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Movida empresaria y legislativa por los aumentos de la EPE

Senadores del PJ piden que la empresa revea el “exorbitante” incremento de las tarifas. Reunión con metalúrgicos de Esperanza.

Sábado 19 de Marzo de 2016

Los anunciados aumentos de las tarifas eléctricas generaron una movida no sólo a nivel empresarial, sino también legislativo. El Bloque de senadores provinciales del Partido Justicialista solicitó a al Poder Ejecutivo que, a través de la Empresa Provincial de la Energía, aplique beneficios directos y revea el exorbitante aumento de las tarifas eléctricas, que “afectará el normal desempeño de las industrias santafesinas e impactará duramente en su estructura de costos y en la economía de nuestra provincia, así como los usuarios residenciales, y que se dio como producto del sostenido incremento en los últimos ocho años por la EPE y la reciente quita de subsidios por parte del gobierno nacional”.

   El proyecto de comunicación fue elaborado por iniciativa de Rubén Pirola (Las Colonias), ante el reclamo de los miembros de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Esperanza, que analizaron los aumentos y advirtieron que el impacto afectará a miles de empresas que no podrán hacer frente a las subas que en algunos casos superan el 350 por ciento.

   Los legisladores sostienen que mediante resolución N 6 de este año, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación informó sobre el nuevo cuadro tarifario, a raíz de la presentación realizada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammessa) argumentando que “el precio a pagar por la demanda de energía eléctrica en el mercado mayorista debe ser suficiente para satisfacer el costo económico de abastecerla”.

   Destacan los senadores que el costo de la tarifa eléctrica que paga un usuario se conforma por cuatro componentes: generación, transporte, distribución e impuestos.

   El valor de la generación de energía es el precio al que las empresas distribuidoras compran la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que es lo que aumentó, mientras que el valor de transporte tiene un valor casi simbólico de 0,007 pesos por kilovatio hora según un informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). En cuanto a la distribución (o VAD -Valor Agregado de Distribución), es lo que cambia de manera significativa entre jurisdicciones, porque es determinado por cada autoridad provincial, como ocurre con los impuestos locales.

   En los casos de Edenor y Edesur, que son las empresas que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (donde reside casi el 40 por ciento de los usuarios residenciales del país, según datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina), el costo de la distribución lo determina el Gobierno nacional a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que en general no autorizó actualizaciones del VAD en la última década. La resolución 7/2016 del Ministerio de Energía publicada el 28 de enero instruye al Enre para que realice “un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur”, pero sólo establece que deberá entrar en vigencia antes del 31 de diciembre.

   “La Empresa Provincial de la Energía incrementó en más de diez oportunidades sus tarifas desde 2008. Es decir que mientras compraba energía barata subsidiada por el Gobierno nacional, nos la vendía cada vez más cara a los santafesinos, ya que no trasladaba el subsidio por distribución dispuesto por la Nación a los usuarios de Santa Fe, quienes tuvieron que pagar tarifas sistemáticamente incrementadas desde dicha fecha”, sostiene el bloque justicialista.

   Las conclusiones de la mesa industrial regional, apoyada en casos concretos de pymes que han visto triplicar o cuadruplicar sus costos energéticos, ponen en evidencia “la gravedad de la situación financiera para hacer frente a estas facturas y su impacto en términos de costos y competitividad en todo el territorio santafesino”, afirman los senadores.

   “Si los usuarios de la EPE han hecho en todos estos años un esfuerzo económico desproporcionado respecto a residentes de otras localidades para poder afrontar los incrementos de las tarifas, es hora que el Gobierno provincial, que se quedó durante ese período con los subsidios nacionales de distribución a la energía sin trasladarla a los usuarios, haga un esfuerzo que contribuya a atenuar el fuerte impacto que la misma está causando en el bolsillo de los santafesinos y en la economía provincial”, consideran.

   Para los senadores justicialistas, el gobierno santafesino “no debe permanecer inerte y asumir un fuerte compromiso en materia de política pública en la prestación de sus servicios públicos, aplicando resortes y herramientas técnicas que le son propias, a fin que las decisiones nacionales en materia eléctrica produzcan el menor impacto posible” en usuarios residenciales e industriales.

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