"La mujer necesita un Estado que la acompañe"

Lo afirma la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Andrea Uboldi. La funcionaria defiende la interrupción voluntaria del embarazo y da cuentas de los resultados positivos del protocolo que se aplica en Rosario. "Debemos abrir las puertas y no ser prejuiciosos", enfatiza.
5 de agosto 2018 · 00:00hs
"La mujer necesita un Estado que la acompañe, un Estado garante". Así define, en forma tajante, la ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, su posición frente a la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que tendrá esta semana un capítulo clave en el marco del debate en el Senado de la Nación.

Médica especializada en infectología —con una larga trayectoria en Rosario a cargo de la coordinación de programas sobre inmunizaciones y el abordaje de enfermedades que estuvieron cruzadas por la estigmatización social y moral— la titular de la cartera de salud santafesina está convencida de que la provincia está atravesada por una diversidad y una complejidad propias de su vasta geografía pero también de su cultura y su grado de desarrollo económico, que durante años hicieron que tuviera "una salud muy fragmentada".

Esa multiplicidad de abordajes es la que hoy se muestra con crudeza cuando se pone en debate la legalización y despenalización del aborto y la forma en la cual se posiciona la salud pública. "Las cuestiones morales, culturales y religiosas las tenés en todas las prácticas", dice, y saca a la luz el abordaje de situaciones de violencia o abuso sexual o el del VIH Sida. Por eso "el trabajo en red es primordial para la garantía de derechos", asegura.

A su criterio, por ejemplo, es imposible pensar que una institución de salud sea objetora de conciencia: "No puede serlo porque es garante de lo que necesita la persona", afirmó, al tiempo que cuestionó la "comodidad" de aquellas entidades del sector privado que buscan esa posibilidad a la luz de la media sanción de la ley en Diputados que no contempla esa chance en casos de IVE. "La objeción de conciencia institucional es un retroceso", dijo Uboldi, y enfatizó que no se puede dejar sólo en manos del sector público esa responsabilidad. "Cuando uno está en un atención integral tiene que interpelarse, consensuar, discutir, discernir y saber que la persona amerita el mejor proceso de atención", expresó en una charla con este diario.

Este debate puso en cuestión aspectos vinculados con la sumatoria de derechos pero también en lo económico en términos de salud pública ¿Qué mirada tienen desde la experiencia que lleva adelante Rosario en interrupción legal del embarazo (ILE)?

—Me parece que los beneficios son en términos de derechos. En en realidad es garantizar un derecho a la salud —que nosotros lo ya venimos dando desde la provincia— centrado en la autonomía de las personas a decidir sobre el cuerpo, la salud, la vida. En la medida que uno trabaje desde ahí y que las personas puedan acceder a los mismos de la forma más cercana a su domicilio, a través de los centros de atención primaria, esto no representa un incremento del gasto, hablando en términos económicos. En realidad la ILE es una práctica de atención habitual, desde la universalidad y gratuidad, que uno ya viene dando. El contexto en que se plantea este debate, por lo menos en la discusión actual, lleva a pensar que todas las mujeres se tienen que hospitalizar, y ese es el grave error. En realidad, ocurre todo lo contrario. En la medida que se garantice el acceso, el acompañamiento, el trabajo en equipo, y la mujer se encuentre con profesionales que la conocen, la contengan y puedan garantizarle la confidencialidad, privacidad y tomar una decisión oportuna con las semanas gestacionales, esto redunda en una atención de la interrupción del embarazo a través de una medicación, que al mismo tiempo va a ser legal y no va a requerir una internación.

¿Por qué cree que se pone el foco en eso, en que habrá muchasi nternaciones?

