De espaldas a la cámara de Canal 3 una mujer habla el miércoles a la tarde en barrio Ludueña. Cuenta que le balearon la casa en Magallanes al 100 y también el auto. Le dejaron un cartel con trazos manuscritos para que abandonara la vivienda. En un esfuerzo de sinceridad, venciendo el miedo y acaso el pudor, refiere que su hermano consume drogas. Explica que su barrio está tomado por gente que vende y que imagina que el ataque viene de una deuda impaga. Después el equipo periodístico se va. Ella se queda allí con el corazón en la mano.

Tantas fuerzas profundas y arraigadas de una ciudad descompuesta palpitan en ese episodio y en la soledad de esa mujer. La cantidad de balaceras para provocar usurpaciones de casas es un fenómeno instalado día a día en los medios locales. Pero a veces en un relato como el de esta mujer asoman posibilidades de comprensión de la prosperidad del comercio de drogas y también de sus inmensos destrozos. Los chicos a los que suelen atrapar por balear casas promedian los veinte años. Ellos mismos no tienen en su mayoría ni otro plan ni otro destino. Pero muy a menudo las víctimas son personas que están vinculadas a ese mundo sin ser delincuentes y también sus familiares. Son consumidores que hacen girar la rueda del negocio y con ello también de la violencia. De esa espiral sin freno ellos mismos serán promotores y víctimas.

El caso de Chano Carpentier de la semana pasada mostró el costado presente y menos visible de las adicciones problemáticas. Esto en Rosario desde 2008 se disparó dramáticamente de la mano del narcomenudeo. Los escenarios contiguos a la violencia están lejos de agotarse en una persona que abre fuego. Ayer sábado una mujer quedó en prisión preventiva por bajarse de una moto y pegarle cinco tiros a la fachada de una casa de Francia al 5300. La evidencia en su contra era terminante. Pero para los fiscales también hubo un dilema: la mujer, de 33 años, tiene dos hijos chicos. Entonces pidieron para ella una prisión domiciliaria al solo efecto de que los nenes no quedaran desamparados.

El juez a cargo no la concedió. También había otro ingrediente. La dueña de la casa baleada había intentado levantar a último momento la denuncia contra la acusada alegando una confusión. Para todos fue evidente que estaba aterrorizada y buscaba esquivar nuevas represalias. El magistrado entendió eso e impuso prisión efectiva en una cárcel.

La campaña electoral en Santa Fe hacia las Paso del 12 de septiembre tiene en los tres espacios mayoritarios una confrontación interna que no solo es fuerte sino también atractiva. Pero la política casi no está discutiendo estos asuntos. Cuando Marcelo Sain dejó el Ministerio de Seguridad el debate sobre los temas de esa cartera desaparecieron de la comunidad política como si los problemas de violencia se hubieran extinguido. Pero la dinámica de las balaceras arrasa con un vigor indetenible. Y con ello la de las personas afectadas por la violencia desde todos los ángulos.

Dice un fiscal sobre la ausencia de un debate institucional y político serio sobre este estrago. "Las políticas fracasan porque quedan a mitad de camino. Metes en la cárcel a un acusado y la cárcel te convierte en un delincuente más violento. Las balaceras bajan solo en apariencia después de una reacción estatal. Un ejemplo fue lo de Piñero cuando tras la fuga sacaron a grandes narcos de la provincia. En las dos semanas posteriores se notó un freno pero fue una reversión momentánea. Esta semana en cada allanamiento por balaceras encontramos en las casas a mujeres con al menos cinco hijos. Hay una inmensa problemática social acentuada con esta pandemia que dejó mucho peor a las personas vulnerables". Que ahora, dice con subrayada mordacidad, "son pobres malos y no pobres dignos como nos gustaría que fueran".

Que las facciones internas de los partidos o de las alianzas confronten, incluso que lo hagan con virulencia y atacándose frontalmente, es muy sano. No lo es tanto cuando en sus discursos proselitistas no se detecta debate sobre cómo romper con los efectos económicos de una pandemia demoledora, cómo encauzar el futuro de sectores populares juveniles triturados por el desempleo o del efecto fulminante que deja en toda la ciudad el comercio y el consumo de drogas.

