Agua y bien común

"...como solía decir Heidegger, uno no sabe qué es el martillo hasta que se rompe..."

(Zygmunt Bauman)

San Agustín de Hipona nos decía que los grandes reinos no son más que proyecciones ampliadas de pequeños ladronzuelos. Y, las grandes proyecciones que sobre el agua reflejaba el primer ministro de Italia, dejaba traslucir los pequeños y mezquinos intereses de sus planteos sobre la privatización del agua. Todo lo que pertenece al bien común, como el agua, no puede ser objeto de apropiación privada. Lo que es del bien común no es del mercado. Cualquier ambición de apropiarse de un bien que es de toda la comunidad se convierte en una rapacería. Que cínicamente es presentada como una "positiva" iniciativa para el ambiente.

El agua es un bien de la naturaleza, es una necesidad no mercantilizable. Es un requerimiento imprescindible para la vida y un derecho humano esencial.

Los días 12 y 13 de junio de este año, se realizó un referéndum vinculante en Italia. Era sobre cuatro cuestiones, entre ellas la privatización del agua y su financiación. La sociedad civil italiana votó por la abrogación de las normas jurídicas que permitían que este servicio público estuviera en manos privadas y que se garantizara una plusvalía porcentual por la explotación hídrica comercial. Sin importar ni la calidad ni la inversión realizada. La comunidad se expresó planteando la derogación de estas dos normas y que el agua debe estar en manos públicas y sosteniendo su carácter inalienable. Este bien no puede ser objeto de plusvalía privada. Las consultas populares para que fueran válidas, según la legislación vigente, es de más del 50 por ciento del padrón electoral, tarea en verdad difícil, máxime cuando en este país las sombras de los siete fracasos referendarios de 1997 y 2009 todavía sobrevolaban en esos días. Sin embargo, la sombra se alejó de los cuerpos de las personas y la gente brilló con un casi 57 por ciento de votantes. Se logró el quórum. Más de 95 por ciento votó por el sí a la abrogación de las normas que permitían la privatización y comercialización (con plusvalía garantizada) de los bienes hídricos. Y el 94 por ciento votó por el no a la energía nuclear, respaldando el referéndum de 1987 que ya la había rechazado.

Sobre un total de 47 millones de italianos llamados a votar, aproximadamente más de veinticinco millones de ciudadanos votaron por el sí a la derogación de cuatro normas que conculcaban los derechos de la ciudadanía. Dos que permitían, como dijimos, la privatización del agua y la comercialización con ganancias garantizadas del siete por ciento, la otra que planteaba la inserción de la energía nuclear en el país y por último la del "legítimo impedimento" que era una injusta e ilegítima inmunidad judicial para los ministros.

La sociedad civil, el hogar de la historia al decir de Federico Hegel, ha demostrado en Italia, su vitalidad y que quiere protagonizar la vida pública. Ha construido un monumento al buen ambiente, con su postura del agua como bien común y el rechazo a la energía nuclear. Dijeron no a Chernobyl de 1986 y a Fukushima de 2011. Al pasado y al presente. Esta contemporaneidad sin dudas, le habla al futuro. Va por él.

La sociedad civil de América Latina también ha realizado grandes aportes para mejorar el ambiente y fortalecer el agua como bien común. Recordemos en tal sentido la "Guerra del Agua" en Cochabamba (Bolivia) en el año 2000, que luego de un proceso de gran participación ciudadana, se rescindió el contrato con la multinacional estadounidense Bechtel que gestionaba con el nombre Aguas del Tunari. Ello fue producto de la participación decisiva el pueblo, de la sociedad civil. El espíritu de participación popular cuestionador de la privatización del agua se expandió también a La Paz y El Alto (2005 comienzo del conflicto y rescisión en enero de 2007), se rescindía así el contrato a la empresa Aguas del Illimani del grupo Suez. En el primer caso la población rechazó la privatización, ante un aumento del 250 por ciento de las tarifas y en el segundo caso el cuestionamiento ciudadano comenzó cuando el grupo Suez dejaba fuera del servicio sanitario a 200 mil personas y ante un aumento facilitador de la privatización del 57,7 por ciento . Asimismo, la conexión de agua y cloacas de esta empresa era de cerca de 450 dólares, cuando el salario promedio era menos del 5 por ciento del guarismo mencionado. Argentina asimismo, ha realizado en tal sentido su contribución y se ha reflejado en los conflictos de Agua del Aconquija SA del grupo multinacional Vivendi, luego en el de Aguas Argentinas SA del grupo Suez y en la provincia de Santa Fe, con Aguas Provinciales de Santa Fe SA también del mismo grupo francés. La constante weberiana de estas privatizaciones, señalan una violación a los derechos humanos por impedir el acceso a los servicios sanitarios a una parte de la población, por otra el constante aumento de tarifas, el de montar un negocio financiero y el incumplimiento de las inversiones prometidas. Cabe señalar que en el caso de Santa Fe, distintas organizaciones sociales y ambientales como la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS) cofundadora de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, distintos organismos no gubernamentales, entidades intermedias y partidos políticos organizaron a fines de septiembre de 2002 un plebiscito popular de consulta sobre el agua privatizada en la provincia. El resultado fue un triunfo de que más de 252 mil personas pedían el retiro de la empresa del grupo Suez.

Este proceso de construcción del bien común va a tener su cumbre sociológica y jurídica en la constitución de Uruguay (artículo 47), en la de Bolivia (artículo 20 inciso 3), en la de Ecuador y en la constitución de Venezuela. También resulta de buen tino mencionar tanto el V Foro Social Mundial de Porto Alegre (2005) como asimismo la resolución de la ONU del 28 de julio de 2010 propuesta por Bolivia.

Es dable ver que América Latina ha dado grandes pasos hacia la valoración del agua y el ambiente, siendo el bien común su espíritu fundamental. Italia, se ha hecho eco de esta tendencia histórica, pero esencialmente, de que sólo puede haber bienes ambientales de todos si son comunes a todos. Y lo serán si lo estatal pasa a ser un bien público con justicia social y ambiental.

(*) Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales