite no hubo evaluación de gestión de los candidatos que participaron, que eran fiscales en ejercicio, ni valoración técnica, ni contabilización de antecedentes. Ganó Serjal.

Los legisladores provinciales entonces, de manera unánime en las dos Cámaras y a libro cerrado, decidieron atribuirse ellos mismos el control disciplinario de todos los fiscales y defensores públicos. La Legislatura se quedó así con la potestad excluyente de perseguir a cualquiera que iniciara una investigación molesta contra alguno de sus miembros.

Enseguida el pleno de senadores impulsó una denuncia para investigar a Narvaja por irregularidades en su desempeño en un juicio que terminó con la condena a varios policías. Serjal, que ya estaba al mando, le asignó el caso al fiscal Carlos Covani que allanó Delitos Económicos. Al mismo tiempo Serjal ordenaba que Narvaja, que investigaba a uno de los senadores, se fuera de esa unidad investigativa.

La causa contra Narvaja, un pretexto para frenarlo, terminó archivada por Covani este mismo año por ausencia de delito. Pero los senadores con ella lograron correr del medio a este fiscal a la vez que se daban esa norma sin parangón en el país que les permitía sancionar fiscales. Narvaja se defendió con un recurso de amparo diciendo que ser sometido a un proceso disciplinario por legisladores violaba la división de poderes.

La Corte Suprema provincial acaba de pronunciarse diciendo que ese recurso perdió sentido por un cambio de ley que modificó levemente la anterior. Pero uno de sus ministros, Daniel Erbetta, hizo un interesante voto aparte. Allí afirmó, como una camarista señalaba previamente, que era gravísima la posibilidad de que un cuerpo eminentemente político utilizara el enorme poder que se les otorga a sus miembros para disciplinar a funcionarios fiscales, lo que viola la garantía del debido proceso. Fue como decir: hicieron la ley para no ser tocados.

Serjal echó a Narvaja de la oficina que investigaba a senadores. Y poco después despegó a dos imputados de la causa de fraude inmobiliario. Todo sin explicación aparente pero con potente capacidad de ser interpretado. Dos años después de eso el gobernador Omar Perotti le acepta la renuncia y Serjal está a la espera de ser imputado por proteger delincuentes.

En la superficie de estas circunstancias queda solamente hoy un nombre propio. Los que hicieron posible que un hombre oscuro y carente de liderazgo gobernara por tres años la mayor agencia de persecución del delito están afuera. Esa es la influencia ejercida por bloques de poder real. El estatuto de la reforma procesal penal, una Justicia transparente con procesos que se ven en audiencias públicas, choca contra una lógica anclada en el pasado, que es el funcionamiento de la política, en especial del Senado provincial, una suerte de aduana de la gobernabilidad de tres millones de personas ejercida por diecinueve, amparada en una baja visibilidad.

Lo que no se ve del todo igual bien que se siente. Sin disimulo se impuso como fiscal regional a un hombre sin que sus pares lo entendieran. Y se eligió a un fiscal adjunto pese al dictamen negativo del jurado. Hoy ambos, Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, están implicados en un caso de corrupción estruendoso. Pero las acciones indispensables para llegar al vértice del poder, desde donde hicieron eso que se les imputa, quedan con mínimo examen. Esto que se supone imperceptible no lo es y destroza la legitimidad democrática. Cuando aparecen vedettes, payasos o neonazis como representantes del pueblo la política profesional se conmueve. La política profesional que hace estas cosas.

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