Ataque al súper del suegro de Messi: ¿está la política en condiciones de dar respuesta?

Para aludir al ataque al supermercado Único, propiedad del suegro de Lionel Messi, noticia que está bien alto en los portales de todo el mundo, no hay que detenerse tanto o exclusivamente en la criminalidad. Sino en la política.

Detenernos en una pertinente, no capciosa y honesta pregunta que debe dejar de lado especulaciones maliciosas y emocionales. ¿Está la política actual en condiciones de dar respuesta a la violencia desbocada y delirante que cruza la ciudad de Rosario? La política son las instituciones del Estado a las que concierne la seguridad pública.

La política tiene que tomar una decisión trascendental en estos días. Y es elegir al que será el funcionario más importante en el diseño de la persecución criminal en la provincia. Esta semana se realizó el concurso para fiscal general de Santa Fe. Ese concurso fue ante jurados. Pero buena parte de la política no elegirá a funcionarios que no le garanticen cobertura. Es algo que se está rosqueando hace meses y de lo que se habla en pasillos de la Legislatura, de la Casa Gris y del Ministerio Público de la Acusación.

Esto transcurre en las sombras mientras al supermercado de la familia de Messi lo remachan a tiros a las 3 de la mañana en un acto que queda filmado y que no puede ser prevenido por dos motivos: no hay desarrollo en inteligencia criminal y las cárceles cada vez más explotadas son el centro de gestación de estos hechos.

Hace cuatro años, la política eligió a un fiscal regional de Rosario que no tenía ninguna formación específica, más allá de ser fiscal, en diseño de política pública de persecución criminal. Era un funcionario de flagrancia de nula exposición pública y casi desconocido. Otros candidatos más expertos y fogueados fueron dejados de lado. Un grupo de legisladores no obstante trabajó sin pausas para impulsar al desconocido, el gobernador de la provincia lo propuso y la Asamblea Legislativa lo votó. Un furtivo y notorio acuerdo.

A dos años de asumir lo echaron por delincuente. Nunca la política se hizo cargo de su decisión. Pasó como con Fraticelli: con la misma velocidad que votaron su pliego en el mismo recinto lo volaron de una patada en el culo. Nadie explicó por qué Patricio Serjal fue elegido. Todavía está pendiente esa explicación. En su transcurso, Serjal perdonó a empresarios y a políticos por un desastre ambiental en Capitán Bermúdez. También protegió a políticos que no pudieron ser desaforados cuando salió a la luz ese resguardo. Hoy ese dirigente es presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad avalado por la Legislatura.

Desde la legalidad, dice el sociólogo Matías Dewey, se conceden permisos a la ilegalidad, a quienes necesitan eludirla para acceder a beneficios del Estado u operar en mercado ilegales. En este caso referido eso se hizo casi sin consecuencias salvo, cuando el escándalo ardía, cortar el hilo por lo más delgado. Echaron al fiscal indefendible porque era muy evidente. Pero muchos en la trama quedaron intocados y sobre todo lo demás funcionó igual. La Legislatura en su tiempo se dio una ley para investigar ella a fiscales cuando hubo senadores denunciados por delitos económicos. Crearon condiciones para perseguir al fiscal que los investigaba. Luego se plegó el Senado sobre si mismo cuando le pidieron desafuero a uno de los propios por recibir dinero del juego clandestino. Y la Corte Suprema de la provincia, por 5 votos a 1, le dio la razón al senador en cuestión.

¿Que no tiene esto nada que ver con que le tiroteen el supermercado a la familia política de Lionel Messi? Es una forma de verlo. Pero cuando se habla de persecución penal a fondo muy a menudo la violencia es el instrumento de generar ingresos que terminan en el campo legal. ¿Quién podría haber soñado que otro hecho violento, como la balacera al casino, terminaría con la destitución del fiscal regional de Rosario, hace solo dos años? ¿Quién podría haber visto en un hecho violento superficial la base profunda de un fenómeno de corrupción judicial y política? No es solo un fenómeno económico. Son también tramas de distribución de influencia y poder.

Este es el momento para definir si la política habla de esto con voz alta y contundencia. O si decide replegarse sobre sí misma y blindarse, como ya hizo, para no pasar sofocones en el futuro.

Las organizaciones criminales que recurren al terror público tienen sus brazos desplegados hacia negocios rentables donde hay asociaciones mutuas e intercambios con actores legítimos. ¿Qué decidirá la política ahora que hay que renovar la conducción de la persecución penal en la provincia y Rosario? Se inclinará por actores que vayan a fondo contra las lógicas de mercado que ligan, dándole viabilidad, a los actores violentos con los que multiplican sus ganancias con ellos? ¿Lo hará así el costo sea desnudar a funcionarios administrativos o dirigentes de la política, profesionales liberales, empresarios, financistas, funcionarios judiciales, empresas de medios, periodistas? ¿O, en medio de este incendio, hará lo de siempre?

Hasta las 10 de la mañana de este jueves el título principal en la portada del diario La Vanguardia de Barcelona, uno de los más poderosos de Europa Occidental, era una noticia ocurrida en Lavalle al 2500 en Rosario que concierne al mejor futbolista del mundo. Cada día la violencia corre sus límites con afectaciones culturales profundas. Según datos de la Fiscalía Regional ayer miércoles hubo 14 denuncias de balaceras extorsivas en distintos puntos de la ciudad. Una federación de células informales y armadas tienen tomada Rosario con chantajes violentos. Todo es tan dinámico e incierto que nada puede darse por sentado. ¿Fue un grupito de emprendedores audaces el que acribilló el super de la familia de Messi? ¿Se cuelan otras intenciones de otros estamentos?

La sensación de que a Rosario se la devoran los perros es invisible pero palpable. Le están rompiendo el corazón a la ciudad. En el medio hay varias verdades. Uno de los problemas más serios es que una enorme parte de la policía provincial no tiene incidencia en el fenómeno criminal por falta de formación o, peor, muchas veces está directamente implicado en él. El tiroteo del super Único volvió vieja a los cinco minutos una noticia impresionante: detuvieron a un presunto sicario de Ludueña y a una persona por pasarle información oficial, nada menos que su madre, una policía de la comisaría 12.

Muy duro en un lugar donde empezaron a ocurrir hechos donde cualquiera puede morir ante las ambiciones planificadas de una banda. Hay hechos cualitativamente distintos. El año pasado sólo para asentar su voluntad de predominio una joven profesora de danzas y su madre fueron asesinadas en una parada de colectivos de Parque del Mercado. También mataron porque sí a un joven músico escogido al azar y arrojado frente al Estadio de Newell’s hace un mes.

Hace dos meses hirieron de varios balazos a futbolista de 17 años de la reserva de Racing de Avellaneda que difícilmente vuelva a jugar. Hace tres semanas mataron a dos personas, una de ellas policía, al acribillar el frente de un cantobar. La portada de la edición impresa de hoy parece un exceso de realismo mágico: frente al reciente tiroteo en un velatorio las casas de servicios fúnebres piden protección policial. Todo en un ámbito donde un Estado débil y mucha población joven desempleada y sin horizonte son la fórmula lógica para que aflore el crimen. Y la idiotez de soluciones simplistas, fracasadas y autoritarias como las que desde afuera de Rosario nos vinieron a vender precandidatos presidenciales esta misma semana.

Nada saldrá de recetas de feria, sino de políticas planificadas con seriedad, a largo plazo y sin la idea que campea de cubrir los flancos para que a los poderosos no les flameen las piernas. Estamos en una ciudad donde la tasa de homicidios de su población masculina de 15 a 29 años fue de 40 muertes cada 100 mil habitantes. Ese número es una tragedia. También lo es saber que entre 2008 y 2022 las prisiones santafesinas aumentaron su población un 146 por ciento según el Observatorio de Seguridad provincial. Se pasó de 4 mil presos a 9.500 solo para que el delito se planifique desde allí y aumente.

Entretanto, de la mano de la violencia va la impotencia. Para la Nación la solución no pasa de mandar gendarmes. El gobierno provincial actual tuvo tres años de políticas improvisadas en seguridad donde la cartera específica fue un campo de maniobras y disputas pueriles mientras las tasas de delitos de sangre crecían a su máximo histórico. Ahora toda la política con representación democrática define en Santa Fe quién será el que desde abril próximo conducirá la persecución al delito. Sería provechoso para la sociedad civil estar muy atenta al proceso. Sobre todo cuando hay evidencia que la reciente elección de un fiscal regional echado por corrupto hace un par de años no parece haber servido de lección.