Otra cosa con la que no rompen los partidos es con los problemas institucionales comunes. El viernes pasado el subjefe de policía de la provincia, Ariel Zancocchia, fue destituido de su cargo por quedar implicado en negocios ilegales con autopartes de vehículos policiales. Cuando fue designado comisario general por ascenso extraordinario por decreto del gobernador Omar Perotti ya era sabido que Zancocchia estaba mencionado por el tema de las autopartes por el fiscal santafesino Ezequiel Hernández.

Aunque es grave que no salten las alertas eso pudo no saberse. Pero eso no se acepta en todos los casos. La política elige con irresponsabilidad hacer electoralismo barato señalando relaciones entre dirigencia política y policías que resultan investigados. Nadie es inocente. Sectores civiles hicieron, hacen y harán sus turbios negocios con los comisarios que comandan territorios. Pero para acusar fuerte hay que tener prueba fuerte. Con la policía implicada en negocios históricos y sistémicos la piñata de acusaciones sólo destroza a la política.

Le pasó a Perotti con su inaugural denuncia de pacto entre Estado y delito. Debió presentar una evidencia que no mostró. Claro que había montones de suspicacias. Pero la sola suspicacia puede también afectarlo a él. Lo mismo pasó con el ex jefe de policía Hugo Tognoli. Lógico que había motivo de sospecha. Pero los fiscales del caso de Rosario, para implicarlo a Tognoli en comercio de drogas, algo que afectaba al gobierno socialista que lo había designado, se agarraron de un acta podrida que era de azúcar y no de cocaína, suscripta por un comisario diez años después condenado por narcotráfico.

No es candidez. La política para no ser mordida por el descrédito necesita ser seria. Y en estos asuntos requiere un marco mínimo de acuerdos para dejar atrás el pantano. Como el poder para imponer la conformidad ya no existe, dice el antropólogo Clifford Geertz, entonces al menos que existan algunas reglas para no empeorar las cosas.

El enorme estado de exclusión que supone un 42 por ciento de la población viviendo bajo la línea de pobreza es una anormalidad. Y la anormalidad no puede prosperar. El Estado ya no controla todo. Pero sus resortes de representación tienen frente al hocico un escenario yermo con el que no se meten. Un dirigente barrial que trabaja hace quince años en territorios complejos de la ciudad hace su diagnóstico. Es crudo.

"No hay discusión de ideas en términos generales y tampoco se percibe la realidad y la situación límite en la que estamos. Atravesamos un momento pospandemia, crisis económica profunda, niveles altos de violencia, una narcocriminalidad que toma el control de barrios enteros. Y la política ni siquiera está en la gran rosca sino que se discute chismerío y con eslóganes. Si no se visibiliza esto y se produce una reforma que le dé un espacio auténtico y lugares de definición a los sectores más complicados interpreto, sin buscar alarmar, que vamos a un estallido no lejano", dice.

La campaña electoral toca muy poco la reproducción de la marginación económica y social y de la violencia asociable a ella. No se detiene, hasta ahora, en las 506.419 personas pobres y 98.008 indigentes que significan en el Gran Rosario casi la mitad de la población sufriendo carencias que suponen una vida injusta y triste. "Creo que tenemos cinco años de soporte de lo que quedó del Estado de bienestar", retoma el dirigente barrial. "En serio que no se ve ni se discute cómo están los barrios. Si el Estado sigue pensando las políticas públicas con la transferencia de algunos recursos sin ningún elemento de construcción de bien común, de solidaridad y de creación mutua este panorama duro se va a profundizar. Se subestiman demasiado las capacidades territoriales de aguantar una coyuntura muy excluyente para sectores cada vez más grandes".

A mucha gente le balean las casas y eso se volvió un fenómeno regular y endurecido. Como se volvió algo común que desde la cárcel los presos hagan home office para seguir generando violencia y dinero. La sensación de indefensión ante esos apremios tiene un costo irrevocable que la política, como se dice ahora, debería ya poner en valor, porque son costos que no quedarán sin pagar. Son y serán problemas comunes a los que ganen o pierdan. Más vale hacerles espacio.