Directivos de los puertos del norte del cordón exportador del Gran Rosario y de
la cooperativa prestadora de servicios de estibaje avanzaron en la negociación para evitar un
conflicto que podría traer graves consecuencias sobre la actividad productiva de la región.
Así lo consignaron a La Capital fuentes del complejo exportador que aglutina a
casi una decena de compañías y concentra más de la tercera parte de los embarques agrícolas del
país, quienes ofrecieron una recomposición de las tarifas de un 25 por ciento a la Cooperativa de
Trabajos Portuarios, la firma que monopoliza la prestación de servicios de estibaje en
instalaciones de Puerto San Martín y Timbúes.
El porcentaje de incremento de tarifas se acerca a los planteos de la
cooperativa, que venía reclamando un reajuste para poder recomponer el salario de sus trabajadores,
encuadrados en el Supa. Aunque los directivos de la cooperativa no habían formalizado planteo
alguno, la propuesta de recomposición de las terminales fue entregada el pasado jueves. Se espera
que los cooperativistas analicen la oferta y comiencen las reuniones para lograr un entendimiento
en el corto plazo.
La oferta sirvió para apaciguar ánimos luego de que se produjeran escarceos
previos que encendieron una luz de alarma. Durante los últimos días había causado preocupación
entre los empresarios de la región la irrupción del titular de la Confederación General del Trabajo
nacional, el camionero Hugo Moyano, conformando una alianza denominada Unión de Trabajadores de la
Actividad Agroindustrial, del Transporte y de la Estiba (trabajadores aceiteros, portuarios y del
transporte), que amenazó paralizar la economía de la zona con piquetes en las rutas y bloqueos a
las empresas.
Bajo la conducción del líder cegetista y con el peso específico de los
camiones se ha desarrollado en la Argentina un esmerado know how para poner a las empresas en
aprietos. “Entendemos que la generación de cualquier tipo de conflicto sólo lleva a una etapa
del pasado de esta zona que no queremos se suceda nuevamente, pues existen todas las condiciones
para ser una de las regiones productivas más importantes. Sólo el diálogo maduro y el consenso es
lo que nos posibilitará a todos seguir construyendo y manteniendo la actividad de la misma”,
explicaron voceros de las terminales en un reciente comunicado.
La preocupación va más allá de las filas empresarias: el tema también es
monitoreado desde la Casa Gris de Santa Fe, con la intención de evitar un nuevo foco de conflicto
social en la provincia, en un mes que viene muy cargado por los problemas con los trabajadores del
sector público.
Aunque el conflicto en los puertos del cordón industrial involucra en
principio a empresas, el problema es más complejo porque existe un entrelazamiento de poderes.
Ocurre que la cooperativa que presta servicios a las terminales de Puerto San Martín y Timbúes es
liderada por un peso pesado de la política, el sindicalismo y el empresariado zonal, Herme Juárez,
ex intendente de Puerto San Martín y también secretario general del Sindicato de Portuarios (Supa).
Esa doble pertenencia le permite a Juárez jugar a dos bandas: por un lado negocia desde la
cooperativa como empresario y al mismo tiempo presiona desde el Supa como proletario.
Valores superiores. Un relevamiento de las tarifas de estiba vigentes en la principal zona
agroexportadora del país, que comprende las zonas de General Lagos, Rosario, San Lorenzo, Puerto
General San Martín y Timbúes concluye que los valores actuales que cobra la Cooperativa de
Servicios Portuarios superan con creces a las del resto de las terminales del cordón
agroexportador. En el resto de las instalaciones por lo general no existen prestadores monopólicos,
si bien las empresas contratan personal registrado en el Supa.
Más allá de la discusión tarifaria, preocupa a las empresas la
competitividad del complejo portuario. El fantasma de la decadencia de los puertos sucios, como el
caso de Rosario, que terminó en su época arruinando una actividad estratégica para la región,
empezó a sobrevolar en el horizonte mediato.