Algunos juicios serán más transparentes

El gobernador de la provincia no se equivoca cuando afirma que la justicia es hoy uno de los poderes más cuestionados por la sociedad. Debería decir también que muchas de las acciones judiciales que molestan a la gente devienen de decisiones previas de los poderes político y legislativo. Sería más honesto y menos demagógico que así lo hiciera.

Miguel Lifschitz dio ese diagnóstico sobre la percepción que la sociedad tiene de la justicia al anunciar su intención de instaurar en Santa Fe el juicio por jurados. Está muy bien que lo proponga, pero debería saber que la aplicación de ese sistema no mejorará en términos cuantitativos la lucha contra el delito ni modificará el humor colectivo relativo a las decisiones judiciales.

El enojo de la gente con la justicia es un reflejo de la inseguridad, que es hoy el tema que más preocupa a los ciudadanos. Más incluso que la inflación, el aumento del desempleo, las inundaciones y otros males que los aquejan día a día. Padecimientos, por otra parte, que la sociedad le debe a su clase dirigente, de Cambiemos en el País, del Frente Progresista en la provincia y en Rosario.

La sensación general es que la inseguridad tiene que ver con los problemas sociales, con la falta de educación y con otros factores, pero sobre todo y esencialmente con la impunidad. Por eso se enoja la gente con los jueces y por eso se enoja con los gobernantes, aunque el gobernador sólo vea el primero. Porque la percepción mayoritaria es que la delincuencia callejera, el narcotráfico, los homicidios y otros delitos graves crecen debido a que ni los gobernantes ni los jueces hacen lo suficiente para evitarlo.

Hace unos años, cuando otro gobierno socialista finalmente encaró en la provincia una demorada reforma del sistema procesal penal, la sociedad santafesina escuchó mil veces que, entre otros tantos beneficios, el nuevo sistema contribuiría a mejorar la seguridad pública. Así debió ser, y si no ocurrió no fue porque el nuevo sistema no apuntara a ello sino porque no alcanza con la sanción de un código distinto para mejorar la producción judicial y bajar la impunidad. Para eso también hacen falta más y mejores recursos humanos, y más y mejores recursos materiales y técnicos. Paradoja: ambos dependen de decisiones políticas, no judiciales.

Sucederá lo mismo si finalmente se instaura el juicio por jurados. Ahora sugiere el gobernador que servirá para mejorar la administración de justicia en la provincia, algo que sin duda todos los santafesinos esperan con ansiedad. Lo que no dice es que de ningún modo contribuirá a condenar a más homicidas, femicidas, violadores y otros delincuentes. La sensación de impunidad generalizada que hoy enoja a los santafesinos, entonces, no tendrá motivos para verse atenuada.

El juicio por jurados sin dudas contribuirá a la calidad de los procesos y sobre todo de las sentencias de los casos en los que se aplique (se sugiere leer las declaraciones del presidente de la Corte en la página 8), pero no permitirá que haya más juicios y que más delincuentes se sienten en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una posible condena. Por lo tanto sólo mejorará la transparencia en algunos casos, pero no modificará la producción general de la justicia.

Las reformas de fondo son necesarias, aunque la coyuntura muchas veces parezca sugerir lo contrario. Lo fue la del sistema procesal penal y también lo es la instauración del juicio por jurados. Lo que no está bien es hacer demagogia con ello y sugerir, aunque sea entre líneas, que algo tan puntual como la participación de los ciudadanos en los juicios mejorará la seguridad pública, que es lo que hoy demanda la sociedad.

En Santa Fe se podría comenzar por darles a los fiscales más y mejores herramientas para investigar los delitos, reunir pruebas y lograr la condena de sus autores. Y eso es algo que depende del poder político y no de los jueces. Aunque además se instaure el juicio por jurados.