—Por desconocimiento. Me llama la atención, porque guías y los protocolos lo dejan claro. Cuando te centrás en la hospitalización, en pensar que se va a requerir un procedimiento, que este se puede complicar, que puede requerir antibióticos o alguna situación de otro tipo de intervenciones, el abordaje es erróneo. Nadie está pensando que la mujer llegue en una etapa tardía. Eso puede darse en situaciones como una violación de una menor —u otras muy puntuales como gestaciones con situaciones de anencefalia—. Aunque tampoco debería ocurrir, porque en el caso de Santa Fe tenemos actualmente una estrategia de integración donde hay pesquisa precoz del embarazo y estudios durante el mismo que permiten evaluar anticipadamente malformaciones y demás. Cuando el sistema de salud recibe a tiempo a la persona, la decisión se puede tomar y el costo no se incrementa. Al contrario, se incrementa cuando alguien pasa por un aborto ilegal, cuando llega a un efector con una complicación, cuando eso implica una intervención quirúrgica, antibióticos, anestesia, días de internación. En todos los lugares donde se ha garnatizado la ILE, la tendencia es el descenso de las internaciones, menores días y menores gastos en salud.

Rosario es pionera en la aplicación del protocolo del aborto no punible. ¿Les resultó difícil, como equipo de salud, trasladar esta experiencia a nivel provincial, a toda la capilaridad del territorio santafesino?

—El desafío que tenemos en Santa Fe es la diversidad y la extensión de esta provincia. Es más sencillo trabajar en una ciudad donde ya hay una política sostenida y todos los interlocutores nos formamos, trabajamos y sostuvimos prácticas y modos de atención con garantías de derechos y de integralidad centrados en la persona. Lo de la interrupción legal del embarazo es comparable a cualquier otra intervención. El poder garantizar el acceso a la atención primaria, el trabajo en red, la red de laboratorios...son muchos los ejemplos que tenemos y que, de a poco, pudimos ir logrando llevar a la provincia después de más de diez años de gestión. Pero también hay que reconocer que en cada lugar hay una diversidad que está relacionada con la lógica de las instituciones en ese territorio, características culturales, percepciones, desarrollo económico, la distancia y el vínculo con otras ciudades. En principio, lo que Santa Fe tenía era una salud muy fragmentada. Cada efector respondía por sí solo y no estaba establecida la red. En esta lógica de trabajar en red me parece que la ILE se puede ir dando, así como dimos la red provincial de emergencias y traslados, la red de laboratorios, la de atención y regionalización materna. Hoy tenemos la experiencia de la regionalización de las maternidades, única en Argentina, donde se logró determinar cuál es el mejor lugar para nacer y la atención de las mujeres de acuerdo a la evolución de su embarazo. Eso fue una discusión y fue un cambio de paradigma, porque antes, cualquier mujer podía parir en cualquier lugar. Cuando uno expone las condiciones básicas y necesaria para el buen parir, empieza a pensarse en la importancia de un banco de sangre, de neonatología, de categorizar el embarazo, y en esto también se pudo avanzar. Por supuesto que en una ciudad la posibilidad de los efectores es más sencilla que cuando estás pensando en conectar Reconquista con Santa Fe o 9 de Julio con Rafaela y con Santa Fe. Acá lo que nos sobrepasa es la distancia, la complejidad y diversidad de la provincia.

A diferencia de estos avances que menciona, en el caso de la ILE hay un fuerte componente de aspectos morales que no se pusieron en juego en otras prácticas.

—Las cuestiones morales, culturales y religiosas las tenés en todas las prácticas. Cuando uno trabaja protocolos de violencia, violación o abuso sexual también hay diferencias en cuanto al posicionamiento sobre como se tiene que trabajar. Vuelvo a marcar lo de la red porque hacerlo de este modo es lo que nos permitió comunicarnos con un "otro". Allí aparece la posibilidad de que si un equipo nunca tuvo una situación de ILE y está motivado, hace la capacitación, sabe a quien llamar o consultar y la red se fortalece. Vuelvo a los ejemplos: las cuestiones morales y éticas las tuvimos también con VIH. Antes era impensable que una persona se pudiera testear en una plaza de Sunchales o atenderse, teniendo sida, en Villa Minetti ¡pero lo logramos!. Lo hacen en esos lugares y no se trasladan a Santa Fe o Rosario. Me parece que lo de la red es muy positivo en este sentido ya que le permite al profesional, primero, la capacitación, la comunicación continua, un equipo de referencia que acompaña a otros equipos en las decisiones que tome, sean de ILE o cualquier otra cosa.

Citó los abusos sexuales...

—Lo remarqué porque, por ejemplo, el protocolo de violencia o abuso en una guardia antes requería que la gente se traslade a Santa Fe para ir al Hospital Cullen, o a Rosario. En este momento el kit, el protocolo sobre como tomar la muestra, la privacidad o la forma sobre como atender a una mujer abusada está vinculado con todo un proceso de atención. Si como profesional tengo dudas llamo a otro, pero no traslado a la paciente sino que soy yo quien me empodero en el lugar para tratar de acompañarla.

En la provincia un hospital público como el Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe, se posicionó públicamente y con todo el servicio de Ginecología a la cabeza como objetor de conciencia, incluso reclamando que ésta sea institucional. ¿Cómo abordan hoy esta situación y cómo lo harían en caso de que se sancione la ley como salió de Diputados?

—Desde 2010 en la provincia se trabajó en pensar en un listado de objetores de conciencia. Siempre centrado la objeción en el profesional y no en la institución. Es imposible pensar que la institución sea objetora. Nunca puede serlo porque la institución es garante de lo que necesita la persona. En el 2014 se publicó la lista de objetores y se hizo un llamado a que las personas expresaran su posicionamiento, evaluando las causales que presentaban. Es verdad que tenemos en el Hospital Iturraspe un fuerte posicionamiento en objetores. Pero vuelvo a marcar que no todas las personas que están allí lo son y la que garantiza que la práctica (ILE) se pueda realizar es la red. Porque si una persona no puede garantizar el procedimiento de ILE en el Iturraspe, hay otros efectores que lo pueden garantizar. En esto también hay una diferencia y hay que marcarla. Cuando alguien acude por interrupción legal del embarazo, es obligación de todos nosotros como profesionales de la salud atenderlo. Nadie puede dejar de atender a la persona. Quien viene con una situación de crisis durante un embarazo no deseado o un embarazo producto de violencia, tiene que ser atendida en cualquier efector. Que luego este efector en su evaluación —donde se hagan los estudios necesarios y haya espacios donde se escuche a la mujer, etcétera— determine que no está en condiciones de acompañarla en este procedimiento, no significa que deba abandonarla. Todos tienen que ser garantes de recibirla. En muchos casos esta mujer puede venir con mucha angustia y algunas estadísticas indican que entre el 10 o 15 por ciento continúan con el embarazo. Quizás lo haga porque alguien de la consejería pudo comprender sus inquietudes, sus miedos, su falta de información. Si de todos modos no continúa con ese embarazo y tiene la firme decisión, compete que el efector haga una evaluación para determinar si hay riesgos, si esa persona es diabética, tiene alguna enfermedad, tiene, por ejemplo un laboratorio con VDRL positivo para sífilis, u otras causas. Eso, a priori, no significa una ILE. Es simplemente la evaluación de un paciente. De eso nadie se puede correr porque sería abandono del paciente. Luego, con la evaluación general de la situación y si la persona está decidida a una interrupción del embarazo, el efector debe informar si cuenta o no con los profesionales en condiciones de hacerlo. En tal caso hay un equipo en red que acompañará a la mujer. Porque también hay que decir que el desafío inicial es que esa mujer no llegue a una internación en el hospital. Si lo hace es porque falló la red. Nadie debería llegar a una hospitalización sino que debería estar atendida en un centro de salud más cercano a su domicilio, donde conocen su historia.

¿Cómo manejan desde el Ministerio la situación particular en ese hospital donde los médicos, enfermeros realizan marchas con los grupos denominados "Provida" y escrachan a los profesionales de la red que garantizan la práctica?

— Primero recordar que en el Hospital Iturraspe fue donde murió Ana María Acevedo (la mujer que falleció luego de que le negaran un aborto terapéutico, aunque tenía cáncer). Imposible encontrar una causal de salud más fuerte que la de ella para realizar una ILE. Una persona que estaba enferma y a la que la quimioterapia le hubiera podido garantizar su calidad de vida, y sin embargo, hubo una negativa a ese procedimiento de interrupción. De todos modos, creo que en este momento está tan polarizada la situación por el tratamiento de la ley que también exacerba esta brecha o estas diferencias entre los que se llaman Provida y los que promueven la garantía de ILE. Me parece que hay muchas cosas en las cuales uno difiere. Primero, nosotros pensamos que la confidencialidad es una de las claves que mantiene el ámbito de lo médico y no corresponde ni estereotipar, ni juzgar a la persona ni al profesional que hace la intervención. En esta garantía de derechos desde el Ministerio uno respalda a los objetores pero también a los que son garantes de la ILE. Permanentemente nos reunimos con los equipos para abordar estos temas y cuál es el rol del profesional, la función en torno al no abandono de la persona y que corresponde hacer una evaluación del paciente. Y si el efector no está en condiciones de garantizar la ILE, cuáles son los lugares en donde sí. Esto está básicamente vinculado con el cuidado de la persona. Yo no puedo presionar para que alguien sea atendida en un lugar donde por los modos en que será recibida o tratada, la pongan en riesgo. No es sólo la práctica en sí sino el modo de atención. Por eso, lo que hacemos regularmente es reunirnos, problematizar esto. Se hizo con otras cuestiones. Un ejemplo: si alguien ingresó por una herida de bala y el efector o los médicos sacan a la luz el nombre de la persona o del equipo tratante, también es estigmatizante. Es como decir que al herido de bala no lo tratamos porque la objeción de conciencia me dice que mató a una persona en la calle. La verdad, esta objeción no existe y el profesional es responsable de tratarlo y darle todas las posibilidades de vida aunque tenga su convencimiento moral en conflicto. En ese sentido, me parece que lo que uno tiene que trabajar, buscar el diálogo, encontrarse. Y creo que en este momento donde está tan polarizada la discusión en la sociedad, esto también tensiona un poco la vía de comunicación, el deber ser y la ética de los profesionales.

Ciertas instituciones del sector privado se quieren presentar como objetor de conciencia institucional ¿Qué opina?

— Me parece que es un retroceso. En esta garantía de derechos, por supuesto, el efector público es garante de muchas situaciones. Como ocurrió antes con otras. Cuando yo comencé con la atención pediátrica las varicelas no se internaban en el sector privado porque se temía al contagio. Entonces, toda la gente, aunque tuviera una obra social prestigiosa, terminaba en el efector público. Porque total nosotros nos hacíamos cargo de los aislamientos. También pongo el caso de VIH sida, porque fue uno de los casos que interpeló mucho a la moral y el miedo a la atención. Los pacientes se tenían que atender en el ámbito público y no podían hacerlo en el privado. La verdad es que una salud así, no existe. Primero, uno tiene que sincerar las prácticas, porque sabe que existen. En el sector privado hay diagnósticos de sangrado vaginal y deberían evaluar cuáles son las causas, y sincerarnos para plantear si están involucradas con alguna ILE. Me parece que las instituciones no pueden ser objetoras. Sí tiene que haber en cada lugar equipos objetores y equipos no objetores, y así como uno busca la integralidad de la atención de los pacientes, sería muy extraño que uno tenga una prepaga u obra social que cubra algunas cosas y otras no. Ahí creo que la gente debería reclamar, como cuando uno plantea un amparo porque no recibe una prótesis o una cirugía o una atención. Pensar que sólo lo puede garantizar el ámbito público es comodidad: no me enfrento con el equipo, no me enfrento con el cuestionamiento ético o moral que puedan tener los profesionales y que sea el sector público el que los atienda. No corresponde. Cuando uno está en un atención integral tiene que interpelarse, sentarse, consensuar, discutir, discernir y encontrar que la persona amerita el mejor proceso de atención.

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Convencida. Andrea Uboldi dice que no es posible pensar en instituciones objetoras de conciencia. <br>
Convencida. Andrea Uboldi dice que no es posible pensar en instituciones objetoras de conciencia.


>>> Cómo funcionan las consejerías

Rosario tuvo la experiencia piloto de aplicación del protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, afirmó que "se intenta lograr una integración, tanto en esta circunstancia como en otras vinculada con la salud mental o en abordajes problemáticos. Porque la salud no es solo el malestar o bienestar físico".

"Al estar involucradas cuestiones estructurales, situaciones de salud mental y de la vida cotidiana y orgánica, uno apela a buscar equipos interdisciplinarios que den la mejor opción. A veces en las grandes ciudades esos equipos existen: está el médico generalista, un tocoginecólogo, una trabajadora social, un psicólogo. Pero en otros lugares no se cuenta con ello. La posibilidad de una consejería es encontrar una puerta de entrada, con personas amigables, que tienen un entrenamiento y una predisposición a la capacidad de escucha. Apostamos a bir las puertas, no ser prejuiciosos, respetar la confidencialidad y ofrecer la información adecuada sin cuestionar o juzgar a la persona", señaló.

Ante la consulta de si el debate social en torno al aborto legal exigió alguna readecuación presupuestaria del Ministerio de Salud provincial hacia los programas de salud sexual y reproductiva la funcionaria dijo no. "Dentro de los objetivos de salud sexual y reproducción responsable están incluidos que uno trabaje sobre salud sexual integral, sobre el tema de anticonceptivos: cuáles, cómo y para quién. En esto hemos avanzado en pensar algunos métodos anticonceptivos como el implante subdérmico para prevenir el embarazo adolescente. Allí por ejemplo se realiza esa justificación del gasto porque es para atender a una política que logró bajar los embarazos en esa edad. En el caso de la ILE adquirimos misoprostol anteriormente. Pero además, hace poco se planteó la producción pública en Santa Fe de misoprostol para contar con este insumo, no porque específicamente pensemos que es lo único que haya que producir. También producimos metadonoa y morfina porque pensamos que el dolor en la gente también es parte de la integralidad, como pensamos que la amoxicilina, la cefalexina o el paracetamol y el ibuprofeno como producción pública son líneas de trabajo. Creo que cuando uno define políticas públicas en salud lo que se trata es de garantizar los equipos, la capacitación, los accesos, pero también los insumos. Porque de lo contrario, es una garantía de derechos que no se ejecuta. Es clave garantizar el acceso pero también la continuidad de un insumo, un control de precios y pensar a los medicamentos como un bien social".

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>>> A los senadores de la Nación

"Los senadores deben entender que es una necesidad y un problema de salud pública", dijo Andrea Uboldi. "Me parece que es hora de alejarse de lo que «yo pienso». Esto es una necesidad y un problema de salud pública. Siempre habrá gente que tenga situaciones complejas, a veces hay posibilidades de elegir o tomar caminos diferentes cuando hay muchas opciones. Pero cuando alguien está solo, con un contexto social y cultural complejo, necesita un Estado que acompañe". En el caso de los abortos no punibles "nuestro rol como Estado es acompañar la decisión de las mujeres". Y agregó: "Esto claramente no se trata del aborto en sí, sino de acompañarlas con una información adecuada, en ámbitos de atención adecuada sea que prosigan o no con el embarazo. En todos los casos vamos a acompañar a la mujer para que tome la mejor decisión y reciba la atención que merece. Pero eso necesita un Estado garante".


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