Bolivia emerge dentro de una situación política complicada para la América Latina actual, donde la democracia está en disputa como construcción de un horizonte común de sentido. Y donde, al mismo tiempo que se ha deprimido la presencia de organizaciones regionales que actúen en la promoción de espacios de diálogo y de negociación en caso de conflictos, se renueva la presencia heterogénea pero contundente de los militares en la vida pública y/o gubernamental.
Hace un mes que en Chile surgieron protestas disparadas por la suba del boleto del metro a las que el presidente Piñera respondió con un inescrupuloso "estamos en guerra". Esas protestas, que rebasaron su sentido original, intentaron ser reprimidas sin éxito con la declaración de estado de sitio y una represión que vulnera el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. La cifra de heridos de balas de goma crece, como también la de perseguidos y detenidos, y es aún incierta la de muertos en las protestas. Ecuador había declarado el toque de queda semanas antes y la represión a las movilizaciones ante los ajustes impuestos por las medidas del FMI también le fue confiada a los militares. En Perú, octubre ha sido institucionalmente controvertido. El presidente disolvió el Congreso que sucesivamente suspendió al presidente, y la vicepresidenta juramentó en su lugar. También aquí las FF.AA. contribuyeron al sostenimiento del orden político. Los militares ocupan funciones clave en gobiernos cuyos países padecieron golpes y dictaduras militares. Como en Brasil, donde el presidente y el vicepresidente son militares retirados, y el gabinete los tiene como funcionarios. En México las FF.AA. reprimen el crimen organizado y, como en Guatemala y Honduras, contribuyen en las tareas de represión de los migrantes.
Por todo esto, la "sugerencia" realizada por la policía y las FF.AA. a Evo Morales en el momento posterior a que aceptara los resultados de la Auditoría de la OEA y llamara a elecciones para encontrar una salida a la crisis política, desnuda la acción de amenaza coactiva de dos de las instituciones estatales que poseen el monopolio de la violencia sobre el personaje político principal. Un presidente que, si hubiese funcionado el Estado de Derecho, tendría que haber hallado en esas dos instituciones subordinación. En cambio, después de producida esa sugerencia coactiva, la policía que había estado amotinada se desamotinó y, haciendo uso de un artículo de una Constitución que ya había violado, recurrió a las Fuerzas Armadas. He aquí el núcleo de la situación golpista.
Hay que hacer audible que nada de lo acontecido con anterioridad al domingo 9/11 justifica el golpe del 9/11. Ojalá llegue el momento en que se puedan discutir las causas y comportamientos políticos que corroen por dentro a las democracias. Pero hoy, ninguna de las controversias anteriores acerca del carácter más o menos forzado (pero no informal) de los arreglos que llevaron al tercer mandato de Morales, ni la suspensión momentánea del recuento de votos aguardando los resultados que provenían de las zonas rurales, justifica la ruptura institucional provocada por el "golpe político-policial y cívico" —como lo llamó Evo—. Ese tiempo quedó interrumpido en el instante en que la policía y las FF. AA desposeyeron de todo valor político e institucional el llamado de Evo a elecciones para garantizar una salida institucional. La propuesta presidencial era democrática porque tras los resultados arrojados por la Auditoria de la OEA, Morales llamó a elecciones. Aunque los fundamentos de acusación sobre el fraude no están claros ni en el informe de la OEA ni en la oposición política boliviana. El presidente no sólo tomó un camino institucional. Se avino, además, a la posibilidad de que la contingencia del resultado de unas nuevas elecciones le fueran adversas. La "sugerencia" coactiva realizada tras el llamado a elecciones, revela el golpe.
La situación de invasión policial y militar del espacio público muestra la decisión golpista de desplegar la violencia estatal y clausurar las garantías del Estado de Derecho. Se suceden la orden de detención librada contra el presidente por una policía que negó lo dicho, pero fue a buscar a las FF.AA. amparándose en el artículo de una Constitución que ya había violado. Luego, la ocultación clandestina de Evo, quien tuvo que protegerse del Estado entre los cocaleros del Chapare, y la negación de los militares a una salida normal del territorio boliviano. Asimismo, el vandalismo sobre su domicilio y de otros funcionarios gubernamentales y legisladores del MAS, la agresión física, la humillación racial y xenófoba, la privación transitoria de la libertad, y la declaración de estado de sitio de facto el día lunes 11 a la noche, dejan ver el socavamiento del Estado de Derecho. La generalizada represión y muerte durante el fin de semana, exponen la manera en que se inician los autoritarismos.
Aunque un golpe no inaugura un nuevo régimen político, este no es un golpe parlamentario, ni dentro de la democracia (blando, constitucional). Tampoco es un golpe militar en el sentido en que nos enseñaron las experiencias conclusivas de apoderamiento enérgico y ofensivo del poder político de los años '60 y '70 del siglo XX. Sin embargo, reaviva la memoria del pasado reciente de golpismo y dictaduras cívico-militares generalizas en la región. Y hace visible a uno de los actores que el presidente nombró como responsables del golpe.
Los intentos por recuperar el funcionamiento institucional y por cubrir la acefalía se vuelven complicados después que se sucedieron las renuncias de la línea sucesoria establecida por la Constitución. Renuncias que, paradojalmente, no pudieron ser aceptadas o rechazadas por la falta de garantías constitucionales y amenazas para el trabajo parlamentario. Situación que llega hasta la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la senadora Jeanine Añez, quien se autoproclamó presidenta interina fuera de todo mecanismo de convalidación constitucional y de todo consenso legislativo. Aún resta por considerar cómo se rencauzarán estas acciones. Pero Añez, quien por ahora acalló la audibilidad del hombre visible de la oposición electoral Mesa y de Camacho, hombre de la derecha conservadora, católica y reactiva contra las tradiciones originarias, no cuenta con legitimidad de origen. Lo que muestra a otros de los actores que Evo Morales nombró como responsables del golpe, aunque no sean ellos estrictamente los golpistas.