El ex presidente Mauricio Macri fue citado ayer a declaración indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017.
La decisión fue del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien lo convocó para el 7 de octubre, a las 11, según la resolución judicial.
“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, advirtió Bava en el fallo de 166 carillas.
Macri se encuentra esta semana en Miami, donde el miércoles presentó su libro “Primer Tiempo” y participó de una conferencia en la Florida International University.
El abogado del ex presidente, Pablo Lanusse, dijo que Macri “habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia” y advirtió “la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa”.
“Mauricio Macri fue citado a declarar por el juez de Dolores por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan”, escribió el abogado en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter y manifestó que “en respeto al dolor de los familiares, y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos”.
En ese sentido, sostuvo que “sin perjuicio de ello, Mauricio Macri respetuoso del funcionamiento de las instituciones y convencido de su inocencia, habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia, debiéndose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa”.
“Como la carencia de fundamentación de su resolución, todo lo cual demuestra que esto es un atropello y una persecución más en su contra”, afirmó Lanusse en su posteo.
Y agregó que “Mauricio Macri seguirá defendiendo los valores republicanos que caracterizaron su gestión de gobierno sin temer a la clara intencionalidad política que anida detrás de estas maniobras que se promueven en su contra”.
Apenas conocido el fallo, familiares de los tripulantes del ARA San Juan celebraron la decisión judicial, consideraron que fue una “grata sorpresa” y destacaron la celeridad con la que trabaja el juzgado de Dolores.
En el fallo conocido ayer, el juez procesó sin prisión preventiva al ex titular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a su ex segunda en el organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados que actuaron desde una base de inteligencia emplazada en Mar del Plata, según la acusación.
El juez sostuvo que el entonces presidente de la Nación “no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político”.
El espionaje ilegal “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”, remarcó Bava en su resolución.
“Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo”, agregó.
Bava detalló seis hechos concretos de espionaje ilegal ocurridos durante 2018 con seguimientos, filmaciones y fotografías a familiares de tripulantes del ARA San Juan en distintos actos públicos en reclamo de justicia.
“No deja de sorprender a este magistrado que casi la totalidad de las víctimas resultan ser mujeres. Son las madres, las hermanas, las parejas de los tripulantes del submarino ARA San Juan que solo buscaban saber qué pasó con sus seres queridos”, enfatizó el magistrado.
Las víctimas “se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad frente a esos sucesos, mientras los organismos del propio Estado ante sus reclamos de justicia, lejos de protegerlas y actuar con debida diligencia, las espiaba ilegalmente”.
Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación, ya que, con anterioridad, en 2010, cuando era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue indagado en otra causa por supuesto espionaje ilegal, en la que finalmente resultó sobreseído el 29 de diciembre de 2015.
La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI.