La jueza Eleonora Verón entendió que no existen obstáculos constitucionales para que el senador Armando Traferri sea investigado por un delito, pero aclaró que la causa en su contra no puede avanzar porque el rechazo a su desafuero, resuelto en diciembre por la mayoría de los miembros de la Cámara Alta, lo imposibilita. Indica en los fundamentos de su fallo que si bien se realizaron actos de investigación no puede convocarse al legislador por San Lorenzo a una audiencia imputativa, ni en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y menos aún ante un tribunal.
El planteo está desplegado en las 12 páginas con que la magistrada rechazó el pedido de que se declare inconstitucional el artículo 27 del Código Procesal Penal (CCP) de la provincia requerido por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que buscan imputar a Traferri, pero que señalan que la vigencia del apartado objetado impide que por la sola condición de haber accedido a una banca en Santa Fe se pueda investigar a un legislador por un delito.
En un pasaje de su resolución, la jueza indica que el artículo 27 del CCP se ajusta a la Constitución provincial. Destaca que en la preparación de la acción penal no resulta ningún conflicto la cuestión de los fueros “puesto que se permiten actos de investigación más allá de que las medidas que involucran suspensión de garantías se encuentran limitadas”, en referencia por ejemplo a allanamientos, intervenciones telefónicas o relevamiento del secreto bancario entre otras.
Los fiscales Edery y Schiappa Pietra remarcan que justamente la incapacidad de avanzar con este tipo de medidas es lo que impide taxativamente investigar en Santa Fe a un legislador cosa que no ocurre, según su planteo, en el ámbito federal y en ninguna otra provincia del país. Y que tal cosa es inconstitucional porque la Constitución Nacional, de jerarquía superior a una ley, contiene la adhesión a tratados internacionales que no vedan la posibilidad de avanzar penalmente contra un parlamentario. La jueza les replica que la participación de la persona investigada está prevista para avanzar en la investigación ya que puede ser llamada para brindar explicaciones o comparecer espontáneamente sin que se la pueda forzar. Pero que no se puede imputar sin que previamente se produzca el desafuero.
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Verón remarca que “luego de varios actos de investigación” Traferri presentó un escrito explicativo y luego se presentó de manera voluntaria a dar explicaciones compareciendo ante el MPA “en un todo acorde con la norma procesal”. Pero que al no producirse el desafuero ese fue en rigor el obstáculo para que no pudiera seguir la acción penal contra el legislador. “No hay aquí inconstitucionalidad alguna sino simple disconformidad de los presentantes (los fiscales) con el tenor de lo regulado por el artículo en cuestión ya que no consienten que la norma postule la inmunidad de arresto además de la de proceso”.
La magistrada subraya además como algo sugestivo que los fiscales no hubieran planteado la inconstitucionalidad del artículo que impide avanzar con la acción penal contra Traferri sino hasta que les denegaron el desafuero. “La norma del artículo 27 del código de forma no se volvió inconstitucional a causa de la denegatoria del desafuero. Si la tesis de los presentantes es que la inmunidad de proceso no resulta acorde a normas inconstitucionales, y les impide investigar, requerir medidas urgentes, imputar y en consecuencia acusar, deberían haber recurrido a dicho planteo antes de enfocarse de lleno en la petición del desafuero”.
Un párrafo significativo de la resolución de Verón es cuando señala que los fiscales tuvieron al alcance medios alternativos para buscar evidencia para nutrir su investigación ya que la norma limita la suspensión de garantías constitucionales sobre Traferri en este caso. Así, la jueza señala que el que posee fueros es el senador pero no personas allegadas al mismo (familiares, amistades, vínculos laborales) por lo tanto puede obtenerse información relevante de otra manera con las medidas de investigación adecuadas, en las que nada tiene que ver la inconstitucionalidad de una norma legal”.
El pedido de inconstitucionalidad sobre la imposibilidad de avanzar en la investigación fue luego de que en diciembre el Senado rechazara el desafuero contra Traferri. Edery y Schiappa Pietra sostienen que cuentan con elementos "serios y verosímiles" para imputar al legislador sanlorencino de la comisión de delitos y afirman que la evidencia con la que cuentan permite acusarlo como autor o partícipe de un delito doloso.
Los hechos que le reprochan a Traferri lo vinculan a una red de personas que tenían como objeto administrar un sistema de apuestas y juego ilegal comandado por el capitalista Leonardo Peiti en la provincia de Santa Fe, y favorecer a los líderes de esa organización con ventajas ilícitas a partir de la protección policial y judicial para que pudieran obtener beneficios económicos.
La semana pasada el abogado de Traferri José Luis Vázquez denunció penalmente a los fiscales al entender que "hubo dolo e intención de perjudicar" a su defendido, dado que se solicita que se archiven las actuaciones en su contra tras el desafuero rechazado el 18 de diciembre pasado. Esta denuncia contra los fiscales fue asignada a la fiscal Valeria Haurigot.
Verón cita en su resolución al artículo 29 del Código Procesal Penal que indica que “si el desafuero es negado el fiscal declarará que no se puede proceder y dispondrá del archivo de las actuaciones”.
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“El desafuero está previsto en el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe en donde queda explicitado que se requiere los votos de los dos tercios de los legisladores de la propia cámara presentes tanto para ser sometido a proceso penal como para disponer su detención”, recordó la jueza.
Si luego de realizado ese procedimiento el desafuero no se produce “no se puede requerir acto procesal alguno sobre la persona investigada por lo que deben archivarse las actuaciones”.
“Adoptados estos conceptos al caso en cuestión se observa que si bien se realizaron actos de investigación no podrá convocarse al senador Traferri a una audiencia imputativa, ni en sede del MPA y menos aún ante el Tribunal, mientras el mismo permanezca en funciones. No sólo porque no ha renunciado a su cargo (lo que conllevaría obviamente el cese de los fueros) sino porque además no se produjo el desafuero, luego de que fuera peticionado por los fiscales en diciembre del 2020”.
“Y en tal sentido la norma es contundente y no da margen para interpretaciones diferentes” por lo que para la jueza cancela toda posibilidad de que el pedido de los fiscales avance.
Los fiscales ya adelantaron, el mismo día que se anunció el fallo sin que trascendieran los fundamentos, que apelarán el planteo de la jueza Verón y que llegarán hasta los tribunales de la más alta instancia para avanzar en la investigación.