Nena embarazada: la familia dio marcha atrás con el pedido de aborto

Concordia.- Los familiares de la nena de 11 años de General Campos -en el nordeste de Entre Ríos- víctima de un abuso sexual por parte de un adolescente de 17 años y embarazada de 12 semanas de gestación resolvió directamente dar marcha atrás con el pedido de autorización judicial para realizar un aborto inducido. No obstante, dos horas antes de conocida la decisión, una ONG denunció públicamente que hubo presiones por parte de autoridades y profesionales intervinientes en el caso (ver aparte).

Pasado el mediodía de ayer, y tras una audiencia que duró más de 3 horas en los tribunales de Concordia, la madre de la víctima autorizó a la abogada patrocinante, María Susana Benítez, a que retirara la solicitud.

En la entrevista con el juez de Familia, Raúl Tomaselli, los familiares fueron informados en detalle sobre los exámenes practicados a la niña por un equipo de profesionales del hospital Masvernat de esta ciudad, que concluyó que es "apta físicamente para seguir con su estado de gravidez" y "afrontar el embarazo".

Luego de ese detalle la familia pidió a la abogada que retirara el pedido de un aborto inducido, ya que la decisión era seguir adelante con el embarazo, según pudo confirmar Diario Río Uruguay de Concordia. Minutos antes de las 15 se retiraron de las dependencias de los Tribunales Tomaselli y su secretario, David Brodsky quienes se negaron a hacer declaraciones sobre lo que se había resuelto.

Pormenorizado. Según confirmaron fuentes judiciales a ese matutino, la audiencia que se concretó a partir del mediodía de ayer en consistió en una dilatada y detallada explicación del cuadro que presenta la menor con un embarazo de tres meses. Fue allí donde la pequeña víctima de abuso, la familia y la abogada escucharon el pormenorizado informe elaborado por un equipo de Obstetricia y de Pediatría que "llegó a la conclusión que tanto la menor como el feto están bien y el embarazo no compromete la salud de ambas personas".

La causa continúa en la Justicia ya que en la misma reunión que se celebró en los Tribunales de Concordia la familia exigió que se establecieran obligaciones para los organismos dependientes del Estado tanto nacional como provincial para la prestación de toda la asistencia requerida para la menor y la criatura que se está gestando en su vientre.