Opinión

Aportes para una ciudad y una provincia más seguras

Inseguridad. Políticas aplicadas exitosamente por ciudades atravesadas por el delito organizado fijan un camino a seguir en Rosario y Santa Fe.

Viernes 01 de Febrero de 2019

Todos los días nos despertamos con noticias sobre hechos delictivos cada vez más violentos. Ante esto queremos proponer que se realice un plan conjunto que involucre al Estado municipal, al provincial y al Nacional. Estos deben gestionar la urbanización de los sectores marginales. Para eso hay que asegurar la igualdad de obras, servicios públicos, espacios de deportes y recreación, salud pública y educación (en todos sus niveles) apuntada a la salida laboral. Estas políticas fueron aplicadas exitosamente por ciudades atravesadas por el delito organizado, lo que nos fija un camino a seguir.


El municipio debe participar en el control de delitos de lavado de dinero. Hay que controlar el origen de las inversiones de todo tipo a fin de evitar el blanqueo de dinero del narcotráfico y del crimen organizado.

También debe colaborar en el armado un mapa de la economía del delito -que no es lo mismo que un mapa del delito- junto a la provincia y la Nación. Hay que registrar desarmaderos, chatarrerías, talleres y galpones que puedan ocultar bienes de la piratería del asfalto, o talleres de "corte" de vehículos robados. Como también debe registrarse las pensiones ilegales y casas usurpadas que muchas veces son aguantaderos de delincuentes, distribuidores de drogas, lugares ilegales donde se desarrolla trata de personas, o donde se realizan grandes operaciones de dinero en negro.

Los funcionarios deben salir de sus oficinas tomar contacto directo con los vecinos y las distintas organizaciones barriales, vecinales, cooperadoras escolares, clubes, asociaciones de jubilados, centros comerciales, etcétera. También se deben crear canales orgánicos, para luchar contra la inseguridad y garantizar las denuncias y la información anónima en el ámbito municipal.

A nivel provincial, si bien el problema del narcotráfico y consumo de drogas es de larga data, creemos que el inicio de la actual gestión de gobierno provincial en 2007 se cometieron dos errores centrales: por un lado, no ejercer un férreo control de la fuerza policial y, por otro, tratar de minimizar las disputas violentas del narcotráfico. Tal es así que en el año 2013 el gobierno provincial afirmaba que "sólo el 16 por ciento de los homicidios eran de ese origen y el resto no es de bandas sino de gente que se conoce" o conflictos interpersonales.

Hoy nos encontramos con un número importante de personal policial imputado por enriquecimiento ilícito, según los dichos del Ministro de Seguridad de la provincia, quien destaca haber procesado y apartado de la fuerza a más de tres mil efectivos, cifra preocupante si vemos que se trata aproximadamente del 15 por ciento de la fuerza.

Cerramos 2018 con 200 homicidios sólo en Rosario, cifra que triplica la media nacional y supera ampliamente a la provincia de Córdoba, que en 2018 registró 104 homicidios en todo el ámbito de esa provincia.

Sobre lavado de dinero y evasión fiscal, en 2015 la Subsecretaría de Delitos Económicos manifestaba que "en Santa Fe la evasión fiscal es el delito más frecuente", mientras que durante años la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha colocado siempre entre los dos primeros puestos del interior del país a nuestra provincia en casos de lavado de dinero.

El gobierno provincial debe asumir esta realidad, planificar con los municipios y con la Nación la inteligencia criminal para prevenir el delito y no correr detrás de él.

Debe producir una profunda reforma policial que elimine los bolsones de corrupción, y establecer un control ciudadano orgánico sobre la fuerza.

Al mismo tiempo, debe incentivar la profesionalización de los miembros de la policía y la justicia, dotarlos de mayor tecnología, y en el caso policial, asignar sueldos dignos. Asuntos internos, donde "duermen" muchos casos de corrupción mezclados con faltas leves, debe también ser rediseñado.

En resumen, se deben fortalecer las políticas de inclusión social e inteligencia criminal y a la vez que crear un nuevo sistema penitenciario, y exigir a la Nación el cumplimiento integral de sus funciones en seguridad y justicia federal.

El Estado nacional tiene una deuda con la provincia de Santa Fe y en particular con Rosario y su zona metropolitana.

La provincia de Santa Fe ocupa el segundo lugar por importancia económica y el primero por sus fuentes de divisas por las exportaciones que parten de ella.

No obstante, la justicia federal carece de suficientes magistrados, fiscales, laboratorio científico y una unidad propia de inteligencia criminal que se apoye en las cuatro fuerzas de seguridad interior como son la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Tampoco existe un control efectivo sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, que sólo en nuestra provincia posee 24 puertos. Cada vez son más numerosos los cargamentos de drogas incautados en Europa cuyos puertos de origen pertenecen a la hidrovía.

No hay control permanente y organizado por parte de las fuerzas federales en la ruta nacional 11 llamada "ruta de la marihuana", la ruta nacional 34 denominada "ruta de la cocaína" o la ruta nacional 33 que conecta con la ruta nacional 7 y a través de ellas con la República de Chile, otra de las vías usadas por el narcotráfico.

Transitando el siglo XXI, el Estado nacional no tiene una cárcel en la provincia de Santa Fe, los procesados con prisión preventiva y los condenados por delitos federales están alojados en cárceles provinciales, lo que realmente significa una vergüenza.

Con estas consideraciones pretendemos aportar a construir una provincia, una región y una ciudad más segura con menos miedo y menos inseguridad para los vecinos.